Noticias de Yucatán
Un senador lamenta que en Yucatán la justicia no sea pareja
22/07/2010
“Hasta donde sabemos, la Procuraduría no ha citado a comparecer a nadie por nuestra denuncia de peculado por el caso Ucú, lo que demuestra las dos pesas y dos medidas que aplica este gobierno en materia de justicia”, señala el senador suplente Hugo Laviada Molina.
“Por un lado, hay tortuguismo deliberado porque la denuncia involucra a funcionarios de gobierno, y por el otro, resulta evidente la inusitada celeridad con que se cita y procede contra funcionarios y ex funcionarios del PAN”, apunta.
El doctor Laviada Molina indica que mientras se protege a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a la ex directora del IVEY, ahora alcaldesa, Angélica Araujo Lara, señaladas en la denuncia por peculado, se aplicó enseguida el embargo a la ex directora de la Japay, Lolbé Carrillo Jiménez, y se citó al Ministerio Público al ex alcalde César Bojórquez Zapata, para que declare en torno a la ampliación de una concesión de la planta de separación de basura.
“Niños y Crías ya refrendó públicamente que el dinero que les dio la Japay está intacto y ya generó hasta intereses, es decir, no hubo ningún daño patrimonial, pero este gobierno ya castigó a Lolbé Carrillo.
“Y en el caso de César Bojórquez ya quedó claro que no hubo ninguna irregularidad, que la ampliación de la concesión se aprobó por unanimidad en el Cabildo, pero se le trató de exhibir dolosamente.
“Por el contrario, en la compra-venta de tierras de Ucú hay $343 millones que están al aire. La ley le prohíbe al gobierno pagar por un bien si no tiene la propiedad, así que aquí se configura el desvío de recursos”, subraya Laviada Molina.
“Me extraña que la gobernadora y la ex directora del IVEY guarden silencio y no hayan salido, hasta hoy, a defender su buen nombre. Deberían ser las primeras interesadas en aclarar todo, si es que no hay nada irregular”, indica el senador.
El galeno, como informamos en primera plana, asegura que el ejido de Ucú no está a un paso de obtener los títulos de propiedad como declaró su asesor Luis Fernando Pérez Escalante.
También advierte que el pago del saldo de $11.7 millones al ejido, que ofreció cubrir el Ejecutivo en 15 días, sólo reforzará la denuncia por peculado.
“Están entrampados, no hay títulos de propiedad, no pueden pagar, cerrar la operación y tampoco recuperar los $343 millones”, afirma.
“Por un lado, hay tortuguismo deliberado porque la denuncia involucra a funcionarios de gobierno, y por el otro, resulta evidente la inusitada celeridad con que se cita y procede contra funcionarios y ex funcionarios del PAN”, apunta.
El doctor Laviada Molina indica que mientras se protege a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y a la ex directora del IVEY, ahora alcaldesa, Angélica Araujo Lara, señaladas en la denuncia por peculado, se aplicó enseguida el embargo a la ex directora de la Japay, Lolbé Carrillo Jiménez, y se citó al Ministerio Público al ex alcalde César Bojórquez Zapata, para que declare en torno a la ampliación de una concesión de la planta de separación de basura.
“Niños y Crías ya refrendó públicamente que el dinero que les dio la Japay está intacto y ya generó hasta intereses, es decir, no hubo ningún daño patrimonial, pero este gobierno ya castigó a Lolbé Carrillo.
“Y en el caso de César Bojórquez ya quedó claro que no hubo ninguna irregularidad, que la ampliación de la concesión se aprobó por unanimidad en el Cabildo, pero se le trató de exhibir dolosamente.
“Por el contrario, en la compra-venta de tierras de Ucú hay $343 millones que están al aire. La ley le prohíbe al gobierno pagar por un bien si no tiene la propiedad, así que aquí se configura el desvío de recursos”, subraya Laviada Molina.
“Me extraña que la gobernadora y la ex directora del IVEY guarden silencio y no hayan salido, hasta hoy, a defender su buen nombre. Deberían ser las primeras interesadas en aclarar todo, si es que no hay nada irregular”, indica el senador.
El galeno, como informamos en primera plana, asegura que el ejido de Ucú no está a un paso de obtener los títulos de propiedad como declaró su asesor Luis Fernando Pérez Escalante.
También advierte que el pago del saldo de $11.7 millones al ejido, que ofreció cubrir el Ejecutivo en 15 días, sólo reforzará la denuncia por peculado.
“Están entrampados, no hay títulos de propiedad, no pueden pagar, cerrar la operación y tampoco recuperar los $343 millones”, afirma.
