Otro diputado del PRI, Rolando Zapata, le demostró con números cómo en los últimos tres años ya hay casi 2,000 millones de pesos que no fueron ejercidos para los indígenas del país. Xavier admitió que están en fideicomisos de Hacienda.
Por su parte, Teófilo Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, anunció que se llevará a cabo una auditoría y la integración de una Comisión Especial, a fin de dar seguimiento a presuntos casos de corrupción en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Dejan "mudo" a Xavier Abreu
A promoción se irá un apoyo de $10 millones
"Dentro del proyecto de la Olimpíada, Mérida tiene un factor fundamental en la intervención, está apoyando con un recurso que se va a gastar en la promoción; incluso vienen 16,000 jóvenes que también ayudarán y es un trabajo coordinado con el Estado", afirmó.
Ayer informamos que a petición del Instituto del Deporte del Estado (IDEY) el Ayuntamiento de Mérida aportará $10 millones para comprar equipo deportivo que se usará en la Olimpíada Nacional 2011.
La gobernadora dijo desconocer las condiciones en que se aprobó esa aportación, pero reiteró que a fin de cuentas es un evento que será de beneficio para todos.
Por otro lado, la titular del Ejecutivo manifestó que siempre ha estado pendiente del problema de la embotelladora Sidra Pino, que se encuentra en huelga desde hace algunos meses y al parecer cerrará.
Consideró que en este momento lo interesante es que se pueda hallar a alguien que quiera participar en el rescate de esa empresa.
Sobre todo -continuó-, por ser algo muy nuestro. "En este momento tengo conocimiento de dos o tres personas, aunque nada firme todavía".
Por el momento a través de la Secretaría del Trabajo continúan al tanto de los trabajadores y procuran que se mantengan sus derechos, declaró.
Del cambio de jefe de la policía municipal de Mérida, indicó que todos conocen al entrante, Federico Cuesy Adrían, a quien se refirió como un hombre muy entregado, disciplinado, con cariño a su tierra y al trabajo.
La gobernadora fue entrevistada luego de inaugurar del IV Congreso de Educación Inicial y Prescolar que se realizará del 15 al 18 en el Centro de Convenciones Siglo XXI.
En este evento participan más de mil profesoras de todo el país, a quienes la gobernadora aseguró que en Yucatán 4 de cada 10 pesos del presupuesto son para la educación.- David Domínguez Massa
Ayer comenzó en esta ciudad el IV Congreso Nacional de Educación Inicial y Preescolar:
Agenda
Entre los temas que se abordarán destacan: El papel del docente en la construcción de la identidad personal y autonomía del niño preescolar; la resolución de problemas y razonamientos matemáticos en los niños; situaciones didácticas en lectura y escritura en educación infantil; y la importancia de la intervención pedagógica, entre otros
La donaci{on de $10 millones al Ejecutivo divide opiniones
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Se preguntó en qué invirtió el Instituto del Deporte de Yucatán (Idey) su presupuesto anual de $114.2 millones, al grado que necesita los $10 millones citados.
-Esto es un retroceso: no es el gobierno quien socorre a los municipios sino que estos deben salvar al gobierno.
Víctor Caballero Durán, del PRI, dijo que el panista sólo busca protagonismo y denostar para figurar en la prensa. Justificó la transferencia porque la mayoría de los participantes en la Olimpíada son meridanos, y esta ciudad será la mas beneficiada.
El diputado deploró que la "colaboración" entre Ayuntamiento y gobierno estatal sea vista en forma perversa, y consideró que los otros 105 alcaldes deberían imitar a la alcaldesa.
-Yo celebro esa colaboración y coordinación -recalcó.
-No es colaboración, es subordinación -reviró el panista en otra intervención posterior.
-Hansel Vargas Aguilar
Gestiones extralegales en el caso de Ucú
"Parecería que el gobierno del Estado lanzó un desafío a la ley al pagar esas tierras cuando ya se había advertido que era una operación ilegal", indica.
El legislador panista recuerda que en agosto de 2010 interpuso una denuncia por ese caso ante la Secretaría de la Función Pública y que se han realizado otras diligencias para tratar de revertir la operación, por su ilegalidad.
También dice que está enterado de que el gobierno del Estado está realizando gestiones informales, extralegales, en busca de que se liberen los títulos de propiedad de las tierras a su favor, aunque con ello se esté violando la ley.
Renán Barrera tomó de la ex diputada Patricia Gamboa Wong la estafeta de las diligencias jurídicas en el caso de Ucú.
