La ONU presentó al Senado una contrapropuesta para acotar la posible violación de derechos humanos con la operación de la Guardia Nacional, al insistir en que la jurisdicción militar, misma que debe ser circunscribirse a un hábito excepcional, restringido y extraordinario.
Al participar en el foro donde se revisa la constitucionalidad y convencionalidad de la Guardia Nacional, a través del mecanismo de Parlamento Abierto, el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab,presentó seis propuestas para modificar la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
Planteó que los detenidos no sean llevados a cárceles militares, eliminar los componentes castrenses en su diseño, sujetarla a un estricto control democrático de orden civil, generar un programa de fortalecimiento de todas las corporaciones civiles.
Además, de contemplarse un papel para las fuerzas armadas, el mismo debe ser considerado en el régimen transitorio de la reforma.
“Sujetarse a un plazo perentorio de vigencia acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos los dictados por la Corte Interamericana es el Caso Alvarado”.
Ante los integrantes de las comisiones dictaminadoras y especialistas, Jan Jarab insistió en que lo normal en un Estado democrático es enfrentar la delincuencia con el fortalecimiento de las policías civiles y del sistema de justicia penal. “¿Entonces por qué estamos discutiendo una propuesta que propiamente renuncia a fortalecer la institucionalidad civil en materia de seguridad e incluso aspira a desaparecer la principal corporación civil existente”, cuestionó el representante de la ONU.
Al abundar que las respuestas en México han sido que corporaciones civiles son débiles, poco profesionales y no se puede contar con ellos, “pero si son débiles y no han crecido suficientemente en los últimos años no es entonces tiempo para impulsar su crecimiento, para profesionalizarlas”.
Jarab dijo que la ONU reitera su convicción de que si México quiere recuperar su tranquilidad tiene que hacerlo a través del fortalecimiento de los pilares ordinarios de todo Estado democrático de derecho y no robusteciendo lo que debería ser extraordinario y que lo socava.
Insistió en que la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en la última década ha sido un fracaso e inclusive los estados con la mayor presencia militar como Guerrero o Tamaulipas siguen siendo los más violentos.
Por ello preocupa que ahora se quiera crear una nueva corporación “con fuertes características militares y además constitucionalizar y hacer permanente la participación castrense en estas tareas”, sobre todo porque la milicia se enfoca a la eliminación del enemigo y no en la prevención, contención, investigación del delito, con el quebrantamiento de los derechos humanos.
Resaltó la gran debilidad del sistema de justicia que termine en impunidad, causada por la mala calidad de la investigación y de la procuración de justicia, pero dijo que la investigación del orden militar no será más eficaz, además de que está demostrado que la letalidad de enfrentamientos entre fuerzas armadas y civiles tiene una alta letalidad.
“Sin embargo hoy se pretende eludir la supresión de la política del derecho y elevar a rango constitucional lo que debería de ser una política extraordinaria, temporal, restringida, subordinada, complementaria, regulado y fiscalizada por retomar los elementos tomados y dictados por la corte interamericana de derechos humanos en el caso de la familia Alvarado”, refrendó la ONU.
Al puntualizar que por ello no pasa la prueba de la convencionalidad.
Milenio.
