La legisladora negó que fuera inconstitucional este proceso como alegan integrantes de Acción Nacional, porque "la Auditoría Superior del Congreso tiene la obligación y facultad de revisar las cuentas públicas, y es precisamente lo que se hace".
Ayer informamos que a una semana de que comparezcan ante la Auditoría Superior del Estado por el presunto desvío de $82.7 millones, el ex alcalde Bojórquez Zapata y su asesor jurídico Pedro Rivas Gutiérrez informaron que presentarán una denuncia contra el auditor René Márquez Arcila porque su requerimiento está plagado de irregularidades.
Ante el argumento de que la Suprema Corte declaró inconstitucional el proceso por el cual se les pretende atribuir el presunto desvío de recursos, precisó: "Lo que declaró inconstitucional la Corte es un acuerdo en el que se ordenaba a la Auditoría hacer la revisión, lo cual no era necesario porque ya de por sí tenía facultades".
La diputada añadió que lamenta que el ex alcalde trate de minimizar el desvío de más de $82 millones en el segundo semestre de 2008 e intente hacer creer a la ciudadanía que las supuestas anomalías se basen en el pago de viáticos a ex regidores o ex funcionarios de la Comuna por cantidades mínimas que oscilan entre los $2,400 y los $3,000.
Esos no deberían ser los razonamientos que el ex edil debería esgrimir, mucho menos en la prensa, pues así sea uno o varios millones de pesos, los meridanos tienen claro que la responsabilidad de los funcionarios es comprobar el gasto, indicó.
"Que no traten de minimizar ni de desvirtuar un procedimiento que está completamente apegado a derecho, si asegura que fue clara su administración, que lo demuestre o se atenga a las consecuencias, porque no se vale convertir un tema jurídico en asunto político o mediático", insistió la diputada.
Según la funcionaria, Bojórquez Zapata debería hablar del cheque de ocho millones de pesos que la Comuna entregó a título personal a un líder sindical del Ayuntamiento, cuando lo lógico y jurídico era que si correspondiera a cuotas sindicales, se debería depositar a la cuenta del sindicato.
También, pagos de eventos que no corresponden al municipio, así como a personas ajenas a la nómina municipal, añadió la diputada del PRI
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"Patadas de ahogado" dicen a César Bojórquez
Indebida inclusión de un funcionario a un comité de Araujo
Una de esas situaciones, indicó, es la inclusión del presidente de ese instituto, Miguel Castillo Martínez, en el Comité Organizador del concierto de Shakira. Eso es indebido, y lo es todavía más por el hecho d e que el funcionario fue incluido en el grupo que se encarga de manejar las finanzas.
"Ahí hay un conflicto de intereses, equivale a que el árbitro de un partido de fútbol se integre como jugador a uno de los dos equipos", señaló Pablo Loría.
"Qué ocurrirá cuando un ciudadano pida informes de las cuentas de ese concierto? ¿Cómo confiar en que habrá acceso a la información en un asunto en el que está involucrado el presidente del instituto de transparencia?", se preguntó
"El presidente del Inaip se puso al servicio del sujeto que está obligado a rendir cuentas, y esto no está bien. Otro problema es la restricción de la ley a los funcionarios: éstos sólo pueden hacer aquello que la norma les permite. Por tanto, Miguel Castillo no tiene facultades para estar en ese comité del Ayuntamiento", enfatizó.
Loría Vázquez dijo que otro problema que observa en el Inaip es que éste se rehusa a aplicar las sanciones que marca la ley para obligar a los sujetos obligados cumplir con la transparencia y rendición de cuentas.
El ejemplo actual de ello es Maxcanú, donde la presidenta municipal, como publicamos ayer, se rehúsa a acatar la ley, no hace caso al Inaip e incluso lo desafía al indicar que no le hará caso, dijo. "Hay antecedentes al respecto. El Ayuntamiento de Hunucmá cayó en una situación similar por el desinterés de ese instituto para aplicar las medidas de apremio y las sanciones que marca la ley".