La ex legisladora fue quien planteó las denuncias iniciales, primero ante el presidente Felipe Calderón, para reportar que se estaba parcelando una extensión de 3,000 hectáreas en un procedimiento violatorio de la Ley Agraria.
El artículo 59 de esa ley indica: "Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales".
Un dictamen de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat ratificó la condición de selvas tropicales de la superficie incluida en la transacción: "Con base en el análisis cartográfico de gabinete anterior, se identificó que aproximadamente el 98% de la superficie propuesta a parcelar (parcelas 10 a 20) se encuentran en selva baja caducifolia".
Con base en ese dictamen, Juan Manuel Cedrún Vázquez, director en jefe del Registro Agrario Nacional, reportó en octubre de 2010 que ese órgano desconcentrado "tomó las medidas necesarias para dar cumplimiento al artículo 59 de la Ley Agraria".
Antes, en abril, el consejero jurídico del Ejecutivo del Estado, Sergio Cuevas González, declaró que la compra de tierras ejidales en Ucú por el gobierno no es ilícita, sino una "compra perfecta" que cumplió el procedimiento normal.
En esa ocasión, el consejero indicó que sólo esperaban el envío de los títulos emitidos por el Registro Agrario Nacional para proceder a la escrituración y culminar el procedimiento.
Casi un año después el proceso sigue en la misma situación.
"La Consejería Jurídica no tiene elementos para decir que no hay nada mal en esa operación y que fue una venta perfecta", recalca el diputado Barrera Concha en una entrevista.
"Aquí hay más de 300 millones de pesos que están 'bailando', el gobierno no tiene la posesión legal de esos terrenos. Está claro que se violó el artículo 59 de la Ley Agraria y eso está perfectamente sustentado y documentado.
"Si ese procedimiento hubiera estado bien, como dice el gobierno del Estado, ya se hubieran entregado los títulos de propiedad".
El diputado reitera que sabe de gestiones extralegales que está realizando el Ejecutivo estatal para combatir el dictamen y obtener la escrituración de las tierras, a pesar del reporte que indica que éstas no son susceptibles de venta.
"Es un hecho que se pagaron terrenos sin tener un dictamen previo, lo cual era requisito", apunta.
Da respuesta a una aclaración (favoritismo en la iluminación
En ningún documento se consigna esa "presunta asociación" porque, añade el empresario, "obviamente no se cantó en el momento de la apertura, como debe ocurrir.
Trampa
"Lo cierto es que las autoridades introdujeron la documentación de Artículos Eléctricos Industriales después de la apertura y en la intimidad de la dependencia", asegura.
El Ing. Fernández Cadavieco agrega que no es posible justificar esa asociación diciendo que existe un convenio firmado ante el notario 10.
"Ni siquiera es necesario que esa asociación se firme ante notario", dice. Las propias bases de la licitación precisan que "bastará con un convenio privado entre los asociantes; no es necesario hacer una nueva sociedad", expone.
Acta
El empresario agrega que "mienten también los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas cuando dicen que el acta del fallo se redacta frente a todos los presentes en la sesión mencionada.
"La norma indica que ese documento se presenta ya elaborado y sólo se lee y se recaban las firmas de quienes lo desean hacer, agregando previamente la hoja que contiene las antefirmas de los asistentes registrados".
Las bases de la convocatoria y el reglamento de la Ley de Obras, dice, especifican que la falta de la firma de cualquiera de los licitantes no invalida el acto que contiene".- Megamedia
Empresarios inconformes con la SOP critican la falta de competencia de esa Secretaría:
Teclazo
El Ing. Jorge Carlos Fernández Cadavieco señala que, respecto al error de la SOP de poner en el acta el nombre del ganador de la licitación y citarlo a firmar el contrato tres horas antes de conocerse el resultado, "es obvio que no fue un teclazo sino un error de comprensión de quien recibió la instrucción de elaborar el acta".
Fe de erratas
De todas maneras, añade, la verdad legal es la asentada en el acta, toda vez que no existió una fe de erratas a la misma.
Firmas
Además, "cabe preguntar a los funcionarios si firman todo lo que les ponen enfrente, en este caso el acta del fallo, o leen y entienden lo que firman".
"El campo se desplomó"
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Cabrera Quijano dijo que la Expo se hacía en la primera semana de marzo, incluso ya le hablaron unos 50 expositores que deseaban participar este año, pero "con la pena" se les dijo que en esta ocasión no habrá.
