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Heckler & Koch es investigada por un presunto soborno a diputados alemanes para aprobar la venta de armas a México.
La investigación se inició a partir de unos correos electrónicos intervenidos al exgerente de Heckler & Koch, Peter Beyerle, quien habría sido responsable de entregar 10 mil euros a una asociación de la Unión Cristianodemócrata, partido de la canciller Angela Merkel; además de otros 5 mil euros a dos parlamentarios del Partido Liberal.
Según la televisión pública alemana ARD, la Fiscalía de Stuttgart ha abierto una investigación contra el exdirectivo por el presunto soborno entre 2009 y 2010, con el objetivo de lograr el permiso necesario para la exportación de fusiles y ametralladoras a México.
De acuerdo con lo difundido por la televisora, tres semanas después de la transferencia, Beyerle escribió al jefe de su grupo parlamentario en el Bundestag, Volker Kauder, para pedirle su apoyo en la concesión del permiso de exportación.
El portavoz de la Fiscalía de Stuttgart, Heiner Römhild, indicó a ARD que se investiga si estas donaciones a los partidos tuvieron algún efecto en la concesión del permiso otorgado a Heckler & Koch para exportar las armas a México.
El 15 de mayo, la Audiencia Provincial de Stuttgart abrió un proceso por presunta exportación ilegal de armas a México contra seis exempleados de Heckler & Koch, luego que la Fiscalía considerase que los acusados violaron en varias ocasiones la ley de control de exportación de armas.
Los acusados son investigados por vender, entre 2006 y 2009, unos 4 mil 500 fusiles, ametralladores y municiones, por valor de 4.1 millones de euros; las armas habrían sido enviadas a territorios mexicanos en conflicto por el narcotráfico: Guerrero, Jalisco, Chiapas y Chihuahua.
Los acusados rechazaron los cargos y aseguraron que la venta de las armas a esas áreas problemáticas fue realizada por las autoridades mexicanas.
En el centro de este proceso, que continuará hasta octubre, está una reglamentación que exige a los compradores de armas alemanas una declaración sobre el destino de las mismas.
La investigación deberá aclarar si los acusados tenían información sobre esa reglamentación, así como el papel desempeñado por la empresa. EFE
