González Canto decidido a responder

12 septiembre 2011
Noticias de Yucatán

 (acarreo, impunidad, transporte, corrupción)


Un subsecretario habla sobre unas graves acusaciones Publicada:  12 septiembre 2011
 Unidad perteneciente a la empresa camionera Urbanos de Mérida, perteneciente a Marco Antonio González Herrera, quien es acusado de usar los camiones de su compañía para acarrear gente a eventos del gobierno
Unidad perteneciente a la empresa camionera Urbanos de Mérida, perteneciente a Marco Antonio González Herrera, quien es acusado de usar los camiones de su compañía para acarrear gente a eventos del gobierno  Ver fotos(1)

El subsecretario de Gobierno para Asuntos Religiosos, Marco Antonio González Canto, se refirió, hace unos días, por primera vez, a las acusaciones de presunto peculado y enriquecimiento ilícito que denunciaron los regidores panistas Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab.

Con base en el reportaje documentado de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, de una facturación de $71 millones a la empresa camionera Urbanos de Mérida, cuyo accionista mayoritario es González Canto, los regidores denunciaron al funcionario ante la Contraloría General del Estado el 14 de julio pasado.

La denuncia fue porque González Canto trabaja en el gabinete y presuntamente la compañía de su propiedad recibió contratos por $71 millones por servicios de transportación a eventos del gobierno del Estado.

¿Cómo vio el subsidio al transporte urbano?

"Es una medida que beneficia porque en estos momentos requerimos el apoyo tanto nosotros como las familias que dependen de la actividad. Afortunadamente la gobernadora llegó a un acuerdo con los concesionarios para el buen funcionamiento del servicio y para cuidar la economía familiar que está muy golpeada".

¿Cuánto recibirán los permisionarios?

"Son $220 por unidad y dependerá del número que tiene cada empresa. El subsidio variará si uno tiene uno, 2, 10, 20 ó 100 camiones".

¿Con ese subsidio lograrán el equilibrio financiero?

"Es una ayuda para mantener el servicio y poder operar".

¿Cuántas líneas y unidades tiene usted?

"Estoy en Urbanos de Mérida y en Microexpreso Urbano. Entre las dos empresas son 50 unidades".

¿Ya le puso lectores electrónicos (de credenciales inteligentes) a sus unidades?

"Las dos empresas los tienen. Fuimos de los primeros en instalarlos. Somos de los pioneros de la ciudad".

¿Ya funciona el Centro de Control del transporte?

"Allí sí, Henry (Sosa Marrufo, director de Transporte) es quien lo sabe.

¿Qué puede comentar de las denuncias de que se benefició con el acarreo de gente en este gobierno?

"Es muy sencillo y muy claro en dos aspectos. Tengo la certeza de que me he desempeñado dentro del marco legal que me corresponde y por eso tengo la tranquilidad y confianza de que estoy bien. Y lo segundo, ya está en las instancias donde se juzga y evalúa el caso.

Cuando la diputada del PAN Magaly Cruz Nucamendi informó en la sesión del Congreso del Estado la denuncia contra el funcionario y empresario, dijo que esos pagos fueron por traslados de gente a actos de la gobernadora como paseos a la playa, "informes ciudadanos", etcétera.

Según los panistas, González Canto violó el Artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Joaquín Chan Caamal
 

Tema: Transporte público 
En contexto:
En sus propias palabras | Marco Antonio González Canto

El subsecretario de Gobierno en Asuntos Religiosos habla de las denuncias en su contra:

"Realmente la medida era necesaria porque el aumento del combustible golpea a todos. Esos aumentos motivaron buscar el apoyo del gobierno estatal y afortunadamente la gobernadora demostró que está del lado de la sociedad".

"Esperaré los resultados (provenientes de la Contraloría del Estado ) y me reservo el derecho de entablar una demanda contra los que han falseado la información. Siguen hablando de mí. Allá (en la Contraloría) saldrá a la luz la verdad".

Al preguntarle de las facturas presentadas por los regidores panistas Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab en meses pasados, las cuales tienen valor de $71 millones, declaró que: "Voy a esperar el resultado (de la investigación de la Contraloría del Estado).
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