La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que algunos de los manifestantes en Chilpancingo, Guerrero, fueron obligados a protestar por la detención de miembros de la célula criminal “Los Ardillos” y reveló que ya fue vinculado a proceso uno de los implicados.
“Se dio la instrucción de no caer en provocación porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse”, declaró la funcionaria este martes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Igualmente, dio a conocer que se encuentran “en buen estado de salud los servidores públicos retenidos”, entre los que se encuentran cinco integrantes de la guardia nacional, cinco de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero y un servidor de la secretaría de gobernación Federal.
La secretaria relató que durante el lunes habitantes de Chilpancingo, Guerrero se manifestaron por la detención de dos personas identificadas como líderes de “Los Ardillos”, por posesión de cartuchos cargadores y drogas, entre otros delitos.
Ante esto, la titular de la SSPC dijo que reiteró que la detención o libertad de las personas que imputadas es una decisión que “está en manos de un juez que tendrá que decidir cuál es el sustento jurídico”.
Asimismo, afirmó que el vocero principal, identificado como Gilmar Jaír Sereno Chávez, de 39 años, ya ha organizado este tipo de movilizaciones en otros tiempos y también es investigado parte de las autoridades.
De acuerdo con la SSPC, el 16 de febrero de 2022 organizó manifestaciones similares en Quechultenango, donde hubo la retención de personal militar y agentes de la Fiscalía General de Guerrero (FGE), en la que exigían la liberación de una persona detenida y la salida de las fuerzas de seguridad en ese municipio.
Igualmente, la persona que se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero, identificado como Guillermo Matías Marrón, es afín al grupo criminal “Los Ardillos” y dueño de una empresa constructora “con diversas causas penales”, dijo Rosa Icela Rodríguez.
Según la lámina expuesta por la Secretaría, su compañía ha inaugurando diversas obras públicas junto con alcaldes de la Región de la Montaña.
A esto se suma que algunos de los participantes son “afines a este grupo criminal conocido como Los Ardillos”, apuntó.
Debido a esto, se inició una investigación por los hechos del lunes. Además, la SSPC acordó con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante la manifestación.
“Estábamos a favor de la manifestación pero manifestaciones pacíficas. De ninguna manera estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han estado cometiendo en el estado. Entonces estamos en la mejor disposición de escucharlos pero no de apoyar las acciones que han estado haciendo”, concluyó Rosa Icela Rodríguez.
A su vez, el presidente López Obrador reveló que algunos manifestantes portaban armas e hizo un llamado los pobladores “para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia”.
“No se expongan porque si los obligan y los amenazan, que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular”, subrayó.
Por último, aclaró que la detención de los miembros de Los Ardillos depende del Poder Judicial y no del Ejecutivo.
La jornada violenta del fin de semana, que dejó cinco transportistas muertos, y la detención de dos de integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos”, continuó este lunes con una marcha de más de 2,000 personas, quienes tomaron por un momento las sedes estatales del poder Ejecutivo y Legislativo, además de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), ante una política de “no represión” del Gobierno estatal.
Dicha marcha fue organizada la noche anterior en las comunidades y municipios del conocido circuito Río Azul, que va de Chilpancingo a Quechultenango, en donde se pidió a los habitantes apoyar a “los amigos del pueblo”.
Los manifestantes piden la liberación del dirigente transportista de Colotlipa, Jesús Echeverría Peñafiel, alias “El Topo”, detenido el pasado miércoles en posesión de armas y narcóticos y quien fue vinculado a proceso este mismo lunes por un juez de control, quien le dictó prisión preventiva.
Igualmente fue vinculado a proceso y se dictó prisión preventiva en contra de Bernardo “C”, detenido junto con “El Topo”. A ambos se les ubica como parte del grupo “Los Ardillos”.
