En medio de un clima de expectación, por el escándalo que ha generado, el gobierno del Estado pagaría hoy el último saldo a los campesinos de Ucú por la pretendida compra de 3,012 hectáreas del ejido.
Sin contar con los títulos de propiedad y precedido por una denuncia por peculado, que parece estar “congelada”, el Ejecutivo finiquitaría el pago de las tierras, en una operación que se inició en febrero de 2008, hace dos años y cinco meses.
El secretario del comisariado ejidal de Ucú, Santos Rogelio Dzul García, afirma que Luis Fernando Pérez Escalante, asesor e intermediario, ofreció que hoy a las 10 horas pagará el último saldo de $39,000 a los ejidatarios y $27,000 a los posesionarios para cerrar el trato.
La derrama ascendería, sumando lo que recibirán los 176 ejidatarios y los 180 posesionarios, a $11.7 millones.
Ese dinero equivale al presupuesto anual del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), rebasa el presupuesto del Tribunal Electoral del Estado y alcanzaría para pagar la nómina de un año de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del Estado.
A 27 meses de que se presentó con bombo y platillo el Plan Maestro Ucú (sábado 4 de abril de 2008), no se ha concretado ni la propiedad de las tierras de ese proyecto, que fue anunciado como la futura segunda ciudad más grande de Yucatán, con 56,800 viviendas.
El megadesarrollo de Ucú tendría, según el gobierno del Estado, 16 mercados públicos, dos centros comerciales, 20 tiendas de autoservicio, 12 plazas de usos múltiples y 12 mercados sobre ruedas. Todo sigue en el papel.
“Mañana va a haber otra borrachera”, anticipa Eleucadio Osorio Dzul, de 72 años. “Muchos derrocharon sólo así su dinero”.
“Cuando es día de pago los salones cerveza traen hasta meseras para atraer a los ejidatarios porque saben que están forrados. Una cuartita (de cerveza) la dan en $40”, dice el vecino de Ucú.
Pago
- Bajo la lupa El Ejecutivo dice que ya pagó $343 millones al ejido y admite que aún no tiene la propiedad.Peculado Legisladores del PAN denunciaron que se trata de un caso de peculado, en el que involucran a la gobernadora Ivonne Ortega y a la ex directora del IVEY, hoy alcaldesa, Angélica Araujo Lara.
El secretario del ejido de Ucú, Santos Rogelio Dzul García, afirma que el gobierno del Estado les pagaría hoy, por medio del intermediario Luis Fernando Pérez Escalante, el saldo que les debe por las 3,012 hectáreas que pretende adquirir.
El pago, dice, comenzaría a las 10 horas en el local del comisariado ejidal, ubicado a unos metros de la plaza principal. Primero cobrarían los 176 ejidatarios, a $39,000 cada uno, y luego seguirían los 180 posesionarios, quienes recibirían a $27,000.
La derrama sería de $11.7 millones, para beneplácito de cantineros y comerciantes de Ucú.
“A ver si puedo cobrar hoy lo que me deben los compañeros”, comenta Dzul García, quien da dinero al interés a sus colegas del ejido que no cuidaron los $950,000 que han recibido.
“Muchos malgastaron su dinero y ahora andan prestando. Yo les doy porque sé que van a recibir un saldo”, dice el secretario del ejido.
“Lo gastaron en mujeres y en parrandas. Otros compraron sus camionetas, en vez de que lo cuiden o inviertan”.
En abril de este año, Antonio Euán Dzul y Heriberto Chan Dzul, presidente y tesorero del ejido de Ucú, informaron que el gobierno del Estado les congeló un último pago, en tanto no salgan los títulos de propiedad de las 3,012 hectáreas.
Los campesinos aseguraron que los ejidatarios ya habían recibido de 2008 a esa fecha $950,000 y los posesionarios $700,000 cada uno, lo que hace un total de $293.2 millones.
Según el gobierno del Estado, ya pagó $343.3 millones, de manera que hay $50 millones cuyo destino se desconoce.
Euán Dzul y Chan Dzul afirmaron que el gobierno del Estado les ofreció pagar $1.008,000 a cada uno de los ejidatarios y $800,000 a cada uno de los posesionarios por las 3,012 hectáreas que están en suspenso.
Santos Rogelio Dzul recuerda que está pendiente también un pago del “comprador de Monterrey”, que pretende adquirir otras 591 hectáreas del ejido.
Legisladores del PAN afirman que ese comprador es el diputado Felipe Enríquez Hernández, delegado del PRI en Yucatán y compadre de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
El senador Hugo Laviada Molina señaló que Enríquez Hernández es el operador en varios estados de un proyecto inmobiliario que genera recursos para las campañas del PRI.
El senador suplente y la ex diputada Patricia Gamboa Wong interpusieron, como informamos, una denuncia por peculado contra la gobernadora Ivonne Ortega y la ex directora de la Cousey y el IVEY, Angélica Araujo Lara, entre otros funcionarios del Ejecutivo.
La compra de tierras en Ucú nació y sigue bajo la polémica. Comenzó con una protesta de ejidatarios que se dijeron sorprendidos por el trato que realizó a sus espaldas el ex comisario Miguel Pech Cabrera.
Enterado del caso, el procurador agrario Jacinto Sosa Novelo denunció que la Cousey se “brincó” a esa dependencia en la compra de tierras en Ucú y la acusó de usar dinero público como capital de riesgo y de actuar como cualquier especulador.
De entonces a la fecha han surgido acusaciones y la denuncia por peculado ante el Ministerio Público. Al salir en defensa del caso, el consejero jurídico del Ejecutivo, Sergio Cuevas González, afirmó que se trata de una “compra perfecta”, aún cuando admitió que carecen de los títulos de propiedad.
Hugo Laviada Molina dijo que la “compra perfecta” sólo se aplica en casos civiles y le revirió que esa confesión se convirtió en la “prueba perfecta” de la denuncia por peculado.
En una carta que distribuyó en el Senado, la gobernadora hizo veladas amenazas al senador yucateco.
