Noticias de Yucatán
(corrupción, impunidad, burla)
Tema: Exclusivas Central 9
Tema: Exclusivas Central 9
Presentado con bombo y platillos en abril de 2009, el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción (Inecco) no pasó de ser un "tucho" que, dos años después, a nadie asusta y está convertido en una oficina receptora de quejas menores.
Se trata de un instituto con limitadas funciones, escaso presupuesto que se agota en su gasto corriente y "amarrado" a intereses por ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Sus trabajos se enfocan más a actividades de prevención y de educación en escuelas y algunas dependencias.
A estas alturas del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, cuando se han hecho públicos numerosos actos de corrupción, varios de ellos sustentados en denuncias judiciales, el trabajo de la institución y de otras oficinas que deben tomar conocimiento de esos ilícitos, como la Contraloría General del Estado, deja ver, en los hechos, que no hay avances en el combate a la impunidad.
En nota aparte ofrecemos un recuento de denuncias presentadas a últimas fechas en la Contraloría y en la Fiscalía General del Estado. En todas ellas, de diferentes fechas, el denominador común es el nulo movimiento o, al menos, el supuesto sigilo con que se hacen las investigaciones, pues los denunciantes, que son parte del proceso, no están enterados de diligencia alguna y tampoco se les informa.
Sólo intermediaria
Con sus facultades acotadas, el Inecco no cuenta con personal para investigar las pocas denuncias que recibe. Y de lo que investiga, ni siquiera emite resoluciones y tiene que turnar los casos a la Contraloría General del Estado, de la cual depende jerárquicamente.
Además, sólo puede intervenir en casos acompañados de una denuncia o queja. Aquellos que se hacen públicos quedan como simple anécdota para el instituto, aun cuando haya suficientes elementos para presumirse irregularidades e iniciar una investigación en forma.
"Los actos que se hacen públicos, si bien son buenos porque dan una idea de lo que sucede, en términos legales no tienen el valor de prueba. Es necesario interponer una denuncia", explica Luis Aldana Burgos, director del Inecco.
Para tener una idea de la escasa importancia del "tucho" venido a menos, las denuncias no tienen que canalizarse a esta oficina. El querellante o promovente se puede dirigir en forma directa a la Contraloría, que a fin de cuentas tendrá que conocer de los casos reportados. No tiene ningún efecto legal el hecho de que se salte al Inecco.
Aldana Burgos defiende el hecho de que la dependencia se enfoque más a actividades de prevención y de enseñanza que a una guerra frontal contra la corrupción en todos los niveles.
"La prevención es también una manera de combatir la corrupción", alega. "Así lo establece incluso la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".
Con esa tarea preventiva, hoy día la dependencia se encarga de atender más quejas por "mordidas" de los policías y a impartir pláticas al personal de oficinas públicas sobre la necesidad de prevenir actos de corrupción.
No tiene facultades para intervenir en casos de delitos mayores y tampoco para sancionar. Entre sus mayores logros está la instalación de buzones para recibir denuncias -ya lleva 50 en dependencias públicas- y la investigación, a duras penas, del reparto del programa "Cobijar" incluso a personas muertas.
"No podemos hacer mucho sin recursos", admite Luis Aldana. "Disponemos de $500 mil de presupuesto anual sólo para gastos operativos, sin incluir los sueldos. De allí sale para el pago de renta del local, de energía eléctrica, limpieza, servicio telefónico, gasolina y reparación de vehículos. Para nosotros no hay caja chica, ni viáticos ni gastos de representación".
Cuatro para todo
El personal del instituto consta de sólo cuatro personas, entre ellos su director y una joven de la recepción. Las otras dos son una jefa de Políticas Públicas y Capacitación y otra de Atención al Público.
"Cuando se requiere salir al campo, salimos, incluso con recursos del personal", afirma Aldana Burgos.
Cuando se le hace notar que su dependencia del Poder Ejecutivo origina suspicacias sobre el trabajo del instituto, Aldana Burgos responde:
"Estoy de acuerdo contigo. Esto es clave. Para que una oficina de combate a la corrupción pueda funcionar adecuadamente debe tener absoluta independencia. ¿Y quién lo debe crear así? Pues el Congreso, no el Ejecutivo".
Cuando fue creado el instituto en 2009, la gobernadora Ivonne Ortega indicó, en los "considerandos" del decreto, que se requiere transitar "de una cultura de la corrupción a una cultura de la legalidad, la transparencia y la honestidad".- Angel Noh Estrada
Tema: Exclusivas Central 9
El jueves pasado, en un restaurante del norte de la ciudad, el subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto se acercó al ex diputado Orlando Pérez Moguel y, palabras más, palabras menos, le dijo:
"No te guíes de esos documentos, son falsos".
