Noticias de Yucatán
Se les advirtió de las restricciones, dice un funcionario
31/07/2010
El procurador agrario Jacinto Sosa Novelo afirmó que el gobierno del Estado y el ejido de Ucú fueron advertidos a tiempo de las restricciones que había para enajenar las 3,012 hectáreas en pugna, pero ambos decidieron seguir la operación con conocimiento de causa.
“Tenemos las actas de asamblea en las que se hace constar que nuestra visitadora agraria, María Baltazar Arceo, cumplió al informarles de las restricciones que impone especialmente el artículo 59 de la Ley Agraria. Se les dijo claramente que necesitaban un dictamen de la Semarnat para obtener el dominio pleno de las tierras”, subrayó el funcionario.
“En este momento, a pesar de que el gobierno del Estado ya finiquitó el pago de las tierras, se topa frente a un proceso inconcluso y no puede obtener la propiedad de esa superficie.
“Hasta donde sabemos, el ejido no le ha dado acceso a los técnicos de la Semarnat para que hagan la inspección física de las tierras y elaboren el dictamen en materia ambiental. Y el Registro Agrario Nacional tampoco ha autorizado la obtención del dominio pleno y menos los títulos de propiedad”, apuntó.
A una pregunta, dijo que completar el trámite es responsabilidad de los que operan las negociaciones.
“La Procuraduría cumplió asesorándolos desde 2008, cuando estaba como comisario Miguel Pech Cabrera, así que no pueden alegar desconocimiento del procedimiento jurídico que impone la Ley Agraria”, recalcó.
Jacinto Sosa afirmó que la asesoría fue por partida doble, pues no sólo por las tierras que le interesan al IVEY sino también por las 576 hectáreas de la venta paralela.
“Tenemos las actas de asamblea en las que se hace constar que nuestra visitadora agraria, María Baltazar Arceo, cumplió al informarles de las restricciones que impone especialmente el artículo 59 de la Ley Agraria. Se les dijo claramente que necesitaban un dictamen de la Semarnat para obtener el dominio pleno de las tierras”, subrayó el funcionario.
“En este momento, a pesar de que el gobierno del Estado ya finiquitó el pago de las tierras, se topa frente a un proceso inconcluso y no puede obtener la propiedad de esa superficie.
“Hasta donde sabemos, el ejido no le ha dado acceso a los técnicos de la Semarnat para que hagan la inspección física de las tierras y elaboren el dictamen en materia ambiental. Y el Registro Agrario Nacional tampoco ha autorizado la obtención del dominio pleno y menos los títulos de propiedad”, apuntó.
A una pregunta, dijo que completar el trámite es responsabilidad de los que operan las negociaciones.
“La Procuraduría cumplió asesorándolos desde 2008, cuando estaba como comisario Miguel Pech Cabrera, así que no pueden alegar desconocimiento del procedimiento jurídico que impone la Ley Agraria”, recalcó.
Jacinto Sosa afirmó que la asesoría fue por partida doble, pues no sólo por las tierras que le interesan al IVEY sino también por las 576 hectáreas de la venta paralela.
