El conflicto en la Facultad de Derecho de la Uady dio paso a una estrategia del grupo que apoya a la sociedad de alumnos y es investigado por su relación con recientes hechos en el plantel: se reserva el derecho de declarar en el proceso que le sigue la dirección.
Ayer por la tarde compareció un segundo grupo ante los abogados que forman la comisión investigadora.
También ayer, en una carta, el director José Luis Vargas Aguilar expuso los argumentos legales en que se basa el proceso administrativo: señaló que tiene fundamento en los estatutos y otros ordenamientos de la Universidad, que también expone.
"Si al investigar las faltas que cometa un alumno aparece responsabilidad penal deberá hacerse la consignación respectiva, sin perjuicio de las sanciones internas a las que se haya hecho acreedor", indica el abogado Vargas Aguilar en la misiva.
El grupo que ha sido citado a declarar calificó de "aberración jurídica" el procedimiento en su contra y recalcó que no declarará sobre los hechos que "nos quieren atribuir".
Los inconformes reiteraron que promoverán amparos contra ese proceso.
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Reviran alumnos de Derecho de la Uady el asunto del juicio
El juicio administrativo que inició el director de la Facultad de Derecho de la Uady, José Luis Vargas Aguilar, para castigar a un grupo inconforme con la elección en esa escuela entró al terreno de la lucha legal para combatir lo que los afectados llamaron "una aberración jurídica".
Con las lecciones aprendidas en las aulas de dicha facultad y asesoría del presidente de la Sociedad de Alumnos, Samuel Gómez Xecé, y de abogados externos que se han sumado a la defensa de los alumnos investigados, los jóvenes que fueron citados para que comparezcan ante una comisión de profesores sancionadores revirtieron y cuestionaron el proceso.
En un escrito que dirigieron al abogado Vargas Aguilar, los 12 alumnos citados se reservan "el derecho de declarar" y señalan que el proceso evidencia una falta de motivación y fundamentación porque el citatorio que recibieron no menciona los artículos y reglas fundamentales que rijan el llamado procedimiento administrativo, lo que, dicen, es una violación a las garantías mínimas que establece la Constitución federal.
Los alumnos inconformes recuerdan que el Artículo 16 de la Carta Magna establece que todo ciudadano que sea sujeto de procedimiento legal tiene el inalienable derecho de saber quién lo acusa, cuáles son los hechos específicos que le atribuyen .
La notificación simple que recibieron carece de tales requisitos y atributos legales. Por eso, dicen, no declararán sobre los hechos que les quieren atribuir.
"No existe ese procedimiento en la Ley Orgánica ni en los reglamentos. El director se lo sacó de la manga para vengarse", denunció Gómez Xecé.
"Es una aberración jurídica que caerá con los amparos que promoveremos", anticipó.
El presidente de la Sociedad de Alumnos dijo que los abogados que forman la comisión sancionadora no pudieron sustentar en qué artículos de la legislación universitaria dice que se debe formar una comisión de profesores para que sancionen algún acto ni dónde está fundamentado dicho juicio administrativo.
"No existen el juicio administrativo ni las comparecencias", alegó Gómez Xequé. "Para justificarlas dijeron que sólo eran pláticas".
En otro lugar de esta misma página ofrecemos los argumentos jurídicos de la dirección.- Joaquín Chan Caamal
Hasta ayer sólo habían citado a los alumnos que participaron en el bloqueo de la Facultad.
Investigados
Los primeros citados son: Ruth Mariana Guerra González, Jerry Julián Medina Calderón, Montserrat Peniche Ortega, Jesús Rivero Chablé, Jesús Alberto Tzuc Albornoz, Francisco Daniel Nah Tzuc.
Otros más
Melissa Cáceres Pacheco, Jorge Jesús Borges Uc, María Elena Magaña Uc, Iván Israel Xool Novelo, José Luis Ascencio Lara y Angel Fernando Herrera Pasos.
Nada por ahora
Aún no se cita al grupo que agredió a los inconformes.
