"La oposición a esa obra no debe verse como una acción que obedece a intereses electorales, de partidos políticos o de grupos, sino como una legítima y democrática manifestación ciudadana que desea ser escuchada por sus autoridades", apuntó el presidente de Coparmex.
En un segundo comunicado -el primero fue antes de que se generalizaran los hechos de sangre-, el ingeniero Caamal Burgos pidió a las autoridades estatales encargadas de la seguridad y la justicia que, tomando como pruebas las fotos y vídeos de la golpiza, "persiga, detenga y consigne a todas las personas que impunemente agredieron a los manifestantes".
Coparmex exigió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que intervenga de manera inmediata y enérgica para investigar los hechos y formule las recomendaciones a que haya lugar sobre los lamentables acontecimientos.
"A la alcaldesa de Mérida (Angélica Araujo Lara) le reiteramos que suspenda la obra y evite que más ciudadanos puedan resultar agredidos, convocando de manera inmediata a una mesa de trabajo que dé solución a estos problemas, escuchando propuestas ciudadanas y actuando en consecuencia".
En otra entrevista, antes de que ocurriera la golpiza, el investigador Othón Baños Ramírez advirtió que la alcaldesa An está comprando "un boletote tremendo" en su empeño por construir el paso a desnivel.
"Por esa decisión, que no ve toda la dimensión de la obra, la funcionaria y su partido pagarán un alto costo político, además de enfrentarse a la posibilidad de un agravamiento del conflicto con los inconformes; existen todos los ingredientes para que eso suceda", apuntó.
Baños Ramírez, doctor en Sociología e investigador de temas políticos en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro Regional de Investigaciones "Dr. Hideyo Noguchi", de la Uady, indicó que la alcaldesa decidió construir el túnel deprimido, soslayando la opinión de muchos ciudadanos, porque tal vez ella y su equipo consideran que el costo político de llevar al cabo la obra, sería menor que detenerla, pero ahora, ante las protestas, la Comuna se encuentra enredada".
Una salida al problema, agrega, sería posponer el inicio de las obras, escuchar a los inconformes y discutir con ellos sus argumentos, muchos de ellos de peso. "El túnel no es una obra menor y tampoco un asunto de un distribuidor vial; es mucho más complejo. No imaginé que una alcaldesa con el título de arquitecta tome decisiones de este tipo...".
Esta situación, advierte Baños Ramírez, puede derivar en un conflicto mayor y en un enfrentamiento verdaderamente violento. "Existen todos los ingredientes para eso: la Comuna insistirá en su proyecto, reprimiendo a los inconformes, con la policía o con golpeadores; y eso, en un momento dado, generará violencia, habrán más lesionados", había advertido, como finalmente ocurrió.
Según el investigador, la resistencia ciudadana al paso deprimido "está bastante organizada" y es una resistencia que crece y se fortalece. "En la medida en que los opositores al túnel sean agredidos, la resistencia se multiplicará".
Esta, dice, no sólo la integran estudiantes de arquitectura y vecinos de la zona, sino importantes sectores de la sociedad... De ningún modo se trata de una resistencia de personas de la clase media del Norte.
"La ciudad es de todos y habrá vecinos del Sur que no vean los beneficios de esa obra y piensen que sería más importante canalizar esos recursos a otras obras urgentes".
Baños Ramírez dijo que el excesivo gasto de publicidad del gobierno en medios afines provoca el bloqueo o la distorsión de la información, pero lo único que lograrán será exhibirse y evidenciar los grandes intereses detrás de ellos.- F.U.S./H.C.C.
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