Noticias de Yucatán
(Proceso).- Desesperada, una joven grita a sus compañeros que dejen de arrojar piedras a la barrera de policías que avanza hacia ellos. El grupo de uniformados se dispersa y algunos irrumpen en el rancho Mena, en el ejido El Choropo del Valle de Mexicali. En ese momento el lugar se transforma en tierra sin ley.
Sin protocolos, los policías arremeten contra los manifestantes. Derriban a algunos de ellos mediante el uso excesivo de la fuerza y terminan por barrerlos. Tal fue el embate, que rompieron el cerco perimetral de una vivienda y arrojaron piedras a los ciudadanos y a la prensa que observan el zafarrancho del martes 16.
La represión gubernamental se dio en el mismo contexto de hace un año, cuando se organizaron los movimientos sociales para detener la privatización del agua, la construcción de un acueducto para uso de Constellation Brands, la cervecera que va por el agua del Valle de Mexicali.
Después de la trifulca del martes 16, funcionarios e integrantes del movimiento Mexicali Resiste anunciaron que emprenderán acciones legales, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió el expediente 185/2018 para determinar si existió abuso policiaco en el operativo.
Hace varias semanas, los directivos de la Policía Municipal “regañaron” a sus subalternos, entre ellos los integrantes del grupo que participó en la agresión de febrero de 2017, el mismo que actuó contra los manifestantes la semana pasada. Hoy, la lucha por el agua ha llegado a un nivel más alto.
La batalla campal
Eran las siete de la mañana del martes 16 cuando las alarmas se encendieron en el Campamento Mena –llamado así por el apellido de su propietario– en el ejido El Choropo, a nueve kilómetros de Mexicali.
El campamento está en poder de la resistencia mexicalense en protesta por la construcción de un acueducto. Los jóvenes asignados a la guardia avisaron a sus compañeros sobre el arribo de un grupo de por lo menos 60 policías, quienes bloquearon el único acceso a la comunidad rural.
Esperaban ser desalojados con el uso de la fuerza pública, para que la trasnacional Cadena –propiedad de un político priista– iniciara trabajos para conectar la tubería de 20 pulgadas a la red urbana para dotar de agua potable a la planta de Constellation Brands.
Ese punto –crucial para las intenciones de la corporación– fue bloqueado por integrantes de la Resistencia Civil, conformada por agrupaciones nacidas entre las protestas masivas de enero de 2017, ante los aumentos en el precio de los combustibles y la Ley de Agua, que tenía intenciones, encaminada a la privatización del vital líquido, según los líderes de las protestas.
Mientras funcionarios preparaban los actos protocolarios del 66 Aniversario de Baja California, grupos antimotines se posicionaron frente al rancho y los manifestantes salieron a bloquear el ingreso de las maquinarias.
Los policías utilizaron sus escudos antimotines y empujaron al pequeño grupo de inconformes de vuelta a la propiedad. Éstos llenaron cubetas de tierra y la arrojaron a los uniformados; luego los mojaron con una manguera en medio de gritos.
La barrera parecía inquebrantable hasta que una piedra de gran tamaño cruzó por encima de los escudos y se impactó en la excavadora. La acción fue replicada por el resto, quienes desde su trinchera comenzaron a arrojar objetos hacia la maquinaria. Poco a poco los cristales de la cabina sucumbieron a los impactos y terminaron por dejar en una situación vulnerable a su operador, quien optó por retirarse. Los agentes perdieron la primera batalla.
En la segunda reyerta resultó lesionado Roberto López, reportero de Canal 66, por una roca que se impactó contra su cabeza. Similar suerte corrió un policía ministerial que levantó el escudo para protegerse de la tierra que arrojaban, lo que fue aprovechado por un joven que golpeó su espinilla con un tubo; el agente fue retirado de la escena por sus compañeros.
Cuando los policías se retiraban, los inconformes se unieron para cantar el Himno Nacional.
