En audiencia de vista pública, en el
sistema tradicional de justicia penal, se resolvió que Martín Alberto
Medina Sonda sea condenado al pago de pensión alimenticia a
favor de sus hijos menores de edad, que tuvo con su difunta esposa Emma
Gabriela Molina Canto, a más tardar en 5 días hábiles.
La audiencia se desarrolló en el juzgado primero de justicia
a cargo de la juez Rubí Guadalupe González Alpuche, quien no estuvo presente.
En la audiencia, en representación de sus nietos, acudió su
abuela Teresita de Jesús Canto Lugo y algunas activistas de los derechos de la
mujer.
La parte acusadora y la defensa del inculpado se ratificaron
y afirmaron en sus conclusiones.
Un punto que se va a discutir es el hecho que la demandante
está exigiendo el pago de la pensión hasta la presente fecha, cuando es de
todos conocidos que Medina Sonda se encuentra en prisión desde hace más de tres
años y no cuenta con trabajo.
Tramitan apelación y amparo
Incluso, la defensa tramitó una apelación y un amparo, en
cuanto al monto a pagar.
Por su parte, la acusadora tramitó un amparo por denegación
de justicia, en contra de la juez y del presidente del Tribunal Superior de
Justicia, Ricardo de Jesús Ávila Heredia.
El meollo del asunto es puramente económico, pues un juez
familiar había condenado a Medina Sonda al pago de 55 mil pesos mensuales por
pensión alimenticia y después éste bajó la aportación a 32 mil mensuales, lo
que hizo que se emita una orden de aprehensión en su contra.
Cuando fue detenido, la juez Rubí Guadalupe le impuso como
pago de garantía de reparación del daño la cantidad de 3 millones 500 mil pesos
para salir bajo caución.
El 3 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Yucatán emitió una resolución para confirmar la sentencia de 50 años de cárcel
en contra de este sujeto por el delito de feminicidio agravado.
Esta sentencia corresponde a los hechos registrados el 27 de
marzo del año 2017, cuando dos personas acusadas de ser los autores materiales
del crimen y por el que fueron sentenciados en el 2018 a 46 y 43 años de
prisión, respectivamente, privaron de la vida a la víctima, quien había sido
pareja sentimental del acusado de feminicidio agravado y quien se probó que
cometió el delito por razones de género.
Más de 2 mdp de pensión
En 2017, se dio a conocer que Medina Sonda debía por
concepto de pensión alimenticia más de dos millones de pesos, dinero que
reclamó como víctima indirecta, la señora Ligia Teresita Canto Lugo, luego del
homicidio de su hija Emma Gabriela Molina Canto.
En ese entonces llegó al Juzgado Primero Penal el expediente
102/2013 por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia
familiar que interpuso contra su ex marido la ahora occisa, Emma Gabriela.
Socio de José Manuel Sáiz Pineda
Medina Sonda fue socio y operador de José Manuel Sáiz
Pineda, ex secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de
Tabasco que encabezó Andrés Granier Melo (actualmente preso), acusado de desvío
de recursos públicos por medio de una red de empresas nacionales y extranjeras.
Actualmente Sáiz Pineda permanece en un penal de Tabasco.
En 2014 Medina Sonda fue detenido en Cancún, Quintana
Roo, y enviado a un penal de Tabasco, por la sustracción de sus hijos.
Luego fue sentenciado a 12 años y 6 meses de cárcel por desvío de recursos
públicos.
Confirman sentencia por feminicidio
En días pasados, Tribunal Superior de Justicia del Estado
confirmó la sentencia de 50 años de prisión a Martín Alberto
Medina Sonda por el delito de feminicidio agravado. Para su
coacusado Juan Ramón Moreno Hernández la condena fue de 35 años de
cárcel por el homicidio calificado de Emma Gabriela Molina Canto.
La resolución fue emitida por unanimidad por la Primera Sala
Colegiada del TSJE, que confirmó las sentencias dictadas por el Tribunal
Primero de Juicio Oral en 2019.
Durante el juicio se demostró los 16 años de violencia
familiar que sufrió la víctima, Emma Gabriela, hasta que fue asesinada en la
terraza de su casa en el fraccionamiento San Luis, en 2017.
La sentencia impuesta a Medina Sonda, de 49 años de edad,
comenzará a correr cuando termine de cumplir la resolución de 12 años y 6 meses
que purga en el Centro de Reinserción Social de Tabasco por lavado de dinero.