"La norma dice que a los incumplidos se les aplicarán medidas de apremio que son: amonestación, apercibimiento, suspensión temporal y multa. Y si a pesar de esto sigue el incumplimiento, entonces se cae en abuso de autoridad y, por tanto, procede el juicio político contra el alcalde para quitarle el fuero y denunciarlo penalmente.
"Nada de esto se hace. En lugar de aplicar la ley, los consejeros del Inaip envían flores, enamoran a los alcaldes para que cumplan".
Loría Vázquez consideró que otra causa de lo que ocurre en el interior del Estado es la falta de capacitación de los organismos de transparencia, lo cual no se da porque el presidente del Inaip pasa más tiempo viajando por el país, e incluso el extranjero, que atendiendo los asuntos del interior del Estado. Entre los últimos destinos en que aquél estuvo fue Argentina, donde dio una conferencia.
Sigue la copiosa lluvia de amparos de empresarios contra la Ley de Ingresos
A más de 200 ascienden los amparos que los empresarios interpusieron contra el gobierno del Estado, por su Ley de Hacienda de este año, la mayoría por el aumento del 2% al 2.5% del impuesto sobre nóminas y los otros por descuentos en el cobro de las tenencias de vehículos.
El secretario de Hacienda del Estado, Juan Ricalde Ramírez, explicó que esperan ganar la mayoría de esos amparos, si es que no de todos, pues considera que están mal planteados.
Añadió que aún cuando el plazo para presentar estos amparos en el caso del aumento del impuesto sobre nóminas se acabó a fines del pasado mes de febrero, se siguen presentando más, pero estos ya no procederán.
Sin embargo, dijo, por trámite se les sigue dando curso a esos últimos, incluso, ayer firmó de recibidos 10 ó 12 más.
Los que sí podrían continuar presentándose durante todo el año son los amparos contra la disposición de descuentos en el cobro de las tenencias vehiculares, aunque son menos, que en el caso del aumento al impuesto sobre nóminas.
El gobierno está seguro de ganarle a los empresarios
El gobierno del Estado confía en ganar los amparos que presentaron los empresarios contra el aumento del 2% al 2.5% del impuesto sobre nóminas y por los descuentos en el cobro de tenencias vehiculares, dijo ayer el secretario estatal de Hacienda, Juan Ricalde Ramírez.
El funcionario señaló que muchos de los amparos fueron mal planteados, algunos le siguen llegando cuando ya venció el plazo para que los promuevan y unos más ya se perdieron por pagar puntualmente.
Entrevistado en Palacio de Gobierno donde estuvo acompañado del presidente de Coparmex -Mérida, Jorge Caamal Burgos, en una reunión con la gobernadora -de lo que informamos aparte-, Ricalde Ramírez dijo que suman ya más de 200 amparos contra el gobierno.
Precisó que de todos esos, unos 30 amparos son por el descuento en el cobro de tenencias, la queja es porque esta disposición beneficia sólo a personas físicas y pretenden exigir que se amplíe hasta las personas morales, o sea las empresas.
El funcionario indicó que invocan una falta de equidad, pero así está en otros estados, por lo que no consideró que fuesen a proceder.
Respecto a los amparos contra el aumento del impuesto sobre nóminas, informó que "ya se cayeron los primeros", lo menos unos 10 ya no proceden, porque no cumplieron con pagar ese gravamen al gobierno.
Consideró que quizás pensaron que con promover el amparo ya no tenían que pagar el impuesto, y no pagaron los primeros meses del año, por ese incumplimiento ya perdieron este recurso legal.
El funcionario agregó que la mayoría están mal planteados, presentan argumentos débiles, algunos hasta por cuestiones administrativas que no son motivaciones de peso. Según sus asesores jurídicos estos recursos legales no están debidamente sustentados, por eso tienen la plena confianza en ganarlos.
Aunque los resultados se verán hasta dentro de seis meses o un año, por ser el tiempo estimado para resolver este tipo de asuntos y mientras tanto, todos deben pagar el impuesto, dijo.