Y la calma volvió por unas horas
Pasaron las horas y comenzaron las charlas entre policías y manifestantes. Intercambios amistosos acompañados de bromas; algunos uniformados incluso referían estar de acuerdo con la lucha, pero admitieron que sus intereses estaban del otro lado.
El tercer intento llegó alrededor de las 11:00 horas, anunciado por el ruidoso andar de la excavadora. “Todos listos”, gritaban los inconformes, mientras la “tira” de uniformados se reincorporaba.
Empleados de la constructora pretendían sorprender a los manifestantes instalando una barrera metálica en el vidrio frontal de la excavadora, además de reforzar los laterales con escudos antimotines de policías, pero no fue suficiente, pues “La Resistencia” aprovechó el cese al fuego para abastecerse de cascajo, por lo que ante el nuevo intento de tomar el terreno la lluvia de piedras fue abrumadora. Trabajadores y policías se replegaron cuando los cristales laterales se agrietaron.
El reloj alcanzó el mediodía. Los resistentes volvieron a abastecerse de rocas, tierra, palos, botellas y otros artefactos convertidos en armas, para continuar con la lucha.
Un manifestante cruzó entre varios uniformados y, según la declaración de los policías, dio un puñetazo a un agente e intentó correr. Fue detenido por varios uniformados que trataron de subirlo a la patrulla. Entre seis lo envolvieron, pero las mujeres enfurecidas salieron del campamento y enfrentaron a los captores, logrando rescatar a su compañero. En medio de la confusión, los agentes detuvieron a Daniel Véjar, un joven a quien nadie pudo salvar.
La pausa fue aprovechada por policías y manifestantes para comer. Representantes de la empresa Constellation Brands enviaron a los policías cajas con pollo y guarniciones de lechuga y frijoles. Los inconformes aprovecharon para comer tortas.
Pasadas las tres de la tarde se rompió la calma cuando el abogado de la trasnacional, Sergio Vega, llegó al inmueble y pidió hablar con algún jurista del movimiento. Armando Salinas lo encaró.
Vega mostró un documento con medidas de protección para su representado. Estaba firmado por el Ministerio Público. En él se justificaba el uso de la fuerza pública. Y Vega evidenció al propietario del terreno, Salvador Mena García, a quien presuntamente se le pagaron 6 mil 500 dólares por el pedazo de terreno para la construcción del acueducto.
La esposa de Mena García respondió que al representante del ejido y de la cervecera lo habían obligado a hacerlo y que en ningún momento les pagaron.
Salinas reclamó que esa zona era federal y que la transacción tendría que ser bajo un mandato de un Ministerio Público federal, no de autoridades locales. El abogado defensor intentó responder, pero fue silenciado por la muchedumbre que exigía su retirada.
Luego de jalones y empujones comenzó la cuarta batalla. Manifestantes mojaron el piso de terracería para que policías resbalaran con el lodo y volvieron los baños de tierra y rocas. Sin embargo, esta vez policías rompieron filas y se desató en enfrentamiento.
Las rocas cambiaron de dirección y se focalizaron en los escudos de los uniformados, para replegarlos, pero los oficiales continuaron avanzando. Luego se dispersaron y comenzaron a agredir a los manifestantes.
Desde el exterior, policías estatales arrojaron ladrillos, golpeando jóvenes y personas de la tercera edad, entre ellas a Tania Gallaga, una de las líderes de la agrupación. Ella fue agredida por un oficial, que le arrojó una piedra a escasos cinco metros de distancia. La sangre escurría en los cuerpos de ambos bandos.
El desorden se contagió en el campo de batalla donde policías equipados con cascos, escudos, botas tácticas, guantes y caretas, respondían a sus contrarios, quienes se defendían lanzándoles piedras.
