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El sexenio de Miguel Márquez Márquez sumó la cifra más alta de homicidios en la historia de Guanajuato, con más de 6 mil personas asesinadas de septiembre de 2012 al cierre de su mandato, entre los que se cuenta decenas de policías, víctimas colaterales, mujeres y niños.
Parte de esta violencia se debe a la disputa que mantienen diferentes grupos criminales —como el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— por el control del territorio en delitos como tráfico de drogas y, sobre todo, la extracción ilegal de combustible en los ductos Pemex de la refinería de Salamanca, que en los últimos años ha sido un negocio lucrativo para diferentes bandas.
El pasado 26 de septiembre, Miguel Márquez entregó el estado a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo —quien se convirtió en el sexto gobernador panista electo desde 1991— en medio de jornadas violentas, sobre todo en septiembre, mes en el que se registraron más de 240 asesinatos (según recuento periodístico); el pasado jueves 20 fue uno de los días más cruentos, con 25 homicidios en diferentes municipios del estado, entre ellos el de un empleado de Pemex en Salamanca.
Indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan el alza de homicidios que se ha registrado en Guanajuato desde la llegada de Miguel Márquez a la gubernatura y hasta que entregó el cargo: en 2013 se registraron 641 homicidios dolosos, al siguiente año fueron 709, en 2015 llegaron a 863, en 2016 repuntaron a 947, aun así estuvo abajo de los mil 84 asesinatos denunciados en la procuraduría estatal en 2017, y de enero a agosto de 2018, fueron mil 671 homicidios.
A pesar de estos altos niveles de violencia, el nuevo gobierno de Diego Sinhué ha decidido mantener en sus cargos a Carlos Zamarripa Aguirre como procurador de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública a Alvar Cabeza de Vaca, quienes estuvieron en sus cargos todo el mandato de Márquez.
La inversión de 2 mil 700 millones de pesos del programa de Seguridad Escudo en los primeros dos años del gobierno de Márquez y la construcción de la base de la Policía Militar para 2 mil 300 soldados no lograron contener al crimen organizado.
En sus últimos días como mandatario, Márquez mencionó que sí se pudo haber hecho mucho más, pero que la ley vigente no ayuda, pues es como “puerta giratoria” para delincuentes.
Los cárteles
En octubre de 2017 la visibilización del Cártel Santa Rosa de Lima en la entidad, al mando de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, y la extensión del CJNG en el corredor industrial disparó la incidencia criminal.
En la disputa por la plaza para el huachicoleo y el control en el comercio de las drogas, los criminales han recurrido a expresiones sanguinarias y a desafíos directos al estado, donde han atacado a elementos de Seguridad Pública con un saldo de 60 elementos abatidos (estatales, municipales y de la procuraduría), como ocurrió el 11 de agosto pasado cuando fue asesinado en León el comandante del Grupo de Reacción de la Policía Municipal, Antonio de Jesús Báez Tapia, en una avenida principal.
Otro de los casos recientes es el homicidio del candidato de Morena a la presidencia municipal de Apaseo El Alto, José Remedios Aguirre Sánchez, el 11 de mayo.
Pero también comandos han irrumpido en templos, bares, restaurantes, salones de fiestas y hasta funerales con total impunidad.
Entre los modus operandi de los grupos delictivos está el subir en redes sociales videos en los que se amenazan entre sí y hacen alarde del poderoso armamento que tienen.
El otro negocio
Reportes de inteligencia militar identificaron la guerra existente entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG por el territorio conocido como Triángulo del Huachicol, por el que pasan 700 kilómetros de ductos de Pemex en los municipios del corredor industrial y del sur del estado.
La violencia está marcada en los municipios cercanos a los ductos como Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Cortázar, Yuriria, los Apaseos, Celaya, Salvatierra, Villagrán, Salamanca, Irapuato, Silao, León, Cuerámaro, Pénjamo y Abasolo.
Por esta actividad, Guanajuato cerró 2017 a la cabeza de los estados con más tomas clandestinas detectadas: mil 852, de acuerdo con el reporte anual de Pemex. En tanto, la Policía Federal informó que en el primer semestre de 2018 se decomisaron casi 10 millones de litros de hidrocarburo robado en territorio guanjuatense.
En octubre de 2013, fuerzas federales realizaron un operativo en la Refinería Antonio M. Amor de Salamanca en el que se detuvo a 39 empleados presuntamente vinculados al robo de hidrocarburos, pero la actividad continuó. En octubre de 2017 fueron despedidos cuatro trabajadores que manipulaban los dispositivos electrónicos para cargar los camiones cisterna.
