Durante la actual administración, la Secretaría de Marina (Semar) entregó un contrato por 1,310 millones de pesos a Diseños y Construcciones del Cobre, S. A. de C. V., una empresa investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) por su supuesta relación con el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, acusado de defraudación fiscal y lavado de dinero.
La compañía también fue clasificada como fantasma desde diciembre de 2019, luego que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que realizaba una simulación de operaciones, es decir, no tenía capital, infraestructura ni personal que sustentara los supuestos servicios que decía dar, y, por tanto, tampoco podía amparar los ingresos que reportaba.
Sin embargo, un año después, el SAT la sacó del listado de empresas fantasma, como informa en el oficio número 500-05-2020-28879, emitido por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y la Administración Central de Fiscalización Estratégica del SAT el 15 de diciembre de 2020, aunque no se explica las razones de esa decisión.
En octubre de 2022, la Secretaría de Marina contrató a la compañía mediante una invitación a seis proveedores a través del proceso IO-013000997-E10-2022 para la “Modernización de la Carretera Guaymas-Limite Sonora/Chihuahua, en sus Tramos San Marcial-E.C. Hermosillo/Yécora y Rosario Tesopaco-San Nicolás”.
De acuerdo con registros públicos, Diseños y Construcciones del Cobre fue creada en 2001, y nunca había tenido contratos con la Federación, por lo que apenas fue inscrita al Registro Único de Proveedores y Contratistas el 27 de agosto de 2022, dos meses antes de ser contratada por la Marina.
El contrato por 1,310 millones de pesos se trata del mayor monto obtenido por la empresa por una obra pública, pues pues solo había tenido contratos con el Gobierno de Sonora que sumaron 453 millones de pesos entre 2010 y 2014, durante el mandato del exgobernador panista Guillermo Padrés, para realizar obras para las secretarías de Agricultura y de Infraestructura.
Estas contrataciones fueron parte de las investigaciones durante el proceso judicial en contra del exgobernador por el supuesto vínculo entre el dueño de la compañía y el crimen organizado.
Vínculos con el narcotráfico y el contrato con la Marina
La empresa fue constituida por David Alfonso González Morillas y Hermes Alan Valdez González el 12 de noviembre de 2001 en Cajeme, Sonora, para realizar toda clase de edificaciones y obras de ingeniería a la industria minera y metalúrgica, según se establece como objeto social en su acta constitutiva.
En 2017, el periódico Reforma publicó parte de la información contenida en la carpeta de investigación que llevaba la entonces Procuraduría General de la República en contra de Guillermo Padrés.
En ella se investigó el presunto financiamiento de la campaña del panista con “recursos otorgados por González Morillas y por el narcotraficante Gualberto Gastélum López”.
La investigación periodística agregó que éste último, detenido en junio de 2015, confesó ser el vínculo del Cártel de Sinaloa en Sonora y haber recibido protección durante el gobierno de Padrés. Además, dijo tener una relación de amistad y negocios con González Morillas a cambio de contratos de obra pública.
El financiamiento a la campaña de Padrés, por casi dos millones de pesos está comprobada oficialmente de acuerdo con documentación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora entregada vía transparencia con el folio 00498514.
Una persona solicitó conocer los nombres de las personas físicas y/o morales que aportaron donativos a la campaña de Guillermo Padrés por la gubernatura de Sonora durante 2009, y en la respuesta, el Instituto entregó una lista en la que se encuentra David Alfonso González Morillas como donante de un millón 974 mil pesos, cifra que significó más de la mitad del total de aportaciones en efectivo que ascendieron a 2 millones 891 mil pesos.
Actualmente, la empresa se mantiene activa y González Morillas sigue apareciendo como accionista y representante, según documentos del Registro Público de Comercio.
Incluso, en un acta de asamblea del 12 de noviembre de 2021, el empresario cambió el objeto social de la empresa para agregar la realización de “diseños, proyectos y construcción de Ingeniería civil, obra pesada ya sea privada o pública. Obtener, administrar, operar y desarrollar todo tipo de concesiones públicas para la explotación de bienes y servicios de la administración pública, federal, estatal o municipal”.
10 meses después de ese cambio, la empresa fue invitada por la Marina a participar en el proceso de modernización de la carretera en el límite de Sonora y Chihuahua, en septiembre de 2022; un proceso encabezado por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria de la Semar, pese a que este tipo de tipo de obras eran organizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
De acuerdo con documentos del procedimiento, esta fue la empresa que ofertó el menor precio que las otras cinco empresas invitadas, con 1,310 millones 332 mil de pesos, una diferencia de 23 millones 954 mil pesos con Construcción Ter del Norte del Pacífico, S. A. de C. V., la segunda oferta más económica, por 1,334 millones 287 mil pesos.
De acuerdo con el contrato, la vigencia comprendía del 13 de octubre de 2022 al 29 de diciembre de 2023.