Más tarde, de su oficina de prensa se informó que el evento lo organiza la Fundación Produce Yucatán y el gobierno sólo asiste como invitado.
El presidente de la Fundación manifestó que "no hay nada que exponer, la actividad del campo se desplomó y la autoridad prefiere guardar silencio sobre lo que ocurre".
También indicó que la Secretaría de Fomento Agropecuario no cumplió sus compromisos del año pasado y aún deben cuentas que se negó a cubrir.
"De encima, por pedirle a la gobernadora que por favor gire instrucciones para cubrir los gastos, hasta me amenazó el secretario de Fomento Agropecuario (Alejandro Menéndez Bojórquez)", puntualizó.
Cabrera Quijano dijo que hasta recursos que corresponden a la Fundación le niega la dependencia.-
Calificada como "irresponsable" su postura contra el ambulantaje
También señaló que la presidenta municipal miente al afirmar que el problema del comercio informal se dejó crecer desde años atrás, ya que "al menos en la administración anterior no había tantos como ahora".
Ayer publicamos que la primera edil admite que los vendedores ambulantes que forman un corredor del Pasaje "Emilio Seijo" al parque "Eulogio Rosado" carecen de autorización para vender, pero que no los desalojará, al menos hasta el otro mes, cuando esté listo el nuevo reglamento.
La regidora panista recordó que de cualquier manera hay normas vigentes que prohiben la permanencia de los vendedores ambulantes y la alcaldesa dispone del personal y las herramientas para hacerlas valer.
"¿Para que están los funcionarios de mercados, sus asesores, los inspectores, el mismo reglamento?", indicó la edil.
"No es correcto y nada responsable saber que existe una ilegalidad así y no hacer nada, como lo hace la alcaldesa".
También lamentó que los regidores panistas sólo pueden hacer señalamientos y quien tiene todo para actuar y corregir lo ilegal es la alcaldesa.- DAVID DOMíNGUEZ Massa
En las últimas semanas empeoró este comercio en el Centro, dice Claudia Canto:
Ayer y hoy
La ex tesorera municipal y regidora panista declaró que en la anterior administración había mayor control sobre el comercio informal y mucho menos vendedores ambulantes que hoy día.
Perjuicios
Sobre la calle 56 con 65 son tantos los vendedores que ya se instalaron que se hace difícil para los peatones caminar por ese tramo.
Cerca de vencer el plazo para la exención de la tenencia vehicular
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Este movimiento representó para la Hacienda del Estado una recaudación de aproximadamente $80 millones, que según el funcionario es muy bajo si se compara con el año pasado que a estas alturas habían captado unos $150 millones.
El gobierno del Estado dispone de 14 módulos para realizar los trámites para la exención del pago de la tenencia
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Bajo la lupa programa de alumbrado de Mérida
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"Son las lámparas del futuro, pero le falta tiempo para madurar", indica.- H.C.C.
$468.8 millones
Costo del cambio
El Ayuntamiento de Mérida erogará esta cantidad a razón de $93.7 millones anuales de 2011 a 2016, según un acuerdo unánime del Cabildo.
50%
Autofinanciable
Según las autoridades, cerca de la mitad de esos pagos se hará con lo que el Ayuntamiento se ahorrará en el pago de luz, con el simple hecho de cambiar las luminarias.
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AB&C Leasing, la arrendadora financiera ganadora de la millonaria licitación, obtuvo también, casualmente, el contrato para financiar la compra recientemente de 32 vehículos para la dirección de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento, mediante un arrendamiento financiero de $44 millones, pagadero a 19 meses.
Lámparas chinas
Esa compañía participó en la licitación de las luminarias y ganó el contrato en sociedad con WW Energy ST México, S.A. de C.V., fabricante de las 82,000 lámparas de inducción magnética. WW Energy es una empresa de reciente creación -hace apenas un año salió de una incubadora de negocios del Tecnológico de Monterrey- y ofrece lámparas hechas en China, según constató Central 9, aunque funcionarios de AB&C Leasing se negaron a proporcionar la marca de la lámpara y el nombre del fabricante.
Esta arrendadora inició el mes pasado en Cuernavaca, Morelos, un plan similar de cambio de luminarias -18,000 en total - que, al parecer, ha sido suspendido temporalmente por la Comisión Federal de Electricidad.
Algunos participantes en la licitación cuestionan la eficacia lumínica de este tipo de lámparas, que, dicen, dejará grandes zonas a oscuras entre un poste y otro.
