Noticias de Yucatán
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Se cambia la ley, pero mantienen los privilegios
Educación
Yucatán y otras entidades del país aprobaron reformas a sus leyes estatales de educación, para adecuarlas a las reformas al Artículo 3o. Constitucional, pero no incluyeron aspectos claves de esa reforma, como la prohibición expresa de pagar sus sueldos a los comisionados sindicales, advierte la organización Mexicanos Primero.
Entre otras fallas graves, además de esa, dice la organización en un análisis, el Congreso de Yucatán aprobó, el 9 de abril, la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación, enviada por el Ejecutivo, que no hace explícita como causa de rescisión de contrato, ausentarse de una evaluación o reprobarla tres veces, en el caso de los maestros de nuevo ingreso, así como faltar al trabajo tres días sin justificación.-
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Juicio | Riesgo
El gobierno federal podría inconformarse con los cambios a la ley en Yucatán
Fallas
Esta forma incompleta de “aterrizar” la reforma educativa en el Estado podría ocasionar que si el Congreso yucateco no corrige las fallas, el gobierno federal interponga un juicio de controversia constitucional para obligar al cumplimiento.
Una reforma coja
Señalan fallas en la adecuación a la reforma educativa
La iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación para la creación del Sistema de Educación Media Superior de la entidad, enviada por el Ejecutivo al Congreso del Estado y aprobada por unanimidad el 9 de abril, para adecuar la legislación estatal a la reformas al Artículo 3º Constitucional y su legislación secundaria, contradice aspectos clave de esa reforma.
Un análisis de Mexicanos Primero, organización ciudadana con sede en la ciudad de México, presidida por Claudio X González, que tiene como objetivo impulsar la educación de calidad por medio la transparencia y la participación ciudadana, revela que en el caso de Yucatán, esa adecuación de la ley estatal a la reforma constitucional cae en omisiones graves, como las relativas al pago de sueldos de los llamados “comisionados sindicales”.
Comisiones
El artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que quien acepte un empleo, cargo o comisión que le impida ejercer su función docente debe separarse del servicio sin goce de sueldo.
Sin embargo, en la ley aprobada en Yucatán, dice Mexicanos Primero, se sigue permitiendo la práctica de pagar a “aviadores”, comisionados, licenciatarios sin estar frente a grupo.
Esto contradice recientes declaraciones de altos funcionarios de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).
Ayer publicamos que el director de Planeación de esa dependencia, Roberto Bustillos Madera, señaló que en el Estado el número de comisionados sindicales asciende a 2,721, pero de esos sólo 120 están en el sindicato.
En entrevista con el Diario para precisar la posición de la Segey en torno a los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, el funcionario dijo que con la puesta en marcha de la Reforma Educativa, la figura de los comisionados desaparecerá gradualmente.
En el caso de los comisionados sindicales, aclaró, con la Reforma, éstos “recibirán su sueldo de los fondos del propio sindicato, no del presupuesto educativo”, como ocurre actualmente representante una fuga de millonarios recursos que se deberían utilizar para el mejoramiento de la actividad educativa.-HERNAN CASARES CAMARA
Reforma Educativa | Omisiones en Yucatán
Además de los comisionados, la Ley Estatal de Educación comete otras fallas.
Poca claridad
De acuerdo con Mexicanos Primero, las reformas a esa Ley no dicen explícitamente que si un maestro, director y supervisor se ausenta de una evaluación, eso es causa de rescisión de contrato.
Causales
Tampoco establece, como marca la ley secundaria de la reforma, que si un docente de nuevo ingreso reprueba por tercera vez su evaluación, también es causal de rescisión y tampoco contempla que la falta por tres días seguidos o discontinuos en un mes sin justificación, también es causal de rescisión.
Controversia
Esta forma incompleta de “aterrizar” la reforma educativa, ocasionaría que, si el Congreso del Estado no corrige las fallas en Yucatán, el gobierno federal interponga una controversia constitucional.