León Fierro, otro de los líderes, corrió a su vehículo, un Nissan Sentra 2002 blanco, lo puso en marcha y lo dirigió hacia los uniformados, amagando con embestirlos, pero se detuvo al ser rodeado por varios de ellos. Los preventivos golpearon con sus puños los cristales del automóvil, intentando arrestarlo, pero Fierro dio reversa y empujó a varios agentes. Momentos después reculó y abandonó la unidad sin lesionar a nadie.
“Solo quería bloquear la entrada”, dijo en una entrevista posterior, afirmando que pudo arrollar a los oficiales, pero no era su intención.
En medio de la confusión, la reportera Aline Corpus, del diario Reforma, fue golpeada en el abdomen por una roca que lanzó un agente. La compañera, quien no participaba en la protesta, logró identificar al agresor, quien se perdió entre los uniformados.
Tomados del cuello o arrastrados por las calles, los agentes sacaron del patio a varios manifestantes y comenzaron a golpearlos frente a sus jefes. Los efectivos cesaron las acciones cuando uno de sus jefes gritó: “Nada más 30. Hay prensa, hay prensa”.
La pelea se prolongó por varios minutos hasta que preventivos se reagruparon fuera del inmueble. Tras conversar entre ellos reiniciaron el contraataque. Ingresaron al predio, algunos de ellos sin escudos, y comenzaron a golpear con sus puños y piedras a quien estuviera enfrente.
Todos corrían hacia diferentes puntos, algunos arrojando rocas y otros destruyeron un cerco perimetral para poder ingresar al terreno por diversos frentes y sorprender a los combatientes.
Jorge Benítez, uno de los activistas más aguerridos, fue el objetivo principal. Seis policías corrieron tras él para someterlo a punta de golpes y jaloneos. Lo trasladaron a la patrulla. Mostraba varias heridas en el rostro.
Esa última batalla campal fue la peor, pues policías no pretendían detener, sino lastimar a sus adversarios. Finalmente, los propios manifestantes decidieron no arriesgar más la integridad de nadie y permitieron el ingreso de la maquinaria en medio de gritos y amenazas, vigiladas en todo momento por los cuerpos de seguridad; cedieron por el bien de todos.
La versión del abogado Castilla
El abogado Arnoldo Castilla consideró que no había necesidad de llevar al uso de la fuerza y señaló que “no está dentro de sus funciones (la de los policías) agarrarse a pedradas”, luego que varios agentes respondieran la agresión de manifestantes.
Para el jurista se violaron todos los protocolos de acción policial y el operativo se volvió un pleito de barrio, donde la autoridad se bajó al nivel de los ciudadanos para enfrentarse en una batalla, cuando su obligación es salvaguardar la integridad de las personas.
Reconoció que integrantes de Mexicali Resiste cometieron actos reprobables, al arrojar piedras a policías, ya que no se puede hacer valer un derecho por medio de la violencia, pero consideró que faltaron mecanismos de acción por parte de policías y los mandos, para evitar que la situación se saliera de control.
Referente a la posibilidad de la detención, Castilla García aseveró que policías debieron hacer efectiva la flagrancia y actuar conforme a derecho, respetando los derechos de los ciudadanos, lo cual infortunadamente no ocurrió, pues hubo golpes y agresiones fuera del protocolo.
Excatedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, Castilla dijo que no era necesario el uso de la fuerza pública, máxime cuando se puede solucionar un problema mediante el diálogo.
Agregó que existe falta de información en el tema de la falta de agua y que deberían hacerse estudios serios sobre el tema, además de mesas de trabajo que permitan la expresión ciudadana. Y que el gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid necesita revisar el trabajo de sus asesores, pues el desalojo mediante el uso de la fuerza sólo atraerá más violencia.
“Desde hace tiempo, cuando se planteó este problema, debió abrirse al diálogo con buen ánimo de las dos partes, la sociedad bajacaliforniana no es ciega sorda o retrasada mental, nos damos cuenta y falta voluntad de ambas partes de dar solución al conflicto”, declaró el abogado.
