El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) publicó su informe sobre la situación de violencia, marginación y violaciones a los derechos humanos que se viven en Chiapas.
El Centro, fundado en 1989 por el obispo Samuel Ruiz García, publicó que Chiapas se encuentra “en medio de una diversificación y opacidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico y territorial marcada por la continuidad de una estrategia contrainsurgente; así como una impunidad fomentada por actores estatales que abona al despojo, explotación y marginación social”.
“El aumento de esta violencia ha dejado graves violaciones a los derechos humanos, dentro de las que destacan situaciones de desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones, despojo de tierras, asesinatos, tortura, entre otras”, señala el informe.
El Frayba también señala la remilitarización en Chiapas y el comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se evidencia una falta de atención a los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos en general, ya que los proyectos de desarrollo y la construcción de infraestructura militar en los territorios son catalogados como asuntos de seguridad nacional.
Además, se advierte que el Ejército Mexicano se ha convertido en un suprapoder con la capacidad de influir en todas las esferas de la vida, lo que abre la puerta a un gobierno neodesarrollista y autoritario.
El informe destaca el fenómeno del desplazamiento forzado interno como uno de los problemas más agudos en el estado. Se documenta el desplazamiento de al menos 16,755 personas entre 2010 y octubre de 2022.
En la zona fronteriza con Guatemala, se estima que alrededor de 2,000 personas (400 familias) han abandonado sus comunidades debido a la violencia generada por la disputa territorial entre grupos criminales.
El periodo que abarca el informe también se caracteriza por la disputa de tierras recuperadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desde 1994, lo que demuestra cómo opera la contrainsurgencia contra el proyecto zapatista. Organizaciones corporativistas alineadas con el Estado han llevado a cabo agresiones y hostigamientos. Además, se ha observado una reconfiguración territorial a través del programa gubernamental Sembrando Vida.
Destaca también que la crisis pandémica también ha dejado en evidencia el racismo estructural y la discriminación, exacerbando la marginación, la pobreza y la falta de acceso a servicios sanitarios básicos en las comunidades más vulnerables.
El informe resalta el papel de las personas defensoras de los derechos humanos, la tierra y el territorio, así como de periodistas y comunicadoras, quienes enfrentan constantes agresiones, amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio. La impunidad prevalece, ya que los perpetradores rara vez son identificados, investigados o castigados
