Noticias de Yucatán
(impunidad, derechos humanos)
Después de tres años de una lucha solitaria, un padre de familia consiguió una resolución que condena a la Secretaría de Educación estatal en un caso de violación de derechos de dos estudiantes.
Sin embargo, prevalece la indignación en la familia afectada porque todavía no hay sanción contra los responsables de la falta.
Y lamentan el trabajo que hizo en ese caso la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, cuya pasividad contribuyó a prolongar ese proceso y hacerlo más engorroso.
-La Secretaría de Educación estatal apadrinó y solapó una violación a derechos constitucionales de dosniños, de cuatro y seis años de edad -dijo Israel Cervera Moo, padre de esos menores y cuya profesión de abogado le permitió contrarrestar los recursos usados por esa dependencia para no darle la razón.
El informante relató que el conflicto surgió a fines de 2007 en el Instituto San Patricio, un colegio privado ubicado en Xcumpich que en ese tiempo ofrecía enseñanza preescolar y de primaria.
-Mis hijos estaban inscritos ahí, y yo acepté ser presidente de la Sociedad de Padres de Familia -indicó-. Pero la directora del plantel, Patricia Molina, pretendía decidir cómo invertir las cuotas captadas por ese comité y, además, quiso en una ocasión emitir un comprobante de pago mayor a la erogación hecha.
-Para evitar problemas, le entregamos los fondos y renuncié junto con la tesorera y la secretaria del comité. En represalia rehusó reinscribir a mis hijos y mientras concluían las clases les dio un trato discriminatorio.
-El 7 de mayo de 2008 prohibió el ingreso de mis hijos al colegio. Pero gracias a que personal de la escuela me alertó de ello, ese día nos acompañó un visitador de la Codhey que dio fe del hecho.
-Denuncié los hechos ante la Secretaría de Educación estatal, la cual dio la razón al plantel alegando que los colegios privados se reservan el derecho de admisión.- Hansel Vargas Aguilar
Tema: Derechos Humanos
(impunidad, derechos humanos)
Dan la razón a un papá a cuyos hijos discriminaron
Publicada: 21 octubre 2011
Publicada: 21 octubre 2011
Sin embargo, prevalece la indignación en la familia afectada porque todavía no hay sanción contra los responsables de la falta.
-Mis hijos estaban inscritos ahí, y yo acepté ser presidente de la Sociedad de Padres de Familia -indicó-. Pero la directora del plantel, Patricia Molina, pretendía decidir cómo invertir las cuotas captadas por ese comité y, además, quiso en una ocasión emitir un comprobante de pago mayor a la erogación hecha.
-Para evitar problemas, le entregamos los fondos y renuncié junto con la tesorera y la secretaria del comité. En represalia rehusó reinscribir a mis hijos y mientras concluían las clases les dio un trato discriminatorio.
-El 7 de mayo de 2008 prohibió el ingreso de mis hijos al colegio. Pero gracias a que personal de la escuela me alertó de ello, ese día nos acompañó un visitador de la Codhey que dio fe del hecho.
-Denuncié los hechos ante la Secretaría de Educación estatal, la cual dio la razón al plantel alegando que los colegios privados se reservan el derecho de admisión.- Hansel Vargas Aguilar
Tema: Derechos Humanos
En contexto:
Aspectos del inusual caso
No se puede
Israel Cervera dijo que, contra lo que sostiene la Segey, la ley dice que las escuelas privadas no pueden reservarse el derecho de admitir o expulsar estudiantes del nivel básico, incluso en el caso de que no se haya pagado las cuotas.
Funcionarios involucrados
Intervinieron Rolando Zapata Bello, titular del Jurídico; Natividad Novelo Pérez y Roger Pinto Achach, directores de preescolar y primaria; Flor Padilla Pantoja, responsable de escuelas particulares; Rocío Ruiz Gutiérrez, coordinador de escuelas primarias; Geraldine Arceo y Mirian Díaz, Torres, asistentes.
Lo que determinó la Codhey
La Codhey estableció que se violaron derechos de los niños, pero en su resolución sólo pidió sanción administrativa contra Míriam Díaz Torres "por violar los derechos de legalidad y seguridad jurídica, así como a la educación de los menores".
No se puede
Israel Cervera dijo que, contra lo que sostiene la Segey, la ley dice que las escuelas privadas no pueden reservarse el derecho de admitir o expulsar estudiantes del nivel básico, incluso en el caso de que no se haya pagado las cuotas.
Funcionarios involucrados
Intervinieron Rolando Zapata Bello, titular del Jurídico; Natividad Novelo Pérez y Roger Pinto Achach, directores de preescolar y primaria; Flor Padilla Pantoja, responsable de escuelas particulares; Rocío Ruiz Gutiérrez, coordinador de escuelas primarias; Geraldine Arceo y Mirian Díaz, Torres, asistentes.
Lo que determinó la Codhey
La Codhey estableció que se violaron derechos de los niños, pero en su resolución sólo pidió sanción administrativa contra Míriam Díaz Torres "por violar los derechos de legalidad y seguridad jurídica, así como a la educación de los menores".
