(Proceso).– El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en septiembre de 2014 que ese caso está siendo utilizado por gobiernos extranjeros para “debilitar” al Ejército mexicano e insistió en que la institución militar ya entregó toda la información que tiene sobre ese crimen.
Así lo explican a Proceso padres de los 43 que estuvieron el 3 de junio último en Palacio Nacional en una reunión con el mandatario y que, después de escucharlo, salieron convencidos de que incumplirá su promesa de esclarecer el caso porque “su prioridad es proteger a toda costa al Ejército”, que se ha negado a dar la información en su poder que ayudaría a dar con el paradero de los estudiantes.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, sostiene que la reunión con López Obrador, en la que estuvo presente, se caracterizó por las “descalificaciones” del presidente a los asesores legales de los padres, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llegó en su investigación del caso hasta donde el Ejército lo permitió.
“Creemos que hay una construcción fantasiosa del presidente –dice Rosales– de que hay un complot de gobiernos extranjeros que pretenden debilitar al Ejército mexicano. Así lo dijo él”.
Padres de los normalistas consultados por este medio ratificaron la versión y dijeron que el presidente López Obrador dedicó gran parte de su intervención “a atacar” a los abogados que los representan, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que ordenó varias medidas cautelares al Estado mexicano para esclarecer la desaparición de los normalistas– y al GIEI.
López Obrador les dijo que el GIEI, que ha denunciado en sus informes al Ejército por obstruir la investigación y por su negativa a entregar toda la información que recopiló de la desaparición de los jóvenes, ya no le genera confianza.
Uno de los padres señala que el presidente también planteó “que qué casualidad que el GIEI es de la OEA (en realidad fue creado por mandato de CIDH, que es una institución autónoma del sistema interamericano) y que la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) también estaba metida en esto porque sus informes favorecieron el asilo político de José Ulises Bernabé” en ese país.
La noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuando criminales de Guerreros Unidos y policías locales desaparecieron a los normalistas en Iguala, Bernabé se desempeñaba como juez de barandilla en el cuartel de la policía de ese municipio, sitio del cual fueron sacados 17 de los 43 estudiantes. Él ha declarado sobre la presencia de militares en el lugar.
Rosales dice que el presidente “junta todo eso para decir que entre los obstáculos del proceso están gobiernos extranjeros interesados en debilitar al Ejército mexicano, que es una institución del pueblo uniformado, que proviene de un proceso de la Revolución Mexicana, que es distinto a los ejércitos de otros países latinoamericanos”.
López Obrador también acusó de nuevo al GIEI de oponerse a la orden de captura contra el exprocurador general Jesús Murillo Karam, lo que no responde a la verdad porque lo que ese grupo pidió a la Fiscalía es robustecer el pliego probatorio para evitar que el exfuncionario, uno de los autores de la desacreditada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, fuera puesto en libertad por falta de evidencias.
El presidente, dice Rosales, “habla de obstáculos y entorpecimientos a la investigación, y ahí pone lo de Murillo Karam, lo de que nosotros celebramos la liberación (de 73 delincuentes involucrados en la desaparición) ordenada por un tribunal de Tamaulipas (porque fueron torturados) y lo de la intervención extranjera”.
En realidad, asegura el abogado, “lo que el presidente ha hecho es proteger al Ejército al respaldar la decisión (de los militares) de no entregar más información” que pudiera ayudar a determinar el paradero de los estudiantes desaparecidos.
“El presidente no me dejó hablar”
De acuerdo con Rosales, la narrativa de López Obrador con relación al caso Ayotzinapa, el cual prometió esclarecer, tiene dos finalidades: una es “mantener ese debate estos meses, de aquí a que termina su mandato (el 1 de octubre próximo), y otra es no dar respuesta al tema principal, que es la información faltante en poder del Ejército mexicano y que puede contribuir a esclarecer el hecho”.
En el encuentro del presidente con los padres, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Arturo Medina Padilla, presentó un informe de actividades de los últimos nueve meses.
Dijo que nueve equipos de búsqueda han intervenido 275 sitios en ocho municipios aledaños a Iguala, Guerrero, y entregó a los padres 15 folios de comunicaciones interceptadas por los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia (CRFI), los cuales, según los asesores legales de las familias de los desaparecidos lo único que revelan es que existe más documentación que el Ejército no quiere entregar.
Según un comunicado divulgado la noche del 3 de junio último por la Secretaría de Gobernación, durante el encuentro “se dio respuesta a la solicitud de regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
Padres de los 43 que fueron consultados por Proceso indicaron que la respuesta a la solicitud de que regrese el GIEI “fue totalmente negativa” porque el mismo presidente expresó su “desconfianza” con ese grupo pese a que fue su gobierno el que lo invitó a regresar a México en 2019 luego de que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue virtualmente expulsado del país cuando presentó evidencias de que desquebrajaron la “verdad histórica”.
El presidente interrumpió la reunión cuando el abogado Vidulfo Rosales quiso responder a las acusaciones que le hizo el mandatario de ser el responsable de derribar la puerta del Palacio Nacional durante una protesta el pasado 6 de marzo y de llamar a boicotear en Guerrero la elección se la candidata presidencial de Morena y virtual mandataria electa Claudia Sheinbaum.
“El presidente no me dejó hablar, se paró, dijo que ya vendrá otra reunión y se fue”, afirma Rosales.
En la reunión de ese lunes 3 de junio estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval; de Marina, almirante José Rafael Ojeda; de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
