El Consejo de la Judicatura Federal admitió las denuncias interpuestas por Lolbé Carrillo Jiménez y Aracelly Domínguez Cabrera contra dos magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa con sede en Mérida, informó el abogado de las primeras, Pedro Rivas Gutiérrez.
El ex secretario de Gobierno señaló que por lo pronto el caso está en espera de que los funcionarios de la judicatura regresen de vacaciones para saber el estado que guarda la denuncia.
Las vacaciones de los funcionarios concluyen mañana lunes (2 de agosto).
Como hemos informado, las dos ex funcionarias de la Japay y el Ayuntamiento de Mérida fueron acusadas de desvío de recursos por la actual administración estatal.
El abogado Rivas Gutiérrez señaló que la denuncia se interpuso el 14 de junio pasado contra los magistrados Gabriel Alfonso Ayala Quiñones y Elvira Concepción Pasos Magaña.
Según explicó, antes de salir de vacaciones el Consejo de la Judicatura ya debía haberles pedido a los denunciados un informe respecto de los hechos que se les imputan.
En las próximas semanas se deberá nombrar a un funcionario del Consejo para que resuelva el caso y lo presente ante el pleno, que dictará una resolución de manera colegiada.
De acuerdo con la denuncia, ambos magistrados cometieron faltas administrativas graves en el desempeño de sus cargos.
Rivas Gutiérrez explicó que los denunciados dejaron de aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala que, al igual que en el derecho penal, en un proceso administrativo se debe especificar qué ley se violó, cual es la conducta que la viola y cuál es la pena para tal violación.
Esto, dijo, no se hizo.
Los magistrados debieron realizar esos razonamientos al conocer del caso de Lolbé Carrillo y Aracelly Domínguez –apuntó Pedro Rivas.
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