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"Esperamos que esta ausencia de diligencias no sea una muestra de la red de complicidades en el gobierno", indicó Herrera Chab al recalcar que Marco Antonio González debe ser separado del cargo porque está clara la violación a la ley al desempeñar un puesto público y ser, simultáneamente, proveedor del Ejecutivo.
La Contraloría está a cargo de José Luis Peniche Patrón. La Fiscalía General, donde se llevó la denuncia ayer, de Héctor Cabrera Rivero.
(1)Con la denuncia que presentamos ante la Contraloría General del Estado quisimos darle "una ayudadita" a la gobernadora. Ahora, con la demanda que interponemos ante el Ministerio Público queremos facilitarle el trabajo al fiscal general, manifestó el regidor meridano Kirbey Herrera Chab después de formalizar la segunda acusación en una semana contra el subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto.
Los términos de la denuncia presentada ayer son los mismos de la interpuesta en la Contraloría. Se le atribuyen a González Canto y a quienes también "resulten responsables" los delitos de peculado, desvío de recursos y probable enriquecimiento ilícito.
En total, la empresa camionera del funcionario, Urbanos de Mérida, recibió contratos de más de $71 millones hasta el 30 de abril de este año por "servicios de transportación" a eventos del gobierno del Estado, a excursiones en la playa y traslados a diferentes puntos del país, todo con cargo al erario.
Hasta esa fecha se le habían pagado 52 millones de pesos. Estaba pendiente de liquidación la cantidad restante, poco más de $18 millones.
Kirbey Herrera y su compañera en el Cabildo Lizette Mimenza Herrera, quien también suscribe la denuncia, explicaron que esos $52 millones equivalen a 4.5 millones de dólares, en números redondos, y representan tres veces el pago por el concierto de la cantante Shakira y casi lo mismo que se invirtió en la primera etapa de Animaya ($56 millones), incluyendo la estela e infraestructura básica.
Los ediles se presentaron en la Fiscalía General del Estado a las diez de la mañana, acompañados de Orlando Pérez Moguel, representante del PAN ante el Consejo General del Ipepac, y Renán Alberto Erosa Osorio, asesor jurídico de Herrera Chab.
Después de los trámites, de poco más de una hora, los regidores indicaron que la nueva denuncia es un paso más en la búsqueda de que se investiguen los pagos al subsecretario y se sancione a los responsables.
"La pelota está en la cancha de la gobernadora Ivonne Ortega, por la denuncia ante la Contraloría, y ahora está en la cancha de la Fiscalía", indicó Pérez Moguel. "Esperamos que en conjunto trabajen y que las investigaciones no se circunscriban a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, sino que también lleguen al Palacio de la 61".
"Como vemos que ahora se cotiza en dólares la ordeña al erario, aquí tenemos un caso de 4.5 millones de ese billete", añadió.
"Esperamos que las investigaciones no tengan un atraso como el del reloj que está en la pared de la Agencia 3a. (tenía un retraso de 40 minutos cuando se realizaron las diligencias). No nos vayan a salir con una demora de año o año y medio)."Al menos ya sabemos en qué gasta y con quiénes gasta el gobierno nuestro dinero", subrayó Kirbey Herrera, en alusión a los anuncios espectaculares del Ejecutivo del Estado instalados en varios puntos de la ciudad, con datos sobre el gasto público.
La denuncia quedó registrada en el expediente 1146/3a./2011.- Angel Noh Estrad
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Problemática
Marco Antonio González Canto es presidente del consejo de administración de Urbanos de Mérida, S.A. de C.V., y ha representado a esa empresa en varios eventos relacionados con el transporte urbano. Al ser designado subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos quedó impedido, por ley, de ser proveedor del gobierno.
Lo que debería proceder
Si se aplicara la ley en este caso no sólo debería ser relevado del cargo público que ostenta sino que todos los pagos realizados a su empresa serían ilegales.
