"Patadas de ahogado" dicen a César Bojórquez

Noticias de Yucatán

(persecución, cuentas, mentiras, represión, congreso, juez y parte, "césar bojórquez")

10 mayo 2011

Afirman que no es ilegal una revisiónde cuentas públicas

Luis Vela Sosa, Jorge Vallejo Buenfil, Tito Sánchez Camargo, Imelda Pacheco González, Flor Díaz Castillo, Jorge Puga Rubio, David Ramírez Sánchez y Omar Pacho Sánchez, en 2008, en un evento en Venezuela, cuando eran regidores. Los diputados del PRI cuestionan el gasto de la Comuna anterior en ese viaje, en el que estuvieron ediles priistas (2)

El anuncio de llevar a la Suprema Corte el caso de las presuntas irregularidades en las cuentas del ex alcalde César Bojórquez "son sólo patadas de ahogado", dijo ayer la presidenta de la Comisión de la Cuenta Pública del Congreso, diputada priista Martha Góngora Sánchez.

La legisladora negó que fuera inconstitucional este proceso como alegan integrantes de Acción Nacional, porque "la Auditoría Superior del Congreso tiene la obligación y facultad de revisar las cuentas públicas, y es precisamente lo que se hace".

Ayer informamos que a una semana de que comparezcan ante la Auditoría Superior del Estado por el presunto desvío de $82.7 millones, el ex alcalde Bojórquez Zapata y su asesor jurídico Pedro Rivas Gutiérrez informaron que presentarán una denuncia contra el auditor René Márquez Arcila porque su requerimiento está plagado de irregularidades.

Al respecto, se intentó entrevistar a Márquez Arcila, y aunque en un principio en el Congreso se ofreció que daría una respuesta, únicamente llegó la parte de la diputada.

Ante el argumento de que la Suprema Corte declaró inconstitucional el proceso por el cual se les pretende atribuir el presunto desvío de recursos, precisó: "Lo que declaró inconstitucional la Corte es un acuerdo en el que se ordenaba a la Auditoría hacer la revisión, lo cual no era necesario porque ya de por sí tenía facultades".

Pero esa controversia no eximió que no se sigan los procesos normales, que la ley marca con distintostemas, y uno de ellos es la revisión de la cuenta pública, misma que el pleno del Congreso decidió no aprobar y dio pie a este proceso.

La diputada añadió que lamenta que el ex alcalde trate de minimizar el desvío de más de $82 millones en el segundo semestre de 2008 e intente hacer creer a la ciudadanía que las supuestas anomalías se basen en el pago de viáticos a ex regidores o ex funcionarios de la Comuna por cantidades mínimas que oscilan entre los $2,400 y los $3,000.

Esos no deberían ser los razonamientos que el ex edil debería esgrimir, mucho menos en la prensa, pues así sea uno o varios millones de pesos, los meridanos tienen claro que la responsabilidad de los funcionarios es comprobar el gasto, indicó.

"Que no traten de minimizar ni de desvirtuar un procedimiento que está completamente apegado a derecho, si asegura que fue clara su administración, que lo demuestre o se atenga a las consecuencias, porque no se vale convertir un tema jurídico en asunto político o mediático", insistió la diputada.

Según la funcionaria, Bojórquez Zapata debería hablar del cheque de ocho millones de pesos que la Comuna entregó a título personal a un líder sindical del Ayuntamiento, cuando lo lógico y jurídico era que si correspondiera a cuotas sindicales, se debería depositar a la cuenta del sindicato.

Otras presuntas irregularidades por las que en su momento los diputados rechazaron las cuentas son la duplicidad de facturas y las que se emitieron y no corresponden al servicio ofrecido; retiros por más de tres millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal y que no se reingresaron, ni se comprobó en qué se ejercieron.

También, pagos de eventos que no corresponden al municipio, así como a personas ajenas a la nómina municipal, añadió la diputada del PRI
.