“Kiko” reconoce malas acciones
La empresa Constellation Brands y el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, respaldaron las acciones de los policías municipales y estatales durante el operativo del martes 16 que duró casi 10 horas.
Sin embargo, el gobernador Vega de Lamadrid no fue tan complaciente con sus elementos. Admitió que hubo actos reprobables, tanto de manifestantes como de policías, por lo que se está documentando cada hecho para actuar conforme corresponda.
Sánchez Vásquez dijo desconocer sobre las agresiones policiacas y se limitó a declarar que los uniformados sólo atendieron múltiples reportes de emergencia, por lo que llegaron a salvaguardar a los ciudadanos. Además, reconoció la labor que diariamente realizan los agentes bajo su mando.
Por su parte, Constellation Brands emitió un comunicado de prensa donde señaló directamente a Filiberto Sánchez y a Rigoberto Campos como responsables de los desmanes ocasionados.
Reconocieron y valoraron la intervención de las autoridades y acusaron a los arriba mencionados como responsables de agredir la inversión nacional y extranjera “que vienen a generar un impacto positivo en la comunidad”.
Vega de Lamadrid afirmó que las acciones fueron muy violentas y reconoció que la intervención de las corporaciones policiacas no fue correcta en algunos puntos.
“No es correcto que hayan atacado vehículos, a ciudadanos; tampoco que hayan apedreado. No es correcto. Es lamentable que tengamos personas con heridas de gravedad, incluyendo a su compañero periodista. No es correcto, a nadie arrojarle orines y excremento humano.”
De igual forma, explicó que integrantes de esa agrupación tienen órdenes de aprehensión que serán cumplimentadas. Negó también que tenga negocio o esté trabajando para beneficio de la planta cervecera.
El mismo martes 16 la maquinaria de la constructora Cadena fue activada para realizar el trabajo del acueducto. Los manifestantes siguen ahí, luchando por el agua.
(Proceso).- Desesperada, una joven grita a sus compañeros que dejen de arrojar piedras a la barrera de policías que avanza hacia ellos. El grupo de uniformados se dispersa y algunos irrumpen en el rancho Mena, en el ejido El Choropo del Valle de Mexicali. En ese momento el lugar se transforma en tierra sin ley.
Sin protocolos, los policías arremeten contra los manifestantes. Derriban a algunos de ellos mediante el uso excesivo de la fuerza y terminan por barrerlos. Tal fue el embate, que rompieron el cerco perimetral de una vivienda y arrojaron piedras a los ciudadanos y a la prensa que observan el zafarrancho del martes 16.
La represión gubernamental se dio en el mismo contexto de hace un año, cuando se organizaron los movimientos sociales para detener la privatización del agua, la construcción de un acueducto para uso de Constellation Brands, la cervecera que va por el agua del Valle de Mexicali.
Después de la trifulca del martes 16, funcionarios e integrantes del movimiento Mexicali Resiste anunciaron que emprenderán acciones legales, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrió el expediente 185/2018 para determinar si existió abuso policiaco en el operativo.
Hace varias semanas, los directivos de la Policía Municipal “regañaron” a sus subalternos, entre ellos los integrantes del grupo que participó en la agresión de febrero de 2017, el mismo que actuó contra los manifestantes la semana pasada. Hoy, la lucha por el agua ha llegado a un nivel más alto.
La batalla campal
Eran las siete de la mañana del martes 16 cuando las alarmas se encendieron en el Campamento Mena –llamado así por el apellido de su propietario– en el ejido El Choropo, a nueve kilómetros de Mexicali.
El campamento está en poder de la resistencia mexicalense en protesta por la construcción de un acueducto. Los jóvenes asignados a la guardia avisaron a sus compañeros sobre el arribo de un grupo de por lo menos 60 policías, quienes bloquearon el único acceso a la comunidad rural.
