La medida tomó por sorpresa tanto a los choferes como a usuarios, y según informó la propia dependencia, ya son ocho los vehículos detenidos y sus dueños ha sido multados por transportar pasajeros sin tener concesión para prestar el servicio.
Por ahora los automóviles particulares permanecen en el corralón y no saldrán sino hasta que los dueños paguen las multas, que van de 50 a 500 salarios mínimos (de tres mil 500 a 35 mil pesos).
Hace unos días la DTEY anunció que se detendría a los vehículos de Uber, que apenas tiene unas semanas operando en Mérida.
La dependencia argumenta que la actividad de Uber no está incluida en la Ley Estatal de Transporte y, en consecuencia, están prestando un servicio ilegal.
