El juicio contra
dos monjas y otras siete mujeres acusadas en una causa por abuso de
niños sordos en un internado en Argentina comenzó este lunes, después de haber
sido pausado en abril por el aislamiento por covid-19 de una de las imputadas.
Sin acceso a la
prensa, el juicio se desarrolla de forma semipresencial en la ciudad de Mendoza
y ninguna de las imputadas acudió personalmente al tribunal, sino que
participaron de forma remota, indicaron fuentes judiciales.
Este es el segundo
proceso en un caso donde fueron condenados a más de 40 años de cárcel dos curas
católicos por los abusos y violaciones de niños de entre 4 y 17 años cometidos
entre 2004 y 2006 en el Instituto Próvolo de Mendoza.
Las acusadas son
las monjas japonesa Kumiko Kosaka de 46 años, y la paraguaya Asunción Martínez,
de 53 años, además de la representante legal del Próvolo, una psicóloga, una
cocinera y cuatro directoras de la institución.
Nueve mujeres han
sido acusadas por ser quienes entregaban menores a los curas para cometer
abusos, por ahora, la monja Kosaka afronta los cargos más graves por abuso
sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primario por omisión y es la
única en prisión domiciliaria preventiva.
Al resto se las
acusa por corrupción de menores y participación por omisión, por su parte,
Carlos Varela Álvarez, defensor de las dos monjas, consideró que “sin duda,
existe una sentencia condenatoria mediática y social adelantada”, esto fue
dicho en una declaración pública emitida este lunes.
“Sobre ellas, en
especial sobre Kumiko Kosaka, que lleva cuatro años detenida sin sentencia, se
ha dicho de todo”, señaló, al cuestionar la labor de los intérpretes de la
fiscalía que tradujeron las declaraciones en lenguaje de señas de los menores
abusados.
Se estima que el
proceso durará unos seis meses e incluirá a más de un centenar de testigos. En
tanto, “las familias estamos expectantes, es como si se abriera un portal que
habilita muchos recuerdos, una tristeza infinita porque nada nos va a devolver
todo los que nos robaron”, dijo a la AFP Érica Labeguerie, hermana de Claudia,
una de las víctimas, hoy de 27 años y madre de un niño.
Asunción Martínez,
es procesada como partícipe primaria, mientras que la apoderada legal del
Próvolo, Graciela Pascual, a quien los chicos reconocían como “la jefa”, tendrá
que explicar la presunta “omisión”.
“La mujer trabajaba
con el director del instituto, el cura Nicola Corradi, de 84 años que recibió
una sentencia a 42 años de prisión tras el primero de los juicios, en noviembre
de 2019”, publicó el medio A24.
En el juicio que
empieza este lunes se imputa a ex directoras Gladys Pinacca, Valeska Quintana,
Cristina Leguiza y Laura Gaetán. Además a la psicóloga Cecilia Raffo y la cocinera
Noemí Paz, en el caso se las acusa como partícipes necesarias o secundarias por
omisión.
“Todas ellas, por
acción u omisión, permitieron que les sobrevivientes atravesaran el horror;
todas ellas posibilitaron que los abusos, torturas e indescriptibles
aberraciones se cometieran contra niñas y niños sordas/os en el Instituto
Próvolo de Mendoza. ¡Recordemos sus nombres! Exijamos justicia para que hechos
como los sucedidos no vuelvan a ocurrir nunca más ni en Mendoza, ni en ninguna
parte del mundo”, asegura un comunicado desde el Colectivo por la Restitución
de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo.
El proceso comenzó
en 2016 con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y
sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto,
contra niños y adolescentes.
El sacerdote
Horacio Hugo Corbacho fue condenado a 45 años de prisión, el cura italiano
Nicola Corradi recibió una pena de 42 años y el exempleado Armando Gómez, 18
años.
El cura Corradi
llegó a Argentina en 1970 desde el Próvolo de Verona, Italia, tras ser
trasladado por la Iglesia Católica luego de denuncias de abusos.
Se hizo cargo
primero del Instituto Próvolo de La Plata y desde 1998 del de Mendoza hasta que
fue arrestado en noviembre de 2016.
