Las cifras y números duros del transporte público no favorecen a los concesionarios de Mérida y desde 2008 se enfrentan a un proceso de descapitalización que los tiene al borde de la quiebra.
Los costos de operación, dice un estudio reciente de la consultora en administración del transporte público Ojeda y Asociados, son superiores a los ingresos que generan las tarifas vigentes de 6 pesos el boleto ordinario y 3 pesos el de tarifa social.
Los consultores señalan que desde los años de 1990 las tarifas del transporte público de Mérida no cubren los costos del servicio, aunque no hay un sustento estadístico ni contable que así lo demuestre.
Sin embargo, hay evidencias que lo avalan como los apoyos traducidos en subsidios, refacciones y de otros insumos.
En 2011, con base en un estudio presentado en junio de ese año, los concesionarios solicitaron un ajuste en las tarifas de $6 a $8 en el boleto ordinario y de $3 a $4.50 en tarifa social, pero el gobierno del Estado no lo autorizó. En su lugar, otorgó un subsidio incompleto que levantó protestas de los empresarios.
En julio de 2012 los concesionarios presentaron una actualización a dicho estudio y, con base en él, este año solicitan las siguientes tarifas: $9 boleto ordinario y $5 la tarifa social para mejorar sus finanzas, pero el nuevo gobierno estatal se muestra reservado sobre el tema.
Precisamente la dilación en la aprobación de nuevas tarifas en Mérida genera un desfasamiento en los precios del pasaje, con el consiguiente perjuicio para los concesionarios. Éstos, a su vez, señalan que también acaba perjudicando al usuario por los consecuentes recortes de corridas y aumento de tiempos de espera.
El estudio indica que el prolongado tiempo entre la presentación de la solicitud de ajuste de tarifas a su autorización causa descapitalización económica a los transportistas. Y eso genera retraso en el pago a los proveedores, disminuye el flujo de efectivo, la recuperación de la inversión y disminuye el valor del negocio.
El deslizamiento en los precios de los combustibles aceleró la descapitalización de los empresarios porque el diésel, principal insumo del transporte, sube 9 ó 11 centavos mensuales. El diésel costaba $5.91 el litro en 2006 y en abril de 2013 ya había aumentado a $11.61 el litro.
Este deslizamiento se mantendrá, por lo menos, hasta diciembre del año próximo, por decreto del Congreso de la Unión.
Los transportistas aseguran que hoy día gastan $800 de más en la compra de combustible por cada autobús urbano para cubrir sus rutas.
La cascada de precios originada por el aumento a los combustibles se refleja en los lubricantes: la cubeta de aceite pasó de $780 a $900, de aceite hidráulico de $775 a $900 y de grasa de $610 a $760.
Las llantas que usan los camiones subieron de precio y la mayoría son de importación. Algunos precios son: llanta 750-17 de $3,700 pasó a $4,421, llanta 1000-20 de $4,700 a $5,500 y llanta 22.5 de $5,200 a $6,000, pero hoy en día su precio es de $7,000.
Otras refacciones que usan los camiones como filtro de aire y de aceite, bomba de agua, clutch, bomba auxiliar, sincronizador, muelle principal, tambor, goma kardan y radiador registraron aumentos del 25%, 50% y 67%.
El costo de acero también tiene impacto en el precio de los autobuses y unidades modernas que costaban $800,000 y ahora cuestan un mínimo $1.3 millones.
La inflación acumulada es otro factor económico que afecta a los transportistas del servicio público de pasajeros porque impacta en los costos de operación, administración y sostenimiento de las empresas camioneras. La tasa de inflación para este año es de 3.68% y para 2014 de 3.64%.
El análisis de los flujos de efectivo por unidad en 2011 y 2012 fueron negativos.
Y así se perfila y aumentará si se mantienen las mismas tarifas actuales.
En 2012 un autobús transportó en promedio 175,018 personas. Por concepto de boleto de adultos hubo un ingreso de $682,572 y por tarifa social $183,768. Los ingresos globales fueron de $866,340, pero sus egresos por costos de operación, combustibles, refacciones, mantenimiento, gastos de administración y financiero arrojaron $909,305. Las pérdidas proyectadas para 2013 serían de $107,484 por unidad, en 2014 es de $136,853, en 2015 de $153,412, en 2016 de $174,658 y en 2017 de $199,810.
