A pesar de que en el Índice de Paz en México 2024 Chiapas aparece en la lista de las cinco entidades más pacíficas del país, la realidad que vive la población es distinta, ya que desde hace tres años la violencia generada por el crimen organizado robó la tranquilidad a los habitantes de la Sierra Fronteriza, Selva Lacandona, Maya, Altos, Meseta Comiteca, Soconusco y Metropolitana.
En el último año, Chiapas pasó de conflictos político-sociales a problemas de inseguridad por los cárteles de la droga, pues se han reportado decenas de poblaciones sometidas por la delincuencia, desplazamientos forzados, ejecuciones, secuestros y reclutamiento de jóvenes, los cuales son obligados a participar en la disputa del territorio.
Municipios ‘foco rojo’
En julio de 2021, el puente Selegua municipio de Frontera Comalapa, fue el escenario de la guerra de los grupos armados que operan en la Sierra del estado, lo que convirtió al municipio fronterizo en un foco rojo para la población, situación que se agudizó este año con la privación de la libertad de Aníbal Roblero Castilla, presidente municipal electo de esa demarcación.
El viernes pasado se cumplieron 17 días de su desaparición, sus familiares señalan que no han recibido ninguna llamada de rescate ni información de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) y menos del partido político por el que obtuvo el triunfo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En entrevista para MIELNIO, Alberto de Jesús Roblero Lemus, hijo del alcalde electo, suplicó que regresen sano y a salvo a su papá, “es una persona de bien y trabajadora en el municipio, no está involucrado en temas ajenos ni fuera de lo legal”.
“Les pediría que de todo corazón nos lo regresen de vuelta sano y salvo, eso es el pilar de nuestra familia, es, es una persona que está comprometida con el bienestar común, con el bienestar de Comalapa, y lo único que quiere él es trabajar y dejar huella en nuestro querido Comalapa y trabajar en el desarrollo de Frontera Comalapa”, precisa.
Reiteró que han sido días muy difíciles para su familia por no saber nada del paradero de su padre, a quien describió un hombre humilde y comprometido con sus seres queridos.
“No hemos obtenido mucha información de él, no sabemos nada hasta el momento, las autoridades lo que nos han comentado es que la investigación sigue en curso, que están tomando las medidas necesarias para que la investigación sea efectiva, para que tengamos noticias positivas, sin embargo, hasta el momento pues no tenemos más detalles adicionales acerca de pues de él”, enfatizó.
Aníbal Roblero Castilla, de 54 años, contendió por primera vez para presidente municipal en las elecciones intermedias del 2021 pero no ganó.
El 3 de septiembre fue secuestrado afuera de una cafetería de la colonia Terán, al poniente de la capital chiapaneca, sin que se conozca a la feca de su paradero.
Comunidades sometidas
Pero la Sierra no es la única zona donde la inseguridad persiste, a esta ola de violencia se suma la zona de la Selva Lacandona, donde los líderes expulsados desde el año pasado denunciaron que la violencia y el asedio por parte de los grupos criminales en esa zona del estado se ha vuelto cotidiana, debido a que varias de las comunidades se encuentran sometidas; “nuestra situación es solo la punta del iceberg”, apuntaron.
Los líderes indígenas y sus familias recordaron que este mes se cumplió el primer año del desplazamiento forzado de cuatro familias, tras recibir amenazados de muerte por denunciar el uso de pistas de aterrizaje y terrenos para el tráfico de droga.
“Estas organizaciones ven la selva como un territorio especialmente codiciado para sus negocios y actividades ilícitas y por eso nos hemos visto afectados como defensores del territorio, pues evidentemente a estos grupos no les conviene que haya comunidades organizadas y progresando de acuerdo con sus modelos de vida vinculados al respeto a la vida y la Madre Tierra”, enfatizan.
Fue el 13 de septiembre de 2023 cuando quedaron acorralados en el interior de la comunidad, por lo que organizaciones humanitarias intervinieron para que autoridades del gobierno federal rescataran a las también autoridades comunales.
“Nos ha tocado recibir amenazas de todo tipo incluida de muerte y ataques por parte de la violencia desatada por elementos del crimen organizado, todo esto porque hay grupos de interés que no les conviene que las comunidades avancemos en la paz y prosperidad cuidando el territorio”, relataron.
Sobre su situación de desplazamiento y por las amenazas y atentados en su contra, revelaron que levantaron denuncias penales en la Fiscalía de Chiapas, sin embargo, la dependencia estatal descartó considerarlos víctimas de desplazamiento forzado y únicamente declaró que son personas “en estado de vulnerabilidad” y hoy huyen de ser asesinados.
De acuerdo con el informe elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en México se han documentaron 282 agresiones y 92 asesinatos contra personas defensoras de los derechos humanos.
En Chiapas resaltan los casos del activista Sinar Corzo Esquinca, quien fue asesinado en 2019 por denunciar arbitrariedades en Arriaga, mientras que Mariano Abarca fue asesinado en 2009 por denunciar la explotación y los efectos ambientales en contra de las mineras canadienses extractoras de barita en Chicomuselo, y que además hoy se convirtió en un sitio en disputa por dos grupos del crimen organizado.
El Centro de Derechos Humanos Frayba también ha denunciado casos de defensores del territorio que han resultado encarcelados, como es el caso de José Díaz Gómez, indígena chol preso desde 2022 y también integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
A esta lista también se suman Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez y Martín Pérez Domínguez, defensores tzeltales que desde el 29 de mayo se encuentran detenidos por el presunto asesinato de un policía.
Además de Versaín Velasco, activista de la Selva Lacandona que denunció la presencia del crimen organizado en su comunidad, por lo que él y su familia fueron expulsados y luego acusados de diversos delitos por personas vinculadas al tráfico de personas y droga que operan en la región, por lo que hoy se encuentra en el penal 16 de Ocosingo cubriendo una condena de 58 años y 4 meses.
La violencia se agudiza
La violencia en Chiapas se agudizó este viernes cuando por la mañana tres hombres armados asesinaron a un hombre e incendiaron la vivienda donde se encontraba, provocando la muerte de una menor de tres años que se encontraba en el interior de la casa, ubicada en Berriozábal, Chiapas.
Tras los hechos, el Ejército mexicano implementó un operativo y horas más tarde detuvieron a tres jóvenes que presuntamente están implicados en los hechos, además de asegurar dos vehículos —una camioneta negra y un vehículo compacto blanco— los cuales presentaban reporte de robo y en su interior material de evidencia con el que presuntamente provocaron el incendio a la vivienda.
Durante el operativo, las fuerzas federales también decomisaron varias armas largas tipo G-3 y MP5, decenas de cartuchos calibre 7.62 y chalecos tácticos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que de la persona privada de su libertad aún se desconoce de su paradero.
En este contexto de violencia e inseguridad, la iglesia clama paz y pide al Estado y a los grupos criminales: “detengan este sistema de muerte, la historia los juzgará por su indolencia, por la incapacidad para proteger la vida de los inocentes. Estarán en la memoria de los pueblos pobres como parte de sus verdugos. Aún están a tiempo para dar respuestas que lleven a eliminar las raíces que generan este sistema de muerte. La sangre de las y los hermanos muertos ante su indiferencia cómplice, los perseguirá inquietando lo que les quede conciencia”.