Y después, con una actitud de confianza, añadió: "No va a pasar nada, nada".
El subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos se refería a los documentos con que los regidores meridanos Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab, bajo la asesoría de Pérez Moguel, interpusieron sendas denuncias en la Contraloría y la Fiscalía generales del Estado contra González Canto por la facturación de más de $71 millones al gobierno estatal por servicios de su empresa camionera Urbanos de Mérida.
De esa facturación, hasta abril de este año ya se habían pagado $52 millones, de acuerdo con documentos oficiales.Por ley, Marco Antonio González no puede ser simultáneamente funcionario y proveedor del Poder Ejecutivo. Sólo esa condición es suficiente para destituirlo, como pidieron los regidores en sus denuncias.Pérez Moguel relató ayer el incidente en el restaurante cuando se le solicitaron datos sobre los trámites que se han realizado en las denuncias en que ha intervenido en los últimos meses, por actos de corrupción y tráfico de influencias atribuidos a funcionarios del Ejecutivo y del Ayuntamiento de Mérida.
Su respuesta fue: "Nada, nada se ha hecho. Tampoco me han notificado, ni a mí ni a los regidores".
El caso de González Canto le llama mucho la atención porque en el breve intercambio de palabras del jueves el funcionario afirmó que la documentación es falsa, cuando se trata de copias oficiales entregadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (Unaipe).
"Esa actitud de prepotencia y soberbia es la misma que muestran todos los funcionarios que ya han sido señalados por sus actos de corrupción, como el secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, Alejandro Menéndez Bojórquez; el coordinador general de Comunicación Social del Ejecutivo, Jesús Rivero Covarrubias; el ex oficial mayor Luis Hevia Jiménez, ahora presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y el secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez", subrayó el ex diputado panista.
"Todos ellos siguen jactándose de sus actividades, sin pudor alguno. Se sienten protegidos" por el gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida, la Fiscalía General y, por si fuera poco, hasta por el Poder Judicial del Estado.Pérez Moguel añadió que no descansarán en la exigencia de que se aplique la ley a todos los funcionarios que han transgredido la ley, "por habernos robado a los meridanos y a todos los yucatecos"."Exigimos que se acabe la impunidad a que nos ha llevado la actual administración estatal y municipal", enfatizó.- A.N.E.
Tema: Exclusivas Central 9
El secretario de Hacienda del gobierno del Estado, Juan Gabriel Ricalde Ramírez, no aceptó hablar del caso de sus propiedades, tema que cobró interés público al divulgarse que recibió un terreno en "donación" del Ayuntamiento de Yobaín, cuando legalmente está impedido para aceptarlo.
El funcionario asistió en representación de la gobernadora Ivonne Ortega a la Facultad de Contaduría de la Uady para inaugurar la 4ª. Semana Nacional de Educación Financiera. En su mensaje, incurrió en dos imprecisiones que generaron risas entre los estudiantes que lo escuchaban.
El tesorero dijo en la inauguración "estas mañanas" en lugar de "esta mañana" y "ante la presencia de la gobernadora" en lugar de "en representación".
Al concluir el acto, salió sonriente y de prisa del auditorio y cuando vio que lo esperaba nuestro reportero se detuvo un momento y lo saludó.
-Secretario, ¿me permite una entrevista?. ¿Qué puede comentar del terreno de Chabihau y sus propiedades...?
-"Nada. No voy a decir nada", respondió Ricalde Ramírez, a quien se le borró la sonrisa, se le enrojeció el rostro y apuró el paso para salir de la Facultad. De lejos y en plena caminata señaló: "De finanzas, lo que quieras..."
El tesorero se había caracterizado por ser atento con los reporteros y generalmente no evadía ningún tema. Sin embargo, ayer sí se negó a hablar del caso de sus propiedades y del juicio político que el regidor Kirbey Herrera Chab y el ex diputado Orlando Pérez Moguel promovieron en su contra en el Congreso.
Los denunciantes afirman que el juicio debe proceder, pues está debidamente sustentado y el propio tesorero admitió que sí recibió el terreno de Chabihau
.
(corrupción, impunidad, burla)
Ningún avance en recientes denuncias contra funcionarios yucatecos Publicada: 4 octubre 2011
Es común que funcionarios acusados sean vistos con más frecuencia con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco después de hacerse públicas las denuncias. En la imagen, ambos a la izquierda, están el subsecretario Marco Antonio González Canto y el secretario Francisco Torres Rivas, en un recorrido de entrega de obras 
(1)
(1)
La reacción de las autoridades ante recientes denuncias de corrupción muestra que los yucatecos están prácticamente indefensos en ese tema: no se conocen avances de las investigaciones, en caso de que se estén realizando, y hay negativa a informar incluso a las partes que intervienen en los procesos.
