Noticias de Yucatán
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Un magistrado ve en la Codhey falta de fuerza
Limitaciones para defender derechos humanos en Yucatán
El magistrado del Tribunal Unitario del XIV Circuito, Pablo Vicente Monroy Gómez, candidato a ministro de la Suprema Corte de la Nación en 2012, afirmó ayer ante estudiantes del Centro Universitario “Felipe Carrillo Puerto” de Mérida que “de nada sirve tener una institución defensora de los derechos humanos si no tiene garras y dientes para hacer cumplir sus propias recomendaciones”.
En su ponencia “Situación y Perspectivas de los Derechos Humanos en Yucatán”, en la II Jornada de Promoción y Protección de Derechos Humanos, el maestro en Derecho respondió a una pregunta del estudiante David Uicab Pacheco sobre las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).
“La Codhey sólo tiene facultades para hacer recomendaciones y así no sirve de nada”, señaló. “La Corte Interamericana sentenció dos casos en México. Obligó a la indemnización, a dar terapia a las víctimas y construir una escuela y un centro de salud porque la falta de esos servicios fueron las causantes de las violaciones”.
El magistrado, quien vive en Mérida hace años, también respondió con críticas a otra pregunta del alumno Enrique Quintal Solís, quien expuso la gravedad de la pobreza.
“Me he preguntado si en México vale la pena invertir tanto dinero en las elecciones, que cuestan mucho dinero”, señaló el magistrado. “Creo que hay una política equivocada. En vez de programas asistencialistas o que les regalen algo a los pobres, les deben enseñar y apoyar para que hagan proyectos productivos sustentables”.
“Lo peor de todo esto es que nos quedemos cruzados de brazos”, enfatizó. “Ustedes como jóvenes y futuros abogados pueden aportar creando organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que impulsen nuevas políticas públicas. Ya hay organizaciones que lo hacen para que la gente pobre tenga una vida digna”.
En la jornada de ayer también participaron el campesino guerrerense Rafael López Catarino, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y Felipe Rodríguez Estrada, estudiante de ese plantel.
En visita al Diario, López Catarino advirtió que pronto los padres de los normalistas tomarán acciones más drásticas “porque el gobierno sólo se ríe de las marchas”.
Precisamente ayer, al cumplirse cinco meses de la desaparición de los estudiantes, se realizaron marchas y protestas en varias ciudades del país. En Mérida participaron más de 100 personas que partieron del parque de San Juan e hicieron escalas en la calle 62 con 57, el Mercado San Benito y el parque Eulogio Rosado hasta llegar a la Plaza Grande, donde realizaron un mitin frente a Palacio de Gobierno.
López Catarino y Rodríguez Estrada se sumaron a los manifestantes a su paso por la calle 60 con 57.
Sección local y página 8
Jornada de movilizaciones | Guerrero
A la marcha por los normalistas se sumó una protesta de maestros
Presunta represión
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación marcharon por las calles de Acapulco para protestar contra la presunta represión policial del martes, en la que murió el profesor Claudio Castillo Peña, de 65 años.
Presuntas violaciones
Los manifestantes también acusaron a policías federales de abusar sexualmente de cuatro maestras. Según dijeron, las subieron a una camioneta y las llevaron a callejones oscuros donde las violaron; incluso una de ellas está hospitalizada. Además, afirmaron que desde el martes 12 maestros no se han reportado con sus familias.
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Sin respeto a los derechos
Denuncia ante los casos de arrestos ilegales en el país
El magistrado federal Pablo Vicente Monroy Gómez, titular del Tribunal Unitario del XIV Circuito, criticó ayer las detenciones ilegales de los cuerpos policiacos porque son contrarias al respeto de los derechos humanos.
Para ejemplificar las detenciones por sospechas cargó una mochila y un portafolio, y preguntó a decenas de estudiantes de licenciatura del Centro Escolar “Felipe Carrillo Puerto” si eso es motivo para una detención. O si el hecho de vestir ropa humilde o calzar huaraches era motivo de ser aprehendido.
El maestro en Derechos Humanos y Derecho Indígena afirmó que falsamente se plantea que por los derechos humanos no se puede castigar al delincuente, o que por estos mismos derechos no se puede evitar la delincuencia organizada.
“Eso es un argumento falso”, afirmó. “Hay una exigencia de respeto a los derechos humanos, y eso nos obliga a las autoridades a vigilar que se respeten, a que cumplamos con la paz y seguridad nacional pero sin violentar los derechos”.
“Lo más fácil es detener a una persona sin orden de aprehensión, arrancar una confesión mediante la tortura aun cuando quizá no hiciste nada, o detener en supuesta flagrancia e inventar un delito”, subrayó. “No se debería detener a nadie sólo por actitud sospechosa. La Suprema Corte dice: nada de detenciones por actitud sospechosa, sólo si hay indicios razonables que puedan sostener un delito”.
Hay un círculo virtuoso, afirmó, para que los derechos humanos sean reales y vivos, pero todos deben cumplir su parte.-Joaquín Chan
Derechos | Detenciones
El magistrado Pablo Monroy Gómez dice que si es visible el delito sí se puede detener.
Criterio
Ahora la Corte desmenuza los derechos básicos personales para hacerlos compatibles y combatir a la delincuencia.
Sí se puede
También dijo que sí se puede velar por los derechos humanos además de combatir los delitos. Es mentira que para combatir la delincuencia se tengan que violar los derechos humanos.
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