Las conclusiones de los consultores indican que los flujos en efectivo son negativos y generan un grave problema en el capital de trabajo y la inversión de los concesionarios.
La mínima reserva de capital de trabajo apenas alcanza para sostener la operación del sistema y la falta de dinero provoca que los transportistas incurran en deficiencias y es el comienzo de grandes dificultades.
Los concesionarios indican que la forma en que ha podido mantenerse la prestación del servicio es con el sobreendeudamiento de los concesionarios, el atraso en los pagos a proveedores, al IMSS y al Infonavit, y que han comprometido sus propiedades dándolas de aval para créditos, porque el gobierno siempre les ha prometido que se revisarán las tarifas por los incrementos de los combustibles.- Joaquín Chan Caamal
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Datos sobre el servicio de transporte público de pasajeros en Mérida.
Flotilla
El transporte público de Mérida está formado de alrededor de 1,700 autobuses urbanos, 222 rutas urbanas y suburbanas.
Recorridos
Los camiones realizan aproximadamente 24,000 recorridos diarios por colonias y fraccionamientos y transportan a unas 600,000 personas, que usan uno o dos autobuses para llegar a sus destinos
Usuarios
De acuerdo con reciente investigación que realizó el doctor en planeación urbana Alfonso Iracheta Cenecorta, el 35% de la población de Mérida utiliza el transporte público.
Mejoras
Desde hace años funciona el Instituto de Autotransporte de México, con la misión de formar a los mejores operadores en Yucatán y el objetivo de ofrecer un buen servicio a los pasajeros.
Resultados
Cero accidentes al año, pocas quejas ciudadanas y los operadores cuidan las unidades.
Consejo consultivo para el transporte
Propuestas del PRD para recibir un mejor servicio
Ernesto Mena Acevedo, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, propone la creación de un consejo consultivo que elabore un diagnóstico y un proyecto integral para resolver de fondo los problemas en el transporte público de pasajeros.
Ese proyecto, dice, debe abarcar todo lo relacionado con el servicio, como rutas, paraderos, procedimientos para entrega y retiro de concesiones, autoridad o autoridades responsables de fijar las tarifas y los criterios que aplicarán.
El dirigente perredista propone que en el consejo consultivo estén especialistas de la Uady, de universidades particulares y de organizaciones con experiencia en la materia, así como representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y del Ayuntamiento de Mérida.
También formula, entre otros, los siguientes conceptos:
-El transporte público en el Estado, sobre todo en Mérida, es un asunto que no se ha atendido debidamente en años y por eso una vez más se discute sobre la petición del aumento de tarifas y la necesidad de una política integral de reordenamiento y solución de los problemas delservicio.
-En este tema debe imperar un enfoque objetivo y responsable. Si bien es cierto que los precios de las gasolinas y el diésel suben cada mes desde hace tres años, también lo es que la situación económica de los hogares y de las ciudadanas y los ciudadanos que utilizan el servicio de transporte público no sólo no ha mejorado, sino que se ha ido deteriorando año tras año debido al incremento en los precios de los productos de la canasta básica y un prácticamente nulo aumento de los sueldos. Este año el alza del salario mínimo es de apenas dos pesos al mes.
-Ante este panorama solicito a la autoridad que se tome en cuenta no sólo la situación de los concesionarios del transporte público, sino también las condiciones socioeconómicas de la población que utiliza cotidianamente el servicio.
-A los empresarios del transporte les pido respetuosamente que actúen con responsabilidad y congruencia, pues resulta que quienes hoy se quejan del incremento en las gasolinas y el diésel son los mismos que apoyan y financian las campañas electorales del PRI y en algunos casos también del PAN, porque hay algunos que apuestan a los dos, y son estos partidos los que aprobaron el aumento mensual de los combustibles en diciembre de 2009.- Ángel Noh Estrada
En sus propias palabras
ERNESTO MENA ACEVEDO
“Es lógico que con el alza del diésel y las gasolinas se afecten los costos de operación de las empresas de transporte público, pero no es congruente que por un lado se apoye a los responsables de esos aumentos y por el otro se inconformen (los concesionarios) y se haga o se quiera hacer pagar los platos rotos a los usuarios”.
“Más allá del tema de las tarifas, es el momento de atender de fondo los problemas del transporte público, especialmente en Mérida”.