Un caso que reporta el ex diputado Orlando Pérez Moguel ilustra la impunidad que rodea la actuación de algunos funcionarios acusados. El subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto se le acercó en un lugar público, le dijo que las pruebas en que se basa la denuncia de peculado en su contra "son falsas" y le anticipó que "no va a pasar nada".
El caso de González Canto, quien ya no debería estar en un cargo público si se aplicara la ley, es sólo uno de la serie. También están en el limbo jurídico las denuncias contra el ex oficial mayor Luis Hevia Jiménez por el mismo asunto de pagos indebidos a una empresa del subsecretario; contra altos funcionarios del Ayuntamiento de Mérida por presuntas ilegalidades en mejoras en el Parque del Centenario y contra el tesorero estatal, Juan Ricalde Ramírez, por la aceptación de un terreno que le donó la Comuna de Yobaín.
Capítulo aparte son las denuncias interpuestas por la represión del 4 de julio en la "Glorieta de la Paz", por fraudes en el campo y por los atropellos legales que se derivan de una asamblea apócrifa en la Fundación Produce.
En todos esos asuntos hay silencio oficial, ocultaciones o nulo avance en las pesquisas, no obstante que hay demandas interpuestas desde hace más de dos meses.
Sobre la acusación contra González Canto, el ex diputado Pérez Moguel tuvo que recurrir a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo para tratar de obtener datos del estado que guardan las investigaciones.
No sólo no se le informó sino que en una parte de la respuesta se le anticipó que, aunque se emita una resolución, no se podrá conocer el expediente sino hasta dentro de 10 años, por ser información reservada.
En este contexto, el Instituto Estatal de Combate a la Corrupción es sólo un "tucho" que no espanta, pues no tiene injerencia y sus tareas son limitadas.- Angel Noh Estrada
Un caso que reporta el ex diputado Orlando Pérez Moguel ilustra la impunidad que rodea la actuación de algunos funcionarios acusados. El subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto se le acercó en un lugar público, le dijo que las pruebas en que se basa la denuncia de peculado en su contra "son falsas" y le anticipó que "no va a pasar nada".
El caso de González Canto, quien ya no debería estar en un cargo público si se aplicara la ley, es sólo uno de la serie. También están en el limbo jurídico las denuncias contra el ex oficial mayor Luis Hevia Jiménez por el mismo asunto de pagos indebidos a una empresa del subsecretario; contra altos funcionarios del Ayuntamiento de Mérida por presuntas ilegalidades en mejoras en el Parque del Centenario y contra el tesorero estatal, Juan Ricalde Ramírez, por la aceptación de un terreno que le donó la Comuna de Yobaín.
Capítulo aparte son las denuncias interpuestas por la represión del 4 de julio en la "Glorieta de la Paz", por fraudes en el campo y por los atropellos legales que se derivan de una asamblea apócrifa en la Fundación Produce.
En todos esos asuntos hay silencio oficial, ocultaciones o nulo avance en las pesquisas, no obstante que hay demandas interpuestas desde hace más de dos meses.
Sobre la acusación contra González Canto, el ex diputado Pérez Moguel tuvo que recurrir a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo para tratar de obtener datos del estado que guardan las investigaciones.
No sólo no se le informó sino que en una parte de la respuesta se le anticipó que, aunque se emita una resolución, no se podrá conocer el expediente sino hasta dentro de 10 años, por ser información reservada.
En este contexto, el Instituto Estatal de Combate a la Corrupción es sólo un "tucho" que no espanta, pues no tiene injerencia y sus tareas son limitadas.- Angel Noh Estrada
Tema: Exclusivas Central 9
En contexto:
Instituto | Poca actividad
En 2009 se creó el Instituto Estatal de Combate a la Corrupción, que está acotado.
Nada de asuntos grandes
Esta oficina se ha convertido en receptora de quejas menores.
Sólo intermediaria
El resultado de las escasas investigaciones que realiza es turnado a la Contraloría, que finalmente toma la decisión.
En 2009 se creó el Instituto Estatal de Combate a la Corrupción, que está acotado.
Nada de asuntos grandes
Esta oficina se ha convertido en receptora de quejas menores.
Sólo intermediaria
El resultado de las escasas investigaciones que realiza es turnado a la Contraloría, que finalmente toma la decisión.
