"En el primer caso que se resolvió en los juzgados federales nos dieron la razón, y esperamos que todos los que aún faltan vengan también en el mismo sentido", afirmó.
Esta semana informamos que con el argumento de que se trata de una facultad del Ejecutivo y una medida que beneficia a las familias yucatecas, la jueza cuarta de Distrito en el Estado decidió que es constitucional el decreto 367 que emitió la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco en enero pasado, con lo que éste quedó firme.
Sobre la presunta inequidad, explicó que respondieron que ésto es válido siempre y cuando se presente en una situación "de iguales", en la que todos los involucrados o afectados estén en las mismas circunstancias y situaciones; sin embargo, aquí no fue el caso, no hay la igualdad.
No todos los que deben pagar tenencia -continuó el consejero- tienen la misma situación económica, y ni hablar de las demás circunstancias que no son las mismas para todos los contribuyentes.
Estos argumentos fueron en los que la jueza le dio la razón al gobierno del Estado para confirmar que fue correcta la aplicación del decreto 367 y los funcionarios esperan que lo mismo suceda con los demás amparos pendientes por resolver.
Cuevas González estimó que en los próximos 30 ó 40 días se podrían resolver todos los demás en trámite y se mantendrán al pendiente de ellos.
También mencionó que a los empresarios les queda el recurso de revisión de las sentencias ante el Tribunal Colegiado, donde podría continuar esta lucha jurídica, pero de todas maneras espera que de llegar hasta esa instancia el resultado sea el mismo: que también se confirmen y les den la razón.
El consejero jurídico estatal comentó que estas manifestaciones legales fueran presentados por los empresarios más para mostrar su inconformidad que porque fuera algo ilegal o incorrecto.- DAVID DOMíNGUEZ MASSAdmassa@megamedia.com.mx
Los empresarios sabían que podían perder el amparo, y así lo advirtieron al principio.
Protesta
El presidente de la Coparmex-Mérida, Jorge Caamal Burgos, ha declarado que el recurrir al amparo era una forma de protestar contra una medida unilateral del Ejecutivo.
A segunda instancia
Caamal Burgos tampoco descartó que a quienes le nieguen el recurso legal, como fue el primer caso, no se vayan al Tribunal Colegiado.
