Mérida, Yucatán a 5 de septiembre de 2016. El Director de Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Rubén Vasconcelos Méndez, aseguró que la atención a víctimas en el actual sistema penal acusatorio y oral está en un proceso de transformación para dar a la víctima una atención integral que pasa de una asesoría meramente jurídica a otra interdisciplinaria.
En el marco de la conferencia “Los nuevos desafíos de la atención a víctimas en el sistema de justicia penal mexicano”, que dictó esta tarde en el auditorio “Víctor Manuel Cervera Pacheco” de la sede del Poder Judicial del Estado en esta ciudad, el funcionario federal expuso que todos los niveles de gobierno, federal, estatal y municipal son responsables de que este modelo integral se aplique como lo mandata la ley.
Expuso que este modelo, que ya se ha aplicado en 16 estados del país y en octubre entrará en vigor en nuestro estado, incluye la atención integral por parte de abogados pero también de psicólogos, trabajadores sociales, médicos, pedagogos, etc. que acompañen a la víctima de cualquier tipo de delito.
Señaló que esta asesoría también abarca todos los procesos laborales, civiles, administrativos, de derechos humanos que se deriven del hecho victimizante, tal como establece la Ley General de Víctimas, al amparo de la cual se está aplicando este nuevo modelo.
Resaltó que, dado que 90 ó 92% de los delitos en el país son del fuero común, la construcción y operación de este nuevo modelo implica una enorme carga presupuestal para los Estados, a quienes les corresponderá ofrecer esta asesoría.
“Tenemos que entender el modelo y el primer paso es el que está dando Yucatán, pero después hay un segundo paso que es crear la institucionalidad específica de atención a víctimas, el órgano que se cree debe tener a su vez tres órganos: un registro estatal de atención a víctimas, es decir, un padrón de víctimas; el fondo de ayuda para asistencia y reparación integral y un órgano operativo central que es la asesoría jurídica.
“Estos tres órganos están relacionados en sus funciones, ya que a través del padrón las víctimas pueden acceder a los recursos del fondo y la asesoría para atender todo lo relacionado con la operatividad”, indicó.
Vasconcelos Méndez resaltó que la asesoría jurídica y la víctima misma, por derechos que ya están en la Ley, debe tener una participación amplísima en los procesos judiciales y en la investigación, dando impulso a ésta o incluso oponiéndose o inconformándose con el desempeño del Ministerio Público.
Recordó que, precisamente, este nuevo modelo de atención a víctimas surge para fortalecer a la víctima en los procesos, mediante una institucionalidad de atención a víctimas diferente al Ministerio Público, ya que de ninguna manera puede estar dentro de las procuradurías de justicia o Ministerios Públicos.
A nivel federal se creo un órgano descentralizado y un sistema nacional de atención a víctimas separado del Ministerio Público que, desde que se creó a principios del siglo pasado, fue adquiriendo atribuciones que lo hicieron un "todólogo".
“El Ministerio Público era un gestor de conflictos en comunidades, ombudsman, todo lo era el MP, pero la reforma procesal penal lo sitúa en su lugar específico de órgano de investigación y persecución del delito y así se separa la institucionalidad de protección a víctimas creando un órgano específico al efecto”, reiteró.
Habló también de la protección de la privacidad de la víctima y la tutela de derechos específicos de algunos grupos como son los migrantes, personas con discapacidad, mujeres violentadas y niños. “Es al asesor jurídico a quien le corresponde proteger estos derechos dentro del proceso, es decir, se convierte en un garante de los derechos, ya que debe exigir que se hagan efectivos, incluyendo los más concretos”.
Explicó que los asesores jurídicos deben ser vinculantes interinstitucionales cuando una víctima necesita atención médica, desplazamiento territorial por delincuencia organizada, etc. para que sean satisfechos todos sus derechos, os cuales ya están incluidos en la Ley General de Víctimas y darles seguimiento, no únicamente los derechos procesales.
Recordó que la Ley ya establece pasos específicos para garantiza la reparación del daño a la víctima, por eso el modelo incluye un Registro Nacional de Víctimas y el Fondo de recursos para hacer efectiva esta reparación del daño, a través de una constancia de calidad de víctima, que emite el Ministerio Público, para lo cual, si es necesario, el asesor debe presionar al Ministerio Público para otorgar esta constancia a la víctima o víctimas de un hecho delictivo.
Yucatán, que el próximo mes debe contar con su Consejo Estatal de Atención a Víctimas y su Fondo estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, debe entender el modelo, ya que las funciones de los asesores jurídicos son amplias, puesto que no es un simple acompañante, sino que debe cumplir funciones informativas, de representación, de búsqueda de la reparación del daño y de vinculación interinstitucional
El Dr. Rubén Vasconcelos Méndez es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de México y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España y miembros del Sistema Nacional de Investigadores , donde ha sido distinguido como investigador Nacional nivel 1.
Es también miembro el registro CONACYT de Evaluadores Acreditados /RCEA) en el área 5 “Sociales y Económicas”. Ha publicado diversos artículos y ensayos en diversas revistas jurídicas como el Boletín Mexicano de Derecho comparado, la revista dela facultad de Derecho de México, Reforma Judicial y Revista Mexicana de Derecho privado, entre otros. Es autor de varios libros, entre ellos “Reforma procesal penal y ministerio público, editado por el Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNAM.
