Al revelar los detalles de la polémica operación, el promotor de bienes raíces dice que el primer antecedente fue una reunión que sostuvo en septiembre u octubre de 2007 con el ex comisario Miguel Pech Cabrera, a quien le pidió seis meses para vender una superficie del ejido.
“En ese entonces no había cliente, no había ningún ofrecimiento. Estábamos en la búsqueda de clientes, cuando en diciembre el comisario dijo que le habían hablado de la Cousey.
“No nos dijo quién le llamó, estaba perdido de borracho, lo volvimos en sí y lo trajimos a Mérida. Nos entrevistamos con Olga del Carmen Magaña, funcionaria de la Cousey, quien nos confirmó que había la intención de comprarle al ejido, pero que el administrador estaba ocupado y nos dio cita para otro día”, relata el ex empleado de la CFE.
“Regresamos a la cita y fue cuando nos dijeron cuánto querían comprar, el precio que ofrecían y otros detalles del trato. El ejido pedía un precio de $12.50 u $11.50 el metro cuadrado.
“Así empezaron las pláticas y fue en febrero de 2008 cuando la Cousey dijo que querían comprar 3,000 hectáreas, pero a un precio de $10 el metro cuadrado y no querían intermediarios. La verdad nunca nos imaginamos que de ese tamaño sería la operación”, dice el asesor.
Las negociaciones, afirma Pérez Escalante, fueron con Humberto Gómez Mendoza, actual director del IVEY; el director jurídico Alfredo Pérez “y un técnico de apellido Espinosa”.
Desde entonces, indica, el que ha estado tras las tierras de Ucú es la Cousey, ahora convertida en IVEY. “La Consejería Jurídica sólo revisaba aspectos legales”
“Ya no quiero queso, sino salir de la ratonera”, dice Luis Fernando Pérez Escalante, asesor del ejido de Ucú, en alusión al conflicto que ha generado la compraventa de 3,012 hectáreas de parte del gobierno del Estado.
Al dar su versión de la polémica operación, el promotor de bienes raíces afirma que nunca fue parte del Ejecutivo, sino que siempre ha estado del lado de los ejidatarios. Sin embargo, revela que devenga una comisión que le paga el gobierno del Estado.
Según funcionarios estatales, no recurrieron a intermediarios en la compraventa de Ucú.
Pérez Escalante, un pensionado de la CFE, afirma que nunca ha pasado dinero por sus manos: “El IVEY le paga directamente al ejido”.