—Los alcances de la reforma judicial que está a punto de aprobar el Congreso del Estado son únicamente los necesarios para montar la infraestructura de un nuevo modelo de seguridad y justicia.
—Es fundamentalmente en las leyes secundarias, que aún no figuran en las agendas legislativa y política, donde se verían realmente los fortalezas que permitirían alcanzar los objetivos...
Esta podría ser una de las conclusiones del Tercer Foro Marista, que anteayer se efectuó ante un auditorio lleno de estudiantes y funcionarios.
El diputado Gaspar Quintal Parra y el experto penalista Manuel Ibarra Patrón hablaron sobre algunos pros y contras de la que oficialmente se presentó como la reforma constitucional más importante de los últimos 80 años y que llevaría al Estado “a ser el más justo” del país.
La iniciativa, que los legisladores esperan aprobar antes de julio, incluye reformas a 43 de los 109 artículos constitucionales y busca transformar el sistema de aplicación de justicia, tal como se aprecia en el cuadro que publicamos aparte con los 12 puntos que, en el Foro Marista, se presentaron como los más importantes de ese plan oficial.
SOMBRA ELECTORAL Al hablar de las sombras de esa reforma, el joven penalista Ibarra Patrón opinó que algunas propuestas relacionadas con la fusión del Tribunal Electoral al Poder Judicial contravienen la Constitución federal e incluso advirtió que el criterio propuesto afectaría a otros organismos autónomos como el Ipepac.
El diputado Quintal Parra opinó lo contrario, pero enfatizó que la reforma está en una etapa de consulta precisamente para escuchar propuestas y críticas.
Durante el foro, en el que también participaron Raúl Pino Navarrete, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista y Jorge Muñoz Menéndez como moderador, se mencionó en varias ocasiones la importancia de contar con un buen marco legal pero sin descuidar la actitud política y la capacidad e independencia del personal.
LEYES CON JUSTICIA —No sólo debemos hablar de las leyes, que siempre serán perfectibles, sino también de los hombres y sistemas que las aplican. De nada sirve tener el mejor marco legal si no tenemos voluntad de aplicarlo como debe de ser —se expuso en la introducción del evento.
—Para mejorar no sólo necesitamos legalidad sino justicia —se enfatizó.
Al comenzar su intervención, el legislador priista y presidente de la Comisión para la Implementación de la Reforma Constitucional y Legal en materia de Seguridad y Justicia expuso que una de las bondades de la iniciativa es su origen, pues es producto de un trabajo de expertos y de la opinión de numerosas organizaciones.
Explicó que en varias entidades de la República ya se aplican varias de las normas y sistemas propuestos y recordó la obligatoriedad de aplicar en los estados, en un plazo de ocho años, la reforma federal al sistema penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
Pendientes El abogado Quintal Parra no expuso “contras”, pero sí abrió puertas para escuchar las propuestas. Incluso anunció que esperan aprobar por unanimidad la iniciativa y pidió tomar en cuenta que sus alcances son estrictamente generales y corresponderá a futuras legislaturas “entrarle al asunto” de la implantación de los cambios por medio de reglas secundarias.
Al responder a varias preguntas formuladas previamente por escrito por los alumnos, el abogado Ibarra Patrón explicó que para incluir la participación ciudadana en los procesos de selección de magistrados o fiscales (ahora procuradores), se tendrían que promover una serie de innovaciones que no están contempladas en los planes federales ni estatales.
CUESTIONES POLITICAS El experto también mencionó la ventajas de la reforma, que agilizarían los juicios, advirtió de la importancia de la profesionalización del personal judicial, y de frenar las cuestiones políticas que distorsionan la aplicación de la justicia.
