El artículo 62 de esta iniciativa prevé que las ausencias temporales de los notarios se cubran no con otro notario como marca la actual legislación (en vigor desde 1977), sino con un aspirante a notario seleccionado por el propio fedatario.
Coincidentemente, según investigó el Diario, de la lista de abogados con patente de aspirante a notario —37 en total, un número nunca antes visto — por lo menos quince son hijos de notarios en activo; tres más son sobrinos y hay un nieto y un yerno, además de hijos de funcionarios o ex funcionarios y abogados vinculados con el actual gobierno.
Si la iniciativa se aprueba los notarios podrán preparar su retiro paulatinamente y dejar su notaría en manos de sus hijos o familiares, hasta que el notario fallezca, que es una forma de heredar el puesto.
La iniciativa, que dictaminará en breve el Congreso, fue elaborada por la Consejería Jurídica del gobierno del Estado y entregada a los diputados en abril de 2009 en una ceremonia pública encabezada por el consejero jurídico Sergio Cuevas González y por los presidentes del Consejo de Notarios, Eric Granja Ricalde; del Colegio Yucateco de Notarios, Jorge Correa Mena; del Colegio de Notarios de Yucatán, Jorge Aguilar y Aguilar, y del Consejo de Escribanos, Mario Cámara Seba, que con su presencia avalaron la iniciativa.
Mientras se preparaba esta propuesta, crecía la lista de patentes de aspirantes a notario. Según datos recabados por este periódico, la lista de aspirantes al inicio del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco era de 16 abogados, algunos enlistados desde 2003 o antes. Esta administración aumentó el número en 131 por ciento al entregar patentes a 21 aspirantes más.
La lista es excesiva si se considera que la actual legislación prevé hasta cien notarías en el Estado —actualmente todas están ocupadas —, y que al año fallecen dos notarios en promedio, de modo que sólo se expiden dos patentes de notario al año.
¿Por qué crecer entonces el número de patentes? La respuesta está en la propia iniciativa, no sólo en el artículo 62, que permite a los notarios elegir a sus familiares como suplentes, sino en el artículo 6 que prevé eliminar el número máximo de notarías y abrir la posibilidad de incrementar su número indiscriminadamente.
Este artículo dice: El titular del Poder Ejecutivo determinará el número de notarías y su residencia, atendiendo “a la población del Estado y tendencias de su crecimiento, no debiendo superarse la proporción de un notario por cada 20,000 habitantes, de conformidad con los datos y proyecciones oficiales establecidos por el Consejo Estatal de Población (CEP)”. También a “estimaciones sobre las necesidades de fe pública en la población y a las condiciones socioeconómicas del Estado y sus Municipios propuestos como residencia”.
La iniciativa no precisa por qué se usarán las cifras del CEP y no las del Inegi, ni tampoco cómo se medirán los otros factores, por lo que el número de notarías podría crecer al arbitrio del gobierno.
Notarías
- Negocio La iniciativa de Ley del Notariado encubre la pretensión de los notarios de heredar el cargo.Iniciativa El artículo 62 de la iniciativa dice que los notarios tienen derecho a solicitar licencia al Ejecutivo para separarse del cargo y ser suplidos por un aspirante a notario nombrado por él mismo.
Suplencias La ley actual prevé que otros notarios hagan la suplencia.
Familia En la lista de aspirantes a notarios hay por lo menos 15 hijos de notarios.
Ventajas Al parecer existe la intención, según analistas consultados, de beneficiar a los hijos de los notarios sin importar el orden de prelación adquirido en la lista de aspirantes.
La población de bajos ingresos económicos pagaría más por los servicios fedatarios porque se pretende reducir notoriamente la participación del escribano público en esas tareas, dijo el diputado Renán Barrera Concha.
La propuesta de nueva Ley del Notariado que hizo el gobierno estatal, explicó, considera que los escribanos sólo puedan realizar su labor en poblaciones de 30,000 habitantes o menos.
De acuerdo con esto esos profesionales desaparecerían de Mérida, Valladolid, Tizimín y otros municipios grandes.
Actualmente, indicó, está permitido que la capital yucateca cuente con 30 escribanías. En otros municipios grandes se permite que haya dos, y en el resto de las localidades uno.
—De aprobarse la iniciativa de ley en lo términos en que se planteó, hará que la gente de bajos ingresos que reside en Mérida tenga que contratar a un notario cuya tarifa de honorarios es más elevada que la vigente entre los escribanos.
Por la forma en que se ve el panorama, el legislador se comprometió a recabar más información en las discusiones que tendrán los diputados sobre esa propuesta de ley. De esa forma se sabrá si los temores ya expuestos son fundados, apuntó. El legislador del PAN aclaró que, en general, esa iniciativa le parece “valiosa y positiva” porque facilitará el trabajo de los notarios y dará mayor seguridad jurídica al ciudadano. Empero, considera que hay dudas que deben discutirse y resolverse.
Anticipó que otro punto que planteará durante los análisis que se harán a esa iniciativa es proponer que la elección de los integrantes del Consejo de Notarios sea en asamblea general, para garantizar que todos los profesionales del ramo puedan participar en esa designación.
—La propuesta de ley no precisa cómo deberá ser esa elección —añadió.
Otro señalamiento de su parte será suprimir de esa ley el apartado donde se habla de los delitos penales en que pueden incurrir esos profesionales. La razón de esto es que lo relativo a ese asunto debe estar en el Código Penal, no en una ley que sólo reglamenta la actividad notarial.
También propondrá crear el Colegio de Notarios, que sería una instancia similar a los que hay en el resto del país y cuyo fin es tener un colectivo de esos profesionales reconocido por la ley.
Esa figura es diferente a las asociaciones civiles que utilizan ese mismo nombre.
