Gobierno “locuaz y delirante”

Noticias de Yucatán ()

Hacen balance de la administración de Ivonne Ortega

Miércoles, 7 de noviembre de 2012  -  Edición impresa

El gobierno de Ivonne Ortega Pacheco “se caracterizó por una bipolaridad locuaz y delirante”, pues por un lado hubo él silencio cómplice e impune ante las injusticias y, por otro, una “francachela ruidosa y frívola”, se indicó durante una reunión en que se analizó, desde el punto de vista de losderechos humanos, el balance de esa administración.

En esa actividad, organizada por el Grupo Indignación, en la cual participaron varios oradores, se expuso que la “dolorosa resaca” del quinquenio pasado muestra ahora una pobreza ahondada y la profundización de sus causas, así como la “indignante perversión con que las autoridades usan ese problema social para mantenerse en el poder”.

-En ese período hubo absoluta negligencia y corrupción, lo cual deterioró el tejido social y provocó que la sociedad haya tenido que ir arrancando a los poderosos algunas parcelas de justicia, ya que estos no dejaron nunca de pensar en privilegios en vez de enfocarse a la búsqueda de la igualdad.La reunión fue anteanoche en el Foro Cultural Amaro y su fin fue hacer un recuento de daños del gobierno de Ivonne Ortega, “que dejó grandes retrocesos en calidad de vida y democracia”.

El análisis abarco seis puntos: el pueblo maya, la negación del derecho a la justicia, las mujeres, represión, diversidad sexual y la sujeción del Poder Legislativo.

Incluyó un resumen de las conclusiones, en ocho apartados, y lo urgente por hacer de aquí en adelante, en otros seis puntos.En esa charla, de la que informamos ayer, se dijo también que durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco la justicia fue la gran ausente, y se advirtió que en la administración actual hay el riesgo de que la reforma hecha en materia de justicia penal cubra las formas pero no el fondo.Esa alerta se basa en que ese cambio legislativo sólo se dio en el papel, no en las prácticas. En las dependencias que administran e imparten justicia no han cambiado el personal ni el método de investigación.

Las conclusiones son: 1. La justicia, entendida como la obligación que tiene el estado de eliminar las inequidades existentes en la sociedad, generando condiciones materiales de igualdad, restitución y reparación, fue la gran ausente. Junto a la publicitada puesta en marcha de la reforma en materia de justicia está el hecho de que mujeres, indígenas, niños, adolescentes y homosexuales continuaron siendo las principales víctimas de un sistema que perpetúa la exclusión y niega la posibilidad de generar condiciones de igualdad en los derechos para todas y todos.

2. Especialmente grave es el alto índice de casos de abuso policiaco, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía preventiva y judicial del estado. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de que alguno de estos casos haya sido investigado y sancionado. Preocupa que el Secretario de Seguridad Pública haya sido confirmado en su cargo sin haberse realizado una evaluación, desde la perspectiva de los derechos humanos, de su labor.

3.De este contexto de impunidad es cómplice la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Su falta de posicionamiento ante graves violaciones de derechos humanos, sus recomendaciones inocuas y tardías y la ausencia de publicidad de las mismas reflejan que el papel del Ombudsman fue el de cómplice.

4. La reforma en materia de justicia penal modificó el papel, pero no las prácticas. Con el mismo personal, sin la implementación y establecimiento de un verdadero sistema científico de investigación, existe el riesgo de que la reforma cubra las formas, pero no el fondo.

5. La administración de Ivonne Ortega privilegió los intereses de los grupos hegemónicos por encima de las necesidades de la mayoría de la población. Su silencio ante la intromisión de la iglesia en asuntos de la vida pública, así como su abierta y discriminatoria campaña para oponerse al matrimonio universal, o su mutis ante actos de párrocos que desde el púlpito discriminaban por orientación sexual, son una muestra de que el estado laico fue violentado en la administración que termina.

6. El gobierno del estado fue cómplice, por omisión, del sistemático despojo de tierras que padece el pueblo maya. No hay certidumbre jurídica sobre las propiedades de hombres y mujeres mayas descendientes de los trabajadores de las antiguas haciendas henequeneras. La administración saliente da prioridad a intereses de los antiguos dueños y empresarios hoteleros, por encima del derecho del pueblo maya a contar con tierra y territorio.

7. En materia de derechos económicos, sociales y culturales no hubo avance, como obliga el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los pobres son los mismos de siempre, y la política de dispendio ejercida durante el ivonato significó que la administración dejara de ejercer presupuesto social, ahondando en las condiciones de depauperización de diversos sectores de la sociedad.

8. Yucatán se consolidó como uno de los primeros estados en violencia contra las mujeres. El alto índice de mujeres víctimas de violencia durante la administración que culmina es muestra palpable de que la perspectiva de género se quedó en el discurso, sin impacto alguno en la prevención de la violencia y en la generación de condiciones adecuadas de acceso a la justicia para mujeres que la sufren.-