La creación del Consejo de la Judicatura y los mecanismos para designar por su capacidad y méritos profesionales a los magistrados también ocupó parte del Foro Marista, quedando en claro que las actuales reformas en estudio sólo abordan esos aspectos desde el campo de lo general, y que los “candados” que solicitaron una y otra vez tanto el abogado Pino Navarrete como el moderador serían materia de las leyes secundarias.Manuel Ibarra también puso en tela de duda convertir en mixto el nuevo Tribunal Electoral, que si bien en tiempos no electorales no parece tener mucho trabajo, en épocas de comicios podría resultar abrumado al tener que atender asuntos de otra índole.
EL PERSONAL Sobre el nuevo Tribunal Constitucional se habló también de los alcances de sus herramientas de trabajo, pero se puntualizó que a fin de cuentas permanece vigente la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte.
Quintal Parra, al ser cuestionado sobre si se está formando al personal con las fortalezas que obliga la promesa de convertir a Yucatán en el estado “más justo”, declaró que esa tarea es compartida, recordó que las universidades tendrán que adecuar sus modelos de enseñanza del Derecho y la sociedad estar pendiente de participar.
En ese punto volvió a salir en la plática que la percepción general es que las reformas penales federales y estatales parecidas a la propuesta aquí en Yucatán no han logrado cambiar el rumbo y trascender en una justicia pronta e imparcial. También se habló de la injerencia de los intereses políticos en ese campo.
En respuesta, el diputado Quintal dijo que el Congreso está haciendo su parte al proponer una reforma que sienta las bases de un mejor modelo de trabajo judicial, y que confía en que los demás elementos involucrados hagan la suya.
Al Tercer Foro Marista asistieron 250 alumnos, incluyendo una delegación universitaria de Ticul, y entre el público estuvieron la exgobernadora Dulce María Sauri Riancho, la exalcaldesa Ana Rosa Payán Cervera, así como varios funcionarios judiciales, diputados y candidatos a legisladores estatales.
El rector marista Miguel Baquedano Pérez dio la bienvenida, enfatizó en la importancia del tema y entregó reconocimientos a los dos invitados especiales.— J.R.M.M.
Doce puntos clave Durante el Foro Marista sobre “Pros y contras de la reforma judicial” se mencionaron los siguientes doce puntos como fundamentales en esa iniciativa oficial: 1) Se incorpora el principio de presunción de inocencia. Hoy es al revés, inquisitorio.
2) Desaparece el concepto de “Auto formal prisión”, que hoy justifica la prisión preventiva, y se crea el de “Medida cautelar”, que incorpora el sistema acusatorio.
3) Se crea el Consejo de la Judicatura como encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con excepción del Tribunal Superior.
4) Se integra un nuevo Tribunal Constitucional que podría incluso cambiar resoluciones del Congreso estatal y sería algo muy similar a una Suprema Corte local.
Tendría como herramientas de trabajo la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad, el recurso de omisión constitucional y el alegato previo de constitucionalidad, que son cuatro auténticos océanos de posibilidades. 5) La Procuraduría del Estado se convierte en Fiscalía. Su titular, tal como ocurre ahora, lo designa el Congreso de una terna que entregaría la gobernadora.
6) Se crea el Instituto de la Defensoría Pública para prestar esa ayuda de forma obligatoria en materia penal.
7) Se instaura el método procesal acusatorio y oral basado en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, salvo las excepciones que fija la Constitución.
8) Surge la figura de un Juez de Control, para evitar que quien juzgue no haya conocido del caso previamente.
9) Habría once en lugar de los actuales seis magistrados, quienes durarán en su encargo inicial 6 años en lugar de cuatro. Dejarán de ser inamovibles cuando sean ratificados y su gestión se prolongará como máximo 15 años.
10) Para desahogar los asuntos electorales y los conflictos entre dependencias se crea el Tribunal Electoral y Contencioso Administrativo. Además, pasaría a depender del Poder Judicial el Tribunal que atiende los litigios de los burócratas estatales y municipales.
11) Se propone, ahora sí, cumplir con la rehabilitación de los reos.
12) Se establecen mecanismos para garantizar cierta independencia y suficiencia presupuestal.
