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En terrenos de la Comunidad de Montes de Valladares, en Vigo, se venía practicando desde hace años actividades de bicicletas de montaña y, ocasionalmente, alguna de motocross, pero el elevado número de aficionados que fueron llenando el circuito acabó por crispar a un amplio sector de los comuneros. A media tarde del 14 de septiembre de 2014, la pista se convirtió en una trampa para los deportistas que bajaban con sus bicicletas a gran velocidad por uno de los tramos del recorrido al toparse con árboles y piedras de grandes dimensiones que solamente la mano del hombre había podido colocar allí.
Diego, uno de los ciclistas amateur que conocía a la perfección el camino y todos sus obstáculos, se percató de que iba a saltar sobre una piedra que no formaba parte del trayecto habitual, pero no pudo reaccionar. Al caer sobre ella se lesionó gravemente, quedando tetrapléjico y confinado desde entonces en una silla de ruedas. Cuatro años después, la Audiencia de Pontevedra ha llevado a juicio al que fuera vicepresidente de la Comunidad de Montes cuando se produjo el trágico accidente del deportista. A J.C.A., la fiscalía le responsabiliza de dar las órdenes a cuatro empleados de la asociación para que pusieran los obstáculos a los ciclistas. Pide condenas para todos ellos de dos años y seis meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave, que indemnicen a la víctima con 1,2 millones de euros y también a su mujer con una cantidad superior a los cien mil euros por alteración de su vida.
Durante las sesiones del juicio ha quedado claro que la acción fue premeditada para “hacer daño”, después de escuchar el testimonio de varios ciclistas que ese día también entrenaron en el monte Alba y agentes de la Policía Local de Vigo que realizaron la investigación. A la espera del veredicto del tribunal, ni el fiscal ni la acusación particular han logrado descifrar el enigma: ¿Quién puso allí la piedra de unos 500 kilogramos de peso contra la que se golpeó Diego? Aunque los procesados se han defendido diciendo que cualquiera pudo colocar esos obstáculos, negando todas las acusaciones, el fiscal tiene clara la secuencia de los hechos. Sostiene que el vicepresidente de los comuneros, que era responsable de la conservación del monte, actuó “con el propósito de impedir o cuando menos dificultar la práctica de las actividades deportivas, por lo que ordenó a la cuadrilla encargada de los trabajos de mantenimiento la corta de árboles y la colocación de obstáculos, en concreto piedras de grandes dimensiones”. Una traslación intencionada que delataron las huellas que aparecieron sobre el terreno.
El día del accidente, hacía las seis y media de la tarde, la cuadrilla de operarios había colocado varias piedras en el camino que movieron de su emplazamiento originario y que resultaban unos obstáculos imprevisibles para los ciclistas, relató el fiscal. En esos momentos transitaba por allí con su bicicleta Diego, y al llegar a una de las piedras y verse sorprendido por su nueva ubicación cuando realizaba un salto, cayó sobre ella sufriendo graves lesiones irreversibles por la que el INSS le reconoció una incapacidad permanente en grado absoluta. Aunque no hay una prueba directa porque nadie vio a los operarios talar árboles ni mover las piedras, la acusación particular ha coincidido con el fiscal en que hay suficientes indicios de que el accidente fue provocado. “Había que reventar el camino porque estaban cansados de que los ciclistas utilizasen su monte”, zanjó el letrado. “La piedra no solo se puso en el camino de forma arbitraria, sino que su colocación fue una estrategia despiadada, aviesa y perversa, para que no se pudiese ver desde la bicicleta”, incidió.
Pero los tres letrados de la defensa han tratado de desmontar la teoría de la conspiración y han insistido en la inocencia de los cuatro acusados: Hay cuerpo del delito pero no sus autores. "No se sabe quién puso la piedra y, por tanto, pudo ser cualquiera", fue en síntesis la estrategia de defensa de los abogados. Aunque han admitido las malas relaciones entre la comunidad de montes y los ciclistas, han defendido que el episodio que se juzgó fue el resultado de un accidente fortuito y que “estos deportistas son conscientes del riesgo que asumen".
