Noticias de Yucatán
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"Es un problema grande y complejo porque el Ejecutivo no sólo entregó dinero sin nada acambio sino que hay una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario que puede deshacer la operación y entonces los campesinos recuperarán sus tierras y el dinero público se esfumará", indicó Patricia Gamboa Wong, actual delegada de la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett) sobre el problema de las tierras de Ucú.
La funcionaria, como ayer publicamos, informó que cuando era diputada estatal del PAN solicitó información sobre la compra de terrenos a ejidatarios de Ucú y no obtuvo respuesta.
"No le dieron importancia al factor ambiental y creo que estaban tan ofuscados por la construcción de más de 56,000 casas habitación que olvidaron ese detalle", dijo.
"Desde que ví los registros del tipo de vegetación que protege la Conafor pensé que el gobierno estaba metido en un tremendo lío".
Al preguntarle si había una solución a este problema, declaró: "Existen muchos antecedentes deprotección del medio ambiente y en especial de las selvas y bosques y lo veo difícil", afirmó Patricia Gamboa Wong.
"Yo no sé si la administración de Ivonne Ortega Pacheco pensó que iban a pasar por alto la cuestión delmedio ambiente o creyeron que podían resolverlo por la vía política".
"Ya a estas alturas del gobierno y con la revelación del ex comisariado ejidal (José Antonio Euán Dzul) y del director en jefe del Registro Agrario Nacional (Juan Manuel Cedrún Vázquez) de que no se ha solicitado ni hecho el peritaje forestal veo difícil que haya una solución rápida".
Agregó que ya sondeó opiniones de expertos y funcionarios vinculados al medio ambiente y coinciden que las tierras ejidales que compró el gobierno del Estado al Ejido de Ucú tienen vocación forestal y en este caso están protegidas por la Ley Federal Agraria.
Sobre todo, no es factible que les otorguen permisos para devastar la selva y construir en esa superficie un desarrollo urbanístico del tamaño que planeó la entonces directora del Instituto de la Vivienda en el Estado de Yucatán (IVEY), la ex presidenta municipal Angélica Araujo Lara, quien por cierto también es empresaria de la industria inmobiliaria.
La compra de tierras sería una operación inválida
Publicada: 2 abril 2012
Publicada: 2 abril 2012
Un ejidatario recibe su boleta para elegir al comisariado de Ucú 
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(1)La funcionaria, como ayer publicamos, informó que cuando era diputada estatal del PAN solicitó información sobre la compra de terrenos a ejidatarios de Ucú y no obtuvo respuesta.
"Desde que ví los registros del tipo de vegetación que protege la Conafor pensé que el gobierno estaba metido en un tremendo lío".
"Ya a estas alturas del gobierno y con la revelación del ex comisariado ejidal (José Antonio Euán Dzul) y del director en jefe del Registro Agrario Nacional (Juan Manuel Cedrún Vázquez) de que no se ha solicitado ni hecho el peritaje forestal veo difícil que haya una solución rápida".
Agregó que ya sondeó opiniones de expertos y funcionarios vinculados al medio ambiente y coinciden que las tierras ejidales que compró el gobierno del Estado al Ejido de Ucú tienen vocación forestal y en este caso están protegidas por la Ley Federal Agraria.
Sobre todo, no es factible que les otorguen permisos para devastar la selva y construir en esa superficie un desarrollo urbanístico del tamaño que planeó la entonces directora del Instituto de la Vivienda en el Estado de Yucatán (IVEY), la ex presidenta municipal Angélica Araujo Lara, quien por cierto también es empresaria de la industria inmobiliaria.
