(apro).- En las próximas horas entrará en vigor el plan de la administración de Donald Trump conocido como “Quédate en México”: las autoridades estadunidenses devolverán a México -en la garita de Tijuana-, a un grupo de 20 personas originarias de distintos países de Centroamérica que pidieron asilo en Estados Unidos para que permanezcan en el país hasta que llegue la fecha de su audiencia ante un juez migratorio.
El Departamento de Seguridad Interna (DHS) anunció el arranque de lo que llamó -de manera cínica- “Protocolos de Protección a Migrantes”, que establecen la devolución de solicitantes de asilo a México, con el objetivo anunciado de “desincentivar a los individuos de intentar una entrada ilegal y de hacer falsas declaraciones para permanecer en Estados Unidos (…) en su lugar, recibirán asistencia humanitaria ahí (en México)”.
Si bien el gobierno mexicano indicó que “no coincide” con la “medida unilateral” de Washington, en realidad acató las órdenes de Trump, pues recibirá a los solicitantes de asilo y les proporcionará “asistencia humanitaria”, excepto a los menores de edad no acompañados, las personas con problemas de salud, las familias enteras –en algunos casos-, o las personas que hayan apelado una decisión negativa del juez de migración de Estados Unidos.
En un posicionamiento, el gobierno federal planteó que informará a los gobiernos de Baja California y de Tijuana sobre esta nueva situación.
Funcionarios estadunidenses informaron al gobierno mexicano que “en una primera fase de implementación presentaría a la garita de San Ysidro hasta 20 personas por día para su retorno a México; su pretensión es que esta medida se extienda paulatinamente a los demás puntos de entrada en la frontera común”, según el posicionamiento emitido hoy.
La administración de Trump enunció estos planteamientos a la de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de tres reuniones “técnico operativas” que realizaron funcionarios de ambos países desde la navidad pasada.
“La parte mexicana comunicó que, en cualquier caso, la entrega de las personas devueltas a México debe realizarse cumpliendo las formalidades que establecen las leyes mexicanas”, planteó el gobierno.
De manera general, “el gobierno de México no coincide con la medida unilateral implementada por el Gobierno de Estados Unidos”, aseguró. Inmediatamente después, añadió: “No obstante, y en congruencia con nuestra nueva política migratoria, reiteramos el compromiso con las personas migrantes y los derechos humanos”.
El DHS informó que las autoridades entregarán a los solicitantes de asilo una ficha en la que aparecerá la fecha de su audiencia y los devolverán a México, “incluyendo a los extranjeros que expresan su miedo de retornar a México” si los agentes determinan que estos riesgos no son válidos.
A la par, el DHS planteó que pidió al Departamento de Justicia que acelere los juicios de migración para “concluir los procesos de expulsión de manera más expedita posible”.
“Los PPM reducirán el número de extranjeros que sacan ventaja de las leyes estadunidenses y desincentivarán las falsas solicitudes de asilo. Ya no permitirán a los extranjeros que desaparezcan en Estados Unidos”.
