Noticias de Yucatán.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto, desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental ha sido violado por el Congreso de la Unión o los congresos locales, por lo que se han frenado reformas y cambios a la Constitución Política.
La SCJN asegura que los procesos legislativos son “la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa”.
Las últimas dos ocasiones en que la Corte ha invalidado las decisiones tomadas en el Congreso son las dos partes del plan “B” de la reforma electoral planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este último acabado de sepultar el pasado 22 de junio.
Contexto
En abril de 2022, conviene recordar, el presidente López Obrador presentó su iniciativa de reforma electoral con el objetivo de transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, reducir el número de consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y eliminar a los legisladores plurinominales.
Un argumento de la reforma era reducir los costos de la democracia y se esperaba ahorrar más de 20,000 millones de pesos; sin embargo, esta propuesta de reforma no logró avanzar en el Congreso de la Unión.
Ante la controversia generada y la falta de mayoría legislativa para su aprobación, en noviembre de 2022, López Obrador anunció la presentación de un "Plan B" ante la Cámara de Diputados; y el 6 de diciembre de ese año, el pleno de la Cámara Baja rechazó la primera reforma electoral.
El "Plan B" buscaba modificar seis leyes secundarias en lugar de cambiar la Constitución para implementar las reformas electorales. El objetivo de los cambios propuestos, de nuevo era lograr ahorros en el presupuesto del INE mediante la reducción de gastos operativos, como la disminución del personal administrativo, la reducción de oficinas distritales y la salida de empleados del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).
Este plan sí fue aprobado por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 2022, pero con modificaciones. Sin embargo, el presidente López Obrador anunció que se realizarían correcciones que no coincidían con las propuestas originales. Finalmente, el Senado aprobó el "Plan B" el 22 de febrero de 2023.
Sin embargo, la primera parte del "Plan B" fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 8 de mayo de 2023 debido a irregularidades en el proceso legislativo que fueron denunciadas a través de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas ante la SCJN.
La Corte determinó que el Congreso de la Unión transgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución, relacionados con el principio de deliberación democrática a causa de:
Someter a votación dos dispensas del trámite legislativo ordinario por urgencia, sin motivarlas.
No haber publicado con la anticipación debida la iniciativa sometida a discusión.
La extensión de la iniciativa constituyó un factor que en sí mismo imposibilitó que los legisladores la conocieran para encontrarse en aptitud de participar en un debate propio de un órgano deliberativo.
Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras.
Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron indebidamente aprobar su dictamen de manera conjunta
Los otros 30 reveses de la Suprema Corte al Congreso
Durante el sexenio de Vicente Fox:
El 13 de junio de 2005 se suspendieron reformas a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes promovidas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante el sexenio de Felipe Calderón:
El 4 de enero de 2007 se invalidaron cambios a la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California y al Código Penal estatal ya que fue dispensada a trámite sin que urgencia fuera justificada.
En noviembre de 2008 se suspendieron cambios al Código Electoral, la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal, todos del Estado de Colima.
En julio de 2009, por Diversas violaciones al proceso legislativo se suspendieron reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla promovidas por el Partido Acción Nacional (PAN).
El 28 de septiembre de 2009 se suspendieron reformas propuestas por el PAN a la Constitución Política del Estado de Durango, por diversas violaciones al proceso legislativo.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto:
En septiembre de 2015 se suspendieron reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California, así como de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos Políticos, propuesta en conjunto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza y Morena, debido a que no se otorgó participación al Municipio.
El 29 de septiembre de 2015 se suspendieron cambios a la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo, ya que la elaboración del dictamen estuvo fuera de los plazos y no se dio a conocer con la anticipación debida.
En noviembre de 2017 se suspendieron reformas a la Constitución Política y la Ley Electoral del estado de Chihuahua debido a diversas violaciones al proceso legislativo.
En septiembre de 2018 se suspendieron cambios a la Ley de Libre Convivencia del Estado de Jalisco, debido a que la dispensa no fue motivada e incidió negativamente en los principios democráticos.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador:
En enero del 2020 se suspendieron cambios a la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas de la Ciudad de México.
En mayo del 2020, por dispensa del dictamen, se suspendieron reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California.
En julio del 2020 se frenaron reformas a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el estado de Chihuahua.
En septiembre del 2020 se suspendieron cambios a las leyes Electoral y de Medios de Impugnación Electorales del estado de Tamaulipas
El 28 de septiembre del 2020 se suspendieron reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos de Tabasco, debido a que el dictamen no se repartió con la anticipación debida.
En octubre del 2020 se invalidaron cambios a la Constitución Política de Baja California.
En noviembre de 2020 se suspendieron reformas a la Constitución de Baja California y Ley Electoral estatal debido a diversas violaciones al procedimiento legislativo.
El 23 de noviembre se suspendieron cambios a la Constitución Política de Veracruz, debido a la falta de consulta de la comunidad indígena.
El 30 de noviembre del 2020 se invalidaron reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, en consecuencia de la indebida instalación de la Mesa Directiva y diversas violaciones al proceso legislativo.
En diciembre del 2020 se suspendieron cambios al Código Electoral para el Estado de Veracruz y a la Ley Orgánica del Municipio Libre, por omitir consultar previamente a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. (La Silla Rota)