Esperaban ser desalojados con el uso de la fuerza pública, para que la trasnacional Cadena –propiedad de un político priista– iniciara trabajos para conectar la tubería de 20 pulgadas a la red urbana para dotar de agua potable a la planta de Constellation Brands.
Ese punto –crucial para las intenciones de la corporación– fue bloqueado por integrantes de la Resistencia Civil, conformada por agrupaciones nacidas entre las protestas masivas de enero de 2017, ante los aumentos en el precio de los combustibles y la Ley de Agua, que tenía intenciones, encaminada a la privatización del vital líquido, según los líderes de las protestas.
Mientras funcionarios preparaban los actos protocolarios del 66 Aniversario de Baja California, grupos antimotines se posicionaron frente al rancho y los manifestantes salieron a bloquear el ingreso de las maquinarias.
Los policías utilizaron sus escudos antimotines y empujaron al pequeño grupo de inconformes de vuelta a la propiedad. Éstos llenaron cubetas de tierra y la arrojaron a los uniformados; luego los mojaron con una manguera en medio de gritos.
La barrera parecía inquebrantable hasta que una piedra de gran tamaño cruzó por encima de los escudos y se impactó en la excavadora. La acción fue replicada por el resto, quienes desde su trinchera comenzaron a arrojar objetos hacia la maquinaria. Poco a poco los cristales de la cabina sucumbieron a los impactos y terminaron por dejar en una situación vulnerable a su operador, quien optó por retirarse. Los agentes perdieron la primera batalla.
En la segunda reyerta resultó lesionado Roberto López, reportero de Canal 66, por una roca que se impactó contra su cabeza. Similar suerte corrió un policía ministerial que levantó el escudo para protegerse de la tierra que arrojaban, lo que fue aprovechado por un joven que golpeó su espinilla con un tubo; el agente fue retirado de la escena por sus compañeros.
Cuando los policías se retiraban, los inconformes se unieron para cantar el Himno Nacional.
Y la calma volvió por unas horas
Pasaron las horas y comenzaron las charlas entre policías y manifestantes. Intercambios amistosos acompañados de bromas; algunos uniformados incluso referían estar de acuerdo con la lucha, pero admitieron que sus intereses estaban del otro lado.
El tercer intento llegó alrededor de las 11:00 horas, anunciado por el ruidoso andar de la excavadora. “Todos listos”, gritaban los inconformes, mientras la “tira” de uniformados se reincorporaba.
Empleados de la constructora pretendían sorprender a los manifestantes instalando una barrera metálica en el vidrio frontal de la excavadora, además de reforzar los laterales con escudos antimotines de policías, pero no fue suficiente, pues “La Resistencia” aprovechó el cese al fuego para abastecerse de cascajo, por lo que ante el nuevo intento de tomar el terreno la lluvia de piedras fue abrumadora. Trabajadores y policías se replegaron cuando los cristales laterales se agrietaron.
El reloj alcanzó el mediodía. Los resistentes volvieron a abastecerse de rocas, tierra, palos, botellas y otros artefactos convertidos en armas, para continuar con la lucha.
Un manifestante cruzó entre varios uniformados y, según la declaración de los policías, dio un puñetazo a un agente e intentó correr. Fue detenido por varios uniformados que trataron de subirlo a la patrulla. Entre seis lo envolvieron, pero las mujeres enfurecidas salieron del campamento y enfrentaron a los captores, logrando rescatar a su compañero. En medio de la confusión, los agentes detuvieron a Daniel Véjar, un joven a quien nadie pudo salvar.
La pausa fue aprovechada por policías y manifestantes para comer. Representantes de la empresa Constellation Brands enviaron a los policías cajas con pollo y guarniciones de lechuga y frijoles. Los inconformes aprovecharon para comer tortas.
Pasadas las tres de la tarde se rompió la calma cuando el abogado de la trasnacional, Sergio Vega, llegó al inmueble y pidió hablar con algún jurista del movimiento. Armando Salinas lo encaró.