Otra presunta irregularidad de la operación de ahorro energético del Ayuntamiento es que la inclusión de lámparas de inducción magnética en el alumbrado meridano viola la Norma Oficial Mexicana relativa al alumbrado público, que prohibe la colocación de esas luminarias en las calles, aunque esa norma está ahora en revisión.
También hay dudas sobre la conveniencia de elegir el arrendamiento financiero sobre el endeudamiento público para comprar las lámparas, toda vez que la primera alternativa encarecería el costo de la operación.
(1)El Ayuntamiento de Mérida pagará $468.8 millones, IVA incluido, en los próximos cinco años, a la empresa ganadora de la licitación para el arrendamiento de más de 82,000 luminarias del municipio, un promedio anual de $93.7 millones.
Esa cantidad, de acuerdo con el contrato firmado con la empresa ganadora de la licitación, AB&C Leasing, es a precio fijo y no podrá variar en el periodo de vigencia del contrato.
La empresa debe entregar las lámparas listas para ser montadas, incluyendo herrajes, luminaria, lámpara, controlador, base para fotocelda y fotocelda.
AB&C Leasing será la encargada de la instalación de las nuevas luminarias, pero no será responsable de la instalación eléctrica.
Las 82,430 luminarias deberán estar instaladas en un plazo máximo de ocho meses: 20,000 de ellas en los primeros tres meses, luego de iniciado el arrendamiento; 22,430 en el cuarto mes y el resto, 40,000 luminarias, deberá estar instalado entre el quinto y el octavo mes.
La empresa ganadora será responsable de la contratación de sus propios instaladores y de entregar a la Comuna tramos terminados, informa Jorge Ermilo Barrera Jure, director de Servicios Públicos Municipales.
Especialistas consultados por Central 9 estiman que cambiar todas las luminarias de la ciudad requerirá el trabajo de siete brigadas de 3 elementos cada una, en tres turnos, un total de 66 personas, con un equipo de siete grúas y siete camiones.
Instalar significa, dicen los especialistas, bajar las lámparas, poner las nuevas y probar.
Estos trabajos correrán por cuenta de AB&C Leasing, que también garantiza el funcionamiento de las 82,000 lámparas nuevas contra defectos de fabricación. La garantía no incluye el mantenimiento, sino sólo reposición de las luminarias en caso de fallas.
Se trata de una garantía no de un seguro, aclara el Ayuntamiento. Por lo tanto, AB&C Leasing no responderá por fallas derivadas de actos de vandalismo, accidentes, ciclones u otros desastres naturales.- Continuará
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Sanciones más severa contra la trata de personas
Por unanimidad fueron aprobadas por el pleno del Congreso del Estado la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y reformas a los Códigos Penal y Civil, ambos de Yucatán, con lo que se endurece la legislación contra ese delito.
La nueva norma es una propuesta de la diputada Lizbeth Medina Rodríguez (PAN) y las modificaciones a los citados Códigos fueron presentadas por las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM.
Durante la discusión del dictamen, al pedir el voto a favor, Medina Rodríguez aseveró que la ley es producto de los consensos y está armonizada y apegada a las necesidades del estado en materia de Trata de Personas.
Observó que solo algunos estados como Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, así como el Distrito Federal y ahora Yucatán ya cuentan con una ley especial sobre el tema.
Por su parte, el diputado René Tun Castillo (PRI), al respaldar la iniciativa a nombre de su bancada, dijo que Yucatán no puede convertirse en un paraíso para los tratantes, los cuales, en muchos de los casos, también son abusadores de niñas y niños, lenones, promotores del turismo sexual, o promotores de pornografía y prostitución forzada de niñas, niños, mujeres y hombres.
El legislador sostuvo que la presente ley es fundamental para poder sancionar de manera efectiva la trata de personas, lo que se traducirá, en un gran paso y enriquecimiento al marco jurídico estatal, que permitirá avanzar de manera conjunta con lo la sociedad y la realidad humana.
“No debemos olvidar que vivimos en un Estado de Derecho en el que una de las prioridades de los gobernantes es proporcionar tranquilidad y seguridad social a los gobernados” remarcó el diputado del PRI.
De igual manera, con la nueva norma, se logrará prever programas consistentes en la atención a las víctimas; se permitirá la realización de acciones que permitan detectar la existencia de estas redes en el estado; se podrán crear estrategias que permitan al gobierno estatal reducir la vulnerabilidad y evitar el enganche; lograr la persecución del delito a través del fomento a la cultura tanto de denuncia como de prevención, así como el establecimiento de mecanismos de protección, entre otras.
