La verificación vehícular y la reglamentación de los mototaxis fueron los temas que se desarrollaron este martes en la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura, por otro lado, representantes de 50 núcleos ejidales de la península de Yucatán sostuvieron una reunión con autoridades federales y estatales para discutir temas referentes a despojos y contaminación, donde el delegado de la Procuraduría Agraria, Alfredo Dominguez Gómez, advirtió que no se tolerarán actos de corrupción.
Durante la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano se distribuyeron cinco iniciativas, de las cuales también se solicitó la elaboración de sus fichas técnicas y cuadros comparativos para continuar con su análisis, al igual que se acordó realizar una metodología para tratar estos temas y discutirlo con especialistas en el ramo.
Se distribuyeron las propuestas para reformar la Ley de Tránsito y Vialidad, una de Víctor Sánchez Roca y dos de Miguel Rodríguez Baqueiro, así como otra para reformar la Ley de Transporte y una última para crear la Ley de Seguridad Vial, ambas de Movimiento Ciudadano.
Marcos Rodríguez Ruz (PRI), propuso que para reforzar el análisis de estos asuntos sería recomendable invitar a especialistas en el tema, mientras que Leticia Euán Mis (Morena) anunció que presentará una iniciativa para que estos temas se traten en comisiones conjuntas con la de Desarrollo Municipal, Regional y Zonas Metropolitanas, la cual preside.
En asuntos generales, Milagros Romero Bastarrachea (MC) solicitó a la presidencia de la comisión que el Ejecutivo estatal aclare qué postura toma referente a la verificación vehicular, porque al principio se indicó que se aplicaría a vehículos particulares y después se informó que sólo al transporte público, además de que no existe una iniciativa al respecto.
Manuel Díaz Suárez (PAN), agregó que debe respetarse el estado de derecho.
En otros temas, Marcos Rodríguez Ruz (PRI) señaló que este cuerpo colegiado debe trabajar en la regularización de los mototaxis, porque los conductores de este medio de transporte tramitan sus placas en otros estados para poder trabajar en la entidad.
Silvia López Escoffié (MC) advirtió que nunca se ha reglamentado a los mototaxistas, por lo que también se debe revisar la Ley de Transporte para que el Ejecutivo modifique el Reglamento en la materia.
“No hay que tenerle miedo al servicio de mototaxi, que se da en el mundo entero, como en China, la India, incluso en París. No es algo peligroso siempre y cuando se cumplan las normativas”, agregó.
Amplían atribuciones
En sesión de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad la iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, su Reglamento, la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública y el Reglamento Interior de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASEY), para un mejor análisis y constancia de las auditorías realizadas a los sujetos obligados.
Alejandro Cuevas Mena (PRD), impulsor de la propuesta junto con Warnel May Escobar (PRI), reconoció la voluntad de los diputados para enriquecer esta iniciativa, en particular del PAN, Movimiento Ciudadano y el PRI, porque lo que se busca es regresar atribuciones a esta soberanía y a los órganos de control.
Como es el caso, agregó que las convocatorias, multas y auditorías de la Unidad sean aprobadas por la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, para vigilar más de cerca a la ASEY.
Reunión histórica
Mientras se llevaban a cabo los debates en comisiones, más de media centena de representantes de diferentes ejidos de los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán expusieron su problemática ante autoridades de la Procuraduría Agraria.
A decir de integrantes de la Central Campesina Cardenista y de Frente de la Defensa de la Vida y el Desarrollo, tan sólo en la ciudad de Mérida se han despojado más de 10 mil hectáreas por parte de grupos empresariales a sus dueños originales.
Al hacer uso de la palabra, el funcionario federal reconoció que por años los derechos de los ejidatarios han sido pisoteados con actos de corrupción, por lo que advirtió que a partir del 1 de diciembre del año pasado la deshonestidad en los litigios agrarios llegó a su fin.
La Jornada Maya