Vega mostró un documento con medidas de protección para su representado. Estaba firmado por el Ministerio Público. En él se justificaba el uso de la fuerza pública. Y Vega evidenció al propietario del terreno, Salvador Mena García, a quien presuntamente se le pagaron 6 mil 500 dólares por el pedazo de terreno para la construcción del acueducto.
La esposa de Mena García respondió que al representante del ejido y de la cervecera lo habían obligado a hacerlo y que en ningún momento les pagaron.
Salinas reclamó que esa zona era federal y que la transacción tendría que ser bajo un mandato de un Ministerio Público federal, no de autoridades locales. El abogado defensor intentó responder, pero fue silenciado por la muchedumbre que exigía su retirada.
Luego de jalones y empujones comenzó la cuarta batalla. Manifestantes mojaron el piso de terracería para que policías resbalaran con el lodo y volvieron los baños de tierra y rocas. Sin embargo, esta vez policías rompieron filas y se desató en enfrentamiento.
Las rocas cambiaron de dirección y se focalizaron en los escudos de los uniformados, para replegarlos, pero los oficiales continuaron avanzando. Luego se dispersaron y comenzaron a agredir a los manifestantes.
Desde el exterior, policías estatales arrojaron ladrillos, golpeando jóvenes y personas de la tercera edad, entre ellas a Tania Gallaga, una de las líderes de la agrupación. Ella fue agredida por un oficial, que le arrojó una piedra a escasos cinco metros de distancia. La sangre escurría en los cuerpos de ambos bandos.
El desorden se contagió en el campo de batalla donde policías equipados con cascos, escudos, botas tácticas, guantes y caretas, respondían a sus contrarios, quienes se defendían lanzándoles piedras.
León Fierro, otro de los líderes, corrió a su vehículo, un Nissan Sentra 2002 blanco, lo puso en marcha y lo dirigió hacia los uniformados, amagando con embestirlos, pero se detuvo al ser rodeado por varios de ellos. Los preventivos golpearon con sus puños los cristales del automóvil, intentando arrestarlo, pero Fierro dio reversa y empujó a varios agentes. Momentos después reculó y abandonó la unidad sin lesionar a nadie.
“Solo quería bloquear la entrada”, dijo en una entrevista posterior, afirmando que pudo arrollar a los oficiales, pero no era su intención.
En medio de la confusión, la reportera Aline Corpus, del diario Reforma, fue golpeada en el abdomen por una roca que lanzó un agente. La compañera, quien no participaba en la protesta, logró identificar al agresor, quien se perdió entre los uniformados.
Tomados del cuello o arrastrados por las calles, los agentes sacaron del patio a varios manifestantes y comenzaron a golpearlos frente a sus jefes. Los efectivos cesaron las acciones cuando uno de sus jefes gritó: “Nada más 30. Hay prensa, hay prensa”.
La pelea se prolongó por varios minutos hasta que preventivos se reagruparon fuera del inmueble. Tras conversar entre ellos reiniciaron el contraataque. Ingresaron al predio, algunos de ellos sin escudos, y comenzaron a golpear con sus puños y piedras a quien estuviera enfrente.
Todos corrían hacia diferentes puntos, algunos arrojando rocas y otros destruyeron un cerco perimetral para poder ingresar al terreno por diversos frentes y sorprender a los combatientes.
Jorge Benítez, uno de los activistas más aguerridos, fue el objetivo principal. Seis policías corrieron tras él para someterlo a punta de golpes y jaloneos. Lo trasladaron a la patrulla. Mostraba varias heridas en el rostro.
Esa última batalla campal fue la peor, pues policías no pretendían detener, sino lastimar a sus adversarios. Finalmente, los propios manifestantes decidieron no arriesgar más la integridad de nadie y permitieron el ingreso de la maquinaria en medio de gritos y amenazas, vigiladas en todo momento por los cuerpos de seguridad; cedieron por el bien de todos.