El pleno también aprobó por unanimidad, reformas a los Código Penal y Código Civil, ambos del estado de Yucatán. Con las modificaciones al primero, quien cometa el delito de trata de personas se le impondrá de ocho a veinticinco años y de 200 a 500 días-multa. En la actualidad la sanción es menor por que establece de 5 a 12 años de prisión y de 100 a 500 días-multa
De esta manera quedará armonizada la nueva Ley de para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas con la sanciones del Código Penal del Estado.
Otras modificaciones fueron que en el caso de la violencia familiar se plantea que el indiciado abandone el domicilio cuando lo comparta con la víctima y la prohibición para retornar al mismo, así como acercarse a ella o a los lugares frecuentados por la víctima.
Se incrementó el castigo en el caso homicidio en razón del parentesco y por ese delito se establezca una condena de treinta a cuarenta años de prisión. También se endureció la pena cuando exista esterilidad provocada, ya cuando sin el consentimiento de una persona mayor de dieciocho años practique en ella cualquier procedimiento que provoque esterilidad, se le impondrán de seis a ocho años de prisión y de setenta y cinco a trescientos días-multa.
A quien practique la discriminación se le impondrá de uno a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Carlos Pavón Flores (PRI) manifestó, que “debemos erradicar cualquier señal de discriminación por razón de edad, género, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, condición social, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, etc.”.
Por su parte, el diputado, Tito Sánchez Camargo (PAN), apuntó que estas reformas abordan temas sumamente importantes enfocados a la protección de los derechos de las mujeres, hombres y niños para que vivan libremente sin violencia y discriminación, prevenir y sancionar severamente los delitos.
En el caso de las reformas al Código Civil del Estado, se adecuó de cinco a dos años el tiempo que debe transcurrir para que la concubina o concubinario tengan derecho a heredar en los mismos términos en que heredaría el o la cónyuge.
En Asuntos Generales hicieron uso de la palabra los diputados Renán Barrera Concha (PAN), Víctor Caballero Durán (PRI) y Tito Sánchez Camargo (PAN) para debatir sobre la asignación de recursos que hizo el Cabildo de Mérida para la Olimpiada Nacional de la que la capital yucateca será una de la sedes.
Posteriormente, el diputado Carlos David Ramírez y Sánchez (PVEM) manifestó su punto de vista sobre el cambio climático y se refirió a la desgracia que vive Japón ante los recientes fenómenos naturales que ha azotado a esa nación.
En asuntos en cartera, los diputados se dieron por enterados de los oficios de las Legislaturas de Hidalgo y Quintana Roo.
Antes de concluir la sesión, a la que asistieron los 25 legisladores, se convocó a la siguiente para el próximo jueves 17 de marzo a las 10 horas. Presidieron los diputados Roberto Rodríguez Asaf (PRI), Lizbeth Medina Rodríguez (PAN) y Omar Corzo Olán (PVEM).
La nueva norma es una propuesta de la diputada Lizbeth Medina Rodríguez (PAN) y las modificaciones a los citados Códigos fueron presentadas por las fracciones parlamentarias del PRI y PVEM, según un comunicado.
Durante la discusión del dictamen, al pedir el voto a favor, Medina Rodríguez aseveró que la ley es producto de los consensos y está armonizada y apegada a las necesidades del estado en materia de Trata de Personas.
Observó que solo algunos estados como Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Veracruz, Quintana Roo, así como el Distrito Federal y ahora Yucatán ya cuentan con una ley especial sobre el tema.
Por su parte, el diputado René Tun Castillo (PRI), al respaldar la iniciativa a nombre de su bancada, dijo que Yucatán no puede convertirse en un paraíso para los tratantes, los cuales, en muchos de los casos, también son abusadores de niñas y niños, lenones, promotores del turismo sexual, o promotores de pornografía y prostitución forzada de niñas, niños, mujeres y hombres.
El legislador sostuvo que la presente ley es fundamental para poder sancionar de manera efectiva la trata de personas, lo que se traducirá, en un gran paso y enriquecimiento al marco jurídico estatal, que permitirá avanzar de manera conjunta con lo la sociedad y la realidad humana.
“No debemos olvidar que vivimos en un Estado de Derecho en el que una de las prioridades de los gobernantes es proporcionar tranquilidad y seguridad social a los gobernados” remarcó el diputado del PRI.