En terrenos de la Comunidad de Montes de Valladares, en Vigo, se venía practicando desde hace años actividades de bicicletas de montaña y, ocasionalmente, alguna de motocross, pero el elevado número de aficionados que fueron llenando el circuito acabó por crispar a un amplio sector de los comuneros. A media tarde del 14 de septiembre de 2014, la pista se convirtió en una trampa para los deportistas que bajaban con sus bicicletas a gran velocidad por uno de los tramos del recorrido al toparse con árboles y piedras de grandes dimensiones que solamente la mano del hombre había podido colocar allí.
Diego, uno de los ciclistas amateur que conocía a la perfección el camino y todos sus obstáculos, se percató de que iba a saltar sobre una piedra que no formaba parte del trayecto habitual, pero no pudo reaccionar. Al caer sobre ella se lesionó gravemente, quedando tetrapléjico y confinado desde entonces en una silla de ruedas. Cuatro años después, la Audiencia de Pontevedra ha llevado a juicio al que fuera vicepresidente de la Comunidad de Montes cuando se produjo el trágico accidente del deportista. A J.C.A., la fiscalía le responsabiliza de dar las órdenes a cuatro empleados de la asociación para que pusieran los obstáculos a los ciclistas. Pide condenas para todos ellos de dos años y seis meses de prisión por un delito de lesiones por imprudencia grave, que indemnicen a la víctima con 1,2 millones de euros y también a su mujer con una cantidad superior a los cien mil euros por alteración de su vida.
Durante las sesiones del juicio ha quedado claro que la acción fue premeditada para “hacer daño”, después de escuchar el testimonio de varios ciclistas que ese día también entrenaron en el monte Alba y agentes de la Policía Local de Vigo que realizaron la investigación. A la espera del veredicto del tribunal, ni el fiscal ni la acusación particular han logrado descifrar el enigma: ¿Quién puso allí la piedra de unos 500 kilogramos de peso contra la que se golpeó Diego? Aunque los procesados se han defendido diciendo que cualquiera pudo colocar esos obstáculos, negando todas las acusaciones, el fiscal tiene clara la secuencia de los hechos. Sostiene que el vicepresidente de los comuneros, que era responsable de la conservación del monte, actuó “con el propósito de impedir o cuando menos dificultar la práctica de las actividades deportivas, por lo que ordenó a la cuadrilla encargada de los trabajos de mantenimiento la corta de árboles y la colocación de obstáculos, en concreto piedras de grandes dimensiones”. Una traslación intencionada que delataron las huellas que aparecieron sobre el terreno.
El día del accidente, hacía las seis y media de la tarde, la cuadrilla de operarios había colocado varias piedras en el camino que movieron de su emplazamiento originario y que resultaban unos obstáculos imprevisibles para los ciclistas, relató el fiscal. En esos momentos transitaba por allí con su bicicleta Diego, y al llegar a una de las piedras y verse sorprendido por su nueva ubicación cuando realizaba un salto, cayó sobre ella sufriendo graves lesiones irreversibles por la que el INSS le reconoció una incapacidad permanente en grado absoluta. Aunque no hay una prueba directa porque nadie vio a los operarios talar árboles ni mover las piedras, la acusación particular ha coincidido con el fiscal en que hay suficientes indicios de que el accidente fue provocado. “Había que reventar el camino porque estaban cansados de que los ciclistas utilizasen su monte”, zanjó el letrado. “La piedra no solo se puso en el camino de forma arbitraria, sino que su colocación fue una estrategia despiadada, aviesa y perversa, para que no se pudiese ver desde la bicicleta”, incidió.
Pero los tres letrados de la defensa han tratado de desmontar la teoría de la conspiración y han insistido en la inocencia de los cuatro acusados: Hay cuerpo del delito pero no sus autores. "No se sabe quién puso la piedra y, por tanto, pudo ser cualquiera", fue en síntesis la estrategia de defensa de los abogados. Aunque han admitido las malas relaciones entre la comunidad de montes y los ciclistas, han defendido que el episodio que se juzgó fue el resultado de un accidente fortuito y que “estos deportistas son conscientes del riesgo que asumen".
Fuente: El universal