La versión del abogado Castilla
El abogado Arnoldo Castilla consideró que no había necesidad de llevar al uso de la fuerza y señaló que “no está dentro de sus funciones (la de los policías) agarrarse a pedradas”, luego que varios agentes respondieran la agresión de manifestantes.
Para el jurista se violaron todos los protocolos de acción policial y el operativo se volvió un pleito de barrio, donde la autoridad se bajó al nivel de los ciudadanos para enfrentarse en una batalla, cuando su obligación es salvaguardar la integridad de las personas.
Reconoció que integrantes de Mexicali Resiste cometieron actos reprobables, al arrojar piedras a policías, ya que no se puede hacer valer un derecho por medio de la violencia, pero consideró que faltaron mecanismos de acción por parte de policías y los mandos, para evitar que la situación se saliera de control.
Referente a la posibilidad de la detención, Castilla García aseveró que policías debieron hacer efectiva la flagrancia y actuar conforme a derecho, respetando los derechos de los ciudadanos, lo cual infortunadamente no ocurrió, pues hubo golpes y agresiones fuera del protocolo.
Excatedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, Castilla dijo que no era necesario el uso de la fuerza pública, máxime cuando se puede solucionar un problema mediante el diálogo.
Agregó que existe falta de información en el tema de la falta de agua y que deberían hacerse estudios serios sobre el tema, además de mesas de trabajo que permitan la expresión ciudadana. Y que el gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid necesita revisar el trabajo de sus asesores, pues el desalojo mediante el uso de la fuerza sólo atraerá más violencia.
“Desde hace tiempo, cuando se planteó este problema, debió abrirse al diálogo con buen ánimo de las dos partes, la sociedad bajacaliforniana no es ciega sorda o retrasada mental, nos damos cuenta y falta voluntad de ambas partes de dar solución al conflicto”, declaró el abogado.
“Kiko” reconoce malas acciones
La empresa Constellation Brands y el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vásquez, respaldaron las acciones de los policías municipales y estatales durante el operativo del martes 16 que duró casi 10 horas.
Sin embargo, el gobernador Vega de Lamadrid no fue tan complaciente con sus elementos. Admitió que hubo actos reprobables, tanto de manifestantes como de policías, por lo que se está documentando cada hecho para actuar conforme corresponda.
Sánchez Vásquez dijo desconocer sobre las agresiones policiacas y se limitó a declarar que los uniformados sólo atendieron múltiples reportes de emergencia, por lo que llegaron a salvaguardar a los ciudadanos. Además, reconoció la labor que diariamente realizan los agentes bajo su mando.
Por su parte, Constellation Brands emitió un comunicado de prensa donde señaló directamente a Filiberto Sánchez y a Rigoberto Campos como responsables de los desmanes ocasionados.
Reconocieron y valoraron la intervención de las autoridades y acusaron a los arriba mencionados como responsables de agredir la inversión nacional y extranjera “que vienen a generar un impacto positivo en la comunidad”.
Vega de Lamadrid afirmó que las acciones fueron muy violentas y reconoció que la intervención de las corporaciones policiacas no fue correcta en algunos puntos.
“No es correcto que hayan atacado vehículos, a ciudadanos; tampoco que hayan apedreado. No es correcto. Es lamentable que tengamos personas con heridas de gravedad, incluyendo a su compañero periodista. No es correcto, a nadie arrojarle orines y excremento humano.”
De igual forma, explicó que integrantes de esa agrupación tienen órdenes de aprehensión que serán cumplimentadas. Negó también que tenga negocio o esté trabajando para beneficio de la planta cervecera.
El mismo martes 16 la maquinaria de la constructora Cadena fue activada para realizar el trabajo del acueducto. Los manifestantes siguen ahí, luchando por el agua.