De igual manera, con la nueva norma, se logrará prever programas consistentes en la atención a las víctimas; se permitirá la realización de acciones que permitan detectar la existencia de estas redes en el estado; se podrán crear estrategias que permitan al gobierno estatal reducir la vulnerabilidad y evitar el enganche; lograr la persecución del delito a través del fomento a la cultura tanto de denuncia como de prevención, así como el establecimiento de mecanismos de protección, entre otras.
El pleno también aprobó por unanimidad, reformas a los Código Penal y Código Civil, ambos del estado de Yucatán. Con las modificaciones al primero, quien cometa el delito de trata de personas se le impondrá de ocho a veinticinco años y de 200 a 500 días-multa. En la actualidad la sanción es menor por que establece de 5 a 12 años de prisión y de 100 a 500 días-multa
De esta manera quedará armonizada la nueva Ley de para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas con la sanciones del Código Penal del Estado.
Otras modificaciones fueron que en el caso de la violencia familiar se plantea que el indiciado abandone el domicilio cuando lo comparta con la víctima y la prohibición para retornar al mismo, así como acercarse a ella o a los lugares frecuentados por la víctima.
Se incrementó el castigo en el caso homicidio en razón del parentesco y por ese delito se establezca una condena de treinta a cuarenta años de prisión. También se endureció la pena cuando exista esterilidad provocada, ya cuando sin el consentimiento de una persona mayor de dieciocho años practique en ella cualquier procedimiento que provoque esterilidad, se le impondrán de seis a ocho años de prisión y de setenta y cinco a trescientos días-multa.
A quien practique la discriminación se le impondrá de uno a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días-multa y de veinticinco a cien días de trabajo en favor de la comunidad.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Carlos Pavón Flores (PRI) manifestó, que “debemos erradicar cualquier señal de discriminación por razón de edad, género, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, condición social, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud, etc.”.
Por su parte, el diputado, Tito Sánchez Camargo (PAN), apuntó que estas reformas abordan temas sumamente importantes enfocados a la protección de los derechos de las mujeres, hombres y niños para que vivan libremente sin violencia y discriminación, prevenir y sancionar severamente los delitos.
En el caso de las reformas al Código Civil del Estado, se adecuó de cinco a dos años el tiempo que debe transcurrir para que la concubina o concubinario tengan derecho a heredar en los mismos términos en que heredaría el o la cónyuge.
En Asuntos Generales hicieron uso de la palabra los diputados Renán Barrera Concha (PAN), Víctor Caballero Durán (PRI) y Tito Sánchez Camargo (PAN) para debatir sobre la asignación de recursos que hizo el Cabildo de Mérida para la Olimpiada Nacional de la que la capital yucateca será una de la sedes.
Posteriormente, el diputado Carlos David Ramírez y Sánchez (PVEM) manifestó su punto de vista sobre el cambio climático y se refirió a la desgracia que vive Japón ante los recientes fenómenos naturales que ha azotado a esa nación.
En asuntos en cartera, los diputados se dieron por enterados de los oficios de las Legislaturas de Hidalgo y Quintana Roo.
Antes de concluir la sesión, a la que asistieron los 25 legisladores, se convocó a la siguiente para el próximo jueves 17 de marzo a las 10 horas. Presidieron los diputados Roberto Rodríguez Asaf (PRI), Lizbeth Medina Rodríguez (PAN) y Omar Corzo Olán (PVEM).
La deuda pública, tema de un foro
González Uribe detalló que esperan la participación de tres diputados del PRI, PAN y PRD para que manifiesten su postura y expongan los argumentos que los hicieron votar en la forma como lo hicieron cuando se discutió y aprobó la deuda.
-Nos hubiera gustado que los dos estuvieran porque tienen la capacidad técnica para emitir una opinión profesional. Además, evitaría que se le quiera ver un tinte partidista a la reunión.
Otros participantes serán un representante del Frente Cívico Familiar y otro más del grupo organizador.
-Uno de nuestros objetivos es promover que la sociedad intervenga en los asuntos públicos, lograr ciudadanos participativos y comprometidos con el estado y estos foros contribuyen a ello.- Hansel Vargas Aguilar
Este viernes a las 8 de la noche se hablará del tema en un foro en el Callejón del Congreso:
La razón
"Es necesario saber, para después reflexionar y entonces participar", dijo Roger González. "El foro permite al público enterarse de los asuntos que atañen a todos".
¿Por qué?
"Es un asunto del que se habla mucho, pero aún no se resuelve. Hay que insistir en ello, en particular por su relación con la transparencia y la rendición de cuentas".