Fuente: El universal
Parte de esta violencia se debe a la disputa que mantienen diferentes grupos criminales —como el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— por el control del territorio en delitos como tráfico de drogas y, sobre todo, la extracción ilegal de combustible en los ductos Pemex de la refinería de Salamanca, que en los últimos años ha sido un negocio lucrativo para diferentes bandas.
El pasado 26 de septiembre, Miguel Márquez entregó el estado a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo —quien se convirtió en el sexto gobernador panista electo desde 1991— en medio de jornadas violentas, sobre todo en septiembre, mes en el que se registraron más de 240 asesinatos (según recuento periodístico); el pasado jueves 20 fue uno de los días más cruentos, con 25 homicidios en diferentes municipios del estado, entre ellos el de un empleado de Pemex en Salamanca.
Indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan el alza de homicidios que se ha registrado en Guanajuato desde la llegada de Miguel Márquez a la gubernatura y hasta que entregó el cargo: en 2013 se registraron 641 homicidios dolosos, al siguiente año fueron 709, en 2015 llegaron a 863, en 2016 repuntaron a 947, aun así estuvo abajo de los mil 84 asesinatos denunciados en la procuraduría estatal en 2017, y de enero a agosto de 2018, fueron mil 671 homicidios.
A pesar de estos altos niveles de violencia, el nuevo gobierno de Diego Sinhué ha decidido mantener en sus cargos a Carlos Zamarripa Aguirre como procurador de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública a Alvar Cabeza de Vaca, quienes estuvieron en sus cargos todo el mandato de Márquez.
La inversión de 2 mil 700 millones de pesos del programa de Seguridad Escudo en los primeros dos años del gobierno de Márquez y la construcción de la base de la Policía Militar para 2 mil 300 soldados no lograron contener al crimen organizado.
En sus últimos días como mandatario, Márquez mencionó que sí se pudo haber hecho mucho más, pero que la ley vigente no ayuda, pues es como “puerta giratoria” para delincuentes.
Los cárteles
En octubre de 2017 la visibilización del Cártel Santa Rosa de Lima en la entidad, al mando de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, y la extensión del CJNG en el corredor industrial disparó la incidencia criminal.
En la disputa por la plaza para el huachicoleo y el control en el comercio de las drogas, los criminales han recurrido a expresiones sanguinarias y a desafíos directos al estado, donde han atacado a elementos de Seguridad Pública con un saldo de 60 elementos abatidos (estatales, municipales y de la procuraduría), como ocurrió el 11 de agosto pasado cuando fue asesinado en León el comandante del Grupo de Reacción de la Policía Municipal, Antonio de Jesús Báez Tapia, en una avenida principal.
Otro de los casos recientes es el homicidio del candidato de Morena a la presidencia municipal de Apaseo El Alto, José Remedios Aguirre Sánchez, el 11 de mayo.
Pero también comandos han irrumpido en templos, bares, restaurantes, salones de fiestas y hasta funerales con total impunidad.
Entre los modus operandi de los grupos delictivos está el subir en redes sociales videos en los que se amenazan entre sí y hacen alarde del poderoso armamento que tienen.
El otro negocio
Reportes de inteligencia militar identificaron la guerra existente entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG por el territorio conocido como Triángulo del Huachicol, por el que pasan 700 kilómetros de ductos de Pemex en los municipios del corredor industrial y del sur del estado.
La violencia está marcada en los municipios cercanos a los ductos como Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Cortázar, Yuriria, los Apaseos, Celaya, Salvatierra, Villagrán, Salamanca, Irapuato, Silao, León, Cuerámaro, Pénjamo y Abasolo.
Por esta actividad, Guanajuato cerró 2017 a la cabeza de los estados con más tomas clandestinas detectadas: mil 852, de acuerdo con el reporte anual de Pemex. En tanto, la Policía Federal informó que en el primer semestre de 2018 se decomisaron casi 10 millones de litros de hidrocarburo robado en territorio guanjuatense.
En octubre de 2013, fuerzas federales realizaron un operativo en la Refinería Antonio M. Amor de Salamanca en el que se detuvo a 39 empleados presuntamente vinculados al robo de hidrocarburos, pero la actividad continuó. En octubre de 2017 fueron despedidos cuatro trabajadores que manipulaban los dispositivos electrónicos para cargar los camiones cisterna.
Fuente: El universal
