Gutiérrez Müller dijo en su libro 'Feminismo Silencioso' sentir "asedio" del INAI por a solicitudes de información.
La escritora Beatriz Gutiérrez Müller reclamó en su libro “Feminismo Silencioso” por las preguntas vía la Plataforma Nacional de Transparencia sobre sus ingresos y actividades, que consideró un “asedio constante” a su persona, sin que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) aclare cuáles son los “límites”.
“Apilo una colección de peticiones del Instituto Nacional de Acceso a la Información (inai) que se envían a la Secretaría de Educación Pública (sep), al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (buap) sobre mis ingresos, actividades, si checo tarjeta, mis recibos de nómina, mis publicaciones, mi currículum y un sinfín de curiosidades. Es un asedio constante.
“¿Hay alguna otra profesora e investigadora en México de la cual pregunten en instituciones públicas con esta exacerbada fruición? Los comisionados del INAI pueden responder que son ‘preguntas ciudadanas’. ¿No tiene este instituto algún tipo de código (ya no digamos ético) para saber los límites de lo que se puede enviar a oficinas de transparencia de entidades públicas para su revisión?”, mencionó la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la página 169 de su libro.
La Ley de Transparencia en México permite a la ciudadanía preguntar vía la Plataforma de Transparencia sobre cualquier tema, persona, trámite o gasto siempre y cuando involucre el desempeño de un puesto público o el uso de recursos públicos, y no de privados.
El INAI es un intermediario de esas preguntas, entre la ciudadanía y las instituciones a las que llegan las solicitudes, procurando que se cumpla el derecho a la información.
El reclamo de Gutiérrez Müller sobre “asedio” con solicitudes se da con el contexto de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha exhibido en su conferencia de prensa datos personales sobre periodistas y opinadores que trabajan en medios críticos de su administración.
La académica también cuestiona en su libro si el INAI actúa del mismo modo ante “supuestas preguntas ciudadanas” que tengan relación con las esposas de otros gobernantes en el país.
Y luego criticó si el Instituto obra del mismo modo cuando ciudadanos le preguntan a su comisionados cuánto ganan, cuáles son sus prestaciones y en qué gastan.
“No, no es así”, aseguró Gutiérrez Müller. “El INAI se ha visto envuelto en varios casos escandalosos en tiempos recientes y ellos mismos se cubren, no son transparentes. ‘El buen juez por su casa empieza’, agregó.
No detalló a qué casos se refiere. El año pasado el medio Contralínea dio a conocer que quien había sido comisionado en el INAI, Óscar Guerra Ford, utilizó en 2014 una tarjeta corporativa del Instituto para hacer pagos en un “table dance”, y en su momento el propio Instituto votó a favor de reservar ciertos datos sobre el uso de esa tarjeta, los que consideró datos personales.
Tras la publicación periodística, Guerra Ford renunció a su puesto dentro del INAI, ya como secretario, asegurando que se habían cubierto los gastos personales que realizó con la tarjeta. El Instituto, en tanto, informó sobre una investigación del Órgano Interno de Control, además de precisar que “ni las comisionadas ni el comisionado del INAI actuales formaban parte del Pleno que, hace más de siete años, conoció y resolvió sobre el caso”.
Durante el sexenio el organismo autónomo INAI ha sido uno de los principales blancos de críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque en varias ocasiones utilizando datos falsos y engañosos respecto a los ingresos de los comisionados del Instituto, sus funciones y presupuesto.
De hecho el mandatario propuso una reforma constitucional para desaparecer al INAI, y que sus funciones las asuma la Secretaría de la Función Pública, aunque especialistas y organizaciones ciudadanas reclaman que esa instancia sería juez y parte, y habría el riesgo de más opacidad.
En el gobierno de López Obrador, el INAI ha recibido 82 mil 147 impugnaciones por negativas en las respuestas a solicitudes de información, un 92% más que las impugnaciones recibidas en el sexenio anterior.
Al primer semestre de 2024, se reportaron 11,685 recursos de revisión en contra de instituciones públicas federales, un incremento de 8.9% en comparación con el mismo periodo de 2023. También está el antecedente de que en 2021 el presidente emitió un decreto para clasificar como confidencial toda información sobre las obras prioritarias.
