Noticias de Yucatán
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CELESTÚN.- La inconformidad generada entre la mayoría de los regidores y empleados municipales por la decisión de la alcaldesa, Rosa Acosta Narváez, de pagar sólo el equivalente a 15 días de salario como aguinaldo, tomó tal fuerza que con el apoyo de un grupo numeroso de vecinos anteanoche, y hasta las 14 horas de ayer los funcionarios solicitaron la renuncia de la edil.
Durante poco más de 30 horas, seis de los ocho regidores que conforman la Comuna, todos los directores de áreas, empleados municipales y vecinos mantuvieron en su poder el Palacio Municipal, exigiendo la renuncia de la alcaldesa y de la tesorera, Antonia Puerto Pérez, acusándolas de malversación de recursos municipales, de inflar el costo de obras, mantener una docena de aviadores en la nómina y beneficiar a familiares con dinero y vales de gasolina, entre otras acusaciones.
En el caso de los vecinos que se sumaron a los funcionarios inconformes indicaron que su decisión se debe al abandono en que se encuentra la comunidad.
La principal queja que se escuchó fue el mal estado en que se encuentran la mayoría de las calles del puerto. También se vio en la manifestación a por lo menos dos policías despedidos, al igual que a la ex secretaria de la corporación, Linyu Solís Flores.
La alcaldesa de Celestún, acusada de malos manejos
El problema pareció resolverse ayer mismo, a las 4 de la tarde, con la firma de un acta de acuerdo entre la alcaldesa y los regidores inconformes: Dulce Estrada Poot, secretaria municipal; Gladys Ortiz Solís y Crisanto Ojeda Flores, síndico, todos emanados del PRI; Claudio Uc Mena y Ana Rosa Flores Palomino, del PRD, y Vicente Chan Poot, del PAN.
El acuerdo contienen seis puntos: Respetar los acuerdos que se tomen en las sesiones de Cabildo, quedan prohibida las ofensas entre funcionarios y otros servidores públicos del Ayuntamiento. También se acordó que no exista represalias de la presidenta hacia los inconformes, como son despidos injustificados, rebajas de sueldos o cambios de departamentos; revisar la nómina inmediatamente y dar de baja a las personas que no trabajan (aviadores). Asimismo, subirle el sueldo a las barrenderas, a $100 más quincenal, y dotar de material al personal de cada dirección para que puedan desempeñar su función eficientemente. La firma de este acuerdo, celebrado en la oficina presidencial, fue antecedido por una reunión que sostuvieron con los regidores priistas inconformes, durante poco más de dos horas, la subdirectora del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm), Olivia Ku Crespo; el diputado por este distrito José Javier Castillo Ruz, y Joel Achach Díaz, quien llegó en representación de la Secretaría de Gobierno. En esa reunión, que se inició a las 11 de la mañana con Olivia Ku y al que poco más de 35 minutos después se sumaron Castillo Ruz y Achach Díaz, no se permitió el acceso a los regidores de oposición. Cabe señalar que en el caso de Rafael Bacab Chac, regidor de Obras Públicas emanado del PRI, no participó en la junta, al parecer, por ser allegado de la alcaldesa. En un breve receso de la junta con el diputado, la subdirectora del Inderm y el representante de la secretaría de Gobierno, la regidora Gladys Ortiz le dijo los empleados y vecinos inconformes con la alcaldesa que aguardaban en la sede municipal, que no firmarían ningún documento y que incluso estarían dispuestos, si es necesario, a solicitar la disolución del Cabildo con tal que no regrese Rosa Acosta. Aunque accedieron a firmar más tarde el acuerdo, tanto a la regidora Gladys Ortiz, como al síndico, se les notó inconformes y molestos.-Vamos a seguir trabajando -señaló la edil al ser abordada después de la firma del acuerdo que se hizo en privado.-No valió de nada la protesta, pues no hubo ningún avance- agregó. Por su parte, el síndico se limitó a decir que no tenía comentario alguno. Momentos antes de la firma del acuerdo salió de la oficina de la presidencia y comentó visiblemente molesto “¡No tienen palabra!”, al parecer, en alusión a sus demás compañeros. La alcaldesa, por su parte, negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que no tienen aviadores en la nómina municipal, como denuncian los demás regidores y no obstante que uno de los puntos del acuerdo fue precisamente la revisión de la nómina y dar de baja a las personas que no están trabajando. Dio por terminado el conflicto y dijo que lo que sigue es seguir atendiendo a la comunidad. Se le hizo ver sobre la queja generalizada por el mal estado de las calles del puerto, a lo cual respondió: “Ya se está trabajando para resolver el problema, pero es necesario el trabajo el equipo para mantener limpia y en buen estado las arterias”.
A la alcaldesa se le acusa también de beneficiarse con la obra pública, pues su negocio de venta de material es la que se encarga de abastecer a las obras que se realizan. También se denuncia que ella se encarga personalmente de contratar a los albañiles que laboran en las obras, como es el caso de la dotación de techo a la cancha de básquetbol, que se ubica en el costado sur de la iglesia, en el centro. Según los vecinos, esa obra es una de las que tiene inflado el precio, pues oficialmente se hará con una inversión de $2 millones. Al respecto, la alcaldesa dijo que se trata de una obra de la Conade, de modo que esta dependencia se encarga de supervisar también la mejora. En el marco de la manifestación, agentes de la Policía Municipal se mantuvieron prácticamente al margen y hasta cumplieron con escoltar anoche a la alcaldesa, desde el Palacio Municipal hasta su casa, sin embargo aprovecharon denunciar que también ellos son víctimas de la falta de atención por parte de la edil. Explicaron que no se les dota de uniformes, aunque sí es obligatorio portarlo.” En octubre pasado nos descontaron $500 de nuestro sueldo, presuntamente para comprarnos uniformes, pero hasta hoy no se nos ha entregado”, señaló uno de los agentes, quien pidió el anonimato. También se quejan de la falta de implementos de trabajo, como batanas, escudos y hasta de equipos de comunicación.