No prosperan unas denuncias judiciales
Hay casos con más de dos meses en el limbo burocrático Publicada: 4 octubre 2011
Hay casos con más de dos meses en el limbo burocrático Publicada: 4 octubre 2011
En los últimos meses se han presentado varias denuncias de peculado, fraude, enriquecimiento ilícito y otros actos de corrupción atribuidos a funcionarios del gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida.
Sólo en el caso de un secretario, Alejandro Menéndez Bojórquez, secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, no se han llevado las acusaciones al ámbito judicial, no obstante las evidencias de actos ilícitos cometidos por su despacho y otros funcionarios que están bajo su cargo.
Entre los casos más recientes figuran:
14 de julio.- Los regidores Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab presentan una denuncia ante la Contraloría General del Estado contra el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Marco Antonio González Canto. El motivo: la empesa del funcionario, Urbanos de Mérida, facturó más de $71 millones al Ejecutivo por diferentes servicios.
20 de julio.- Los mismos denunciantes llevan el caso a la Fiscalía General del Estado.
A la fecha, González Canto sigue en su cargo y no se conocen diligencias del caso.
29 de agosto.- Se denuncia por el mismo asunto, ante la Contraloría y la Fiscalía, al ex oficial mayor Luis Hevia Jiménez, hoy presidente estatal del PRI. Se indica que, como oficial mayor, tuvo conocimiento de los pagos a González Canto.
A la fecha, tampoco se conoce resolución alguna.
25 de agosto.- El regidor Kirbey Herrera y el ex diputado Pérez Moguel denuncian ante la Contraloría Municipal y la Fiscalía General al director de Servicios Públicos, Jorge Ermilo Barrera Jure; el oficial mayor, Gaspar Quintal Parra; el tesorero, Carlos Ariel Bastarrachea Lara, y el director de Administración, Raúl Ricalde Zárate. El motivo: ilegalidades en una obra del Parque del Centenario, que no se licitó a pesar del monto de la inversión y de los conceptos dudosos que aparecen en las facturas.
Tampoco hay resolución ni se ha notificado de alguna diligencia.- A.N.E.
Sólo en el caso de un secretario, Alejandro Menéndez Bojórquez, secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, no se han llevado las acusaciones al ámbito judicial, no obstante las evidencias de actos ilícitos cometidos por su despacho y otros funcionarios que están bajo su cargo.
Entre los casos más recientes figuran:
14 de julio.- Los regidores Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab presentan una denuncia ante la Contraloría General del Estado contra el subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos, Marco Antonio González Canto. El motivo: la empesa del funcionario, Urbanos de Mérida, facturó más de $71 millones al Ejecutivo por diferentes servicios.
20 de julio.- Los mismos denunciantes llevan el caso a la Fiscalía General del Estado.
A la fecha, González Canto sigue en su cargo y no se conocen diligencias del caso.
29 de agosto.- Se denuncia por el mismo asunto, ante la Contraloría y la Fiscalía, al ex oficial mayor Luis Hevia Jiménez, hoy presidente estatal del PRI. Se indica que, como oficial mayor, tuvo conocimiento de los pagos a González Canto.
A la fecha, tampoco se conoce resolución alguna.
25 de agosto.- El regidor Kirbey Herrera y el ex diputado Pérez Moguel denuncian ante la Contraloría Municipal y la Fiscalía General al director de Servicios Públicos, Jorge Ermilo Barrera Jure; el oficial mayor, Gaspar Quintal Parra; el tesorero, Carlos Ariel Bastarrachea Lara, y el director de Administración, Raúl Ricalde Zárate. El motivo: ilegalidades en una obra del Parque del Centenario, que no se licitó a pesar del monto de la inversión y de los conceptos dudosos que aparecen en las facturas.
Tampoco hay resolución ni se ha notificado de alguna diligencia.- A.N.E.
Tema: Exclusivas Central 9
En contexto:
Por un terreno | Otro caso
El tesorero estatal, Juan Ricalde Ramírez, figura entre los acusados de este gobierno.
Donativo
De acuerdo con una demanda interpuesta ante el Congreso, el funcionario aceptó, de manera ilegal, un terreno que le donó el Ayuntamiento de Yobaín.
Lo reconoce
Aunque el acusado admitió que actuó de manera ilegal, la denuncia en el Congreso no presenta avances.
El tesorero estatal, Juan Ricalde Ramírez, figura entre los acusados de este gobierno.
Donativo
De acuerdo con una demanda interpuesta ante el Congreso, el funcionario aceptó, de manera ilegal, un terreno que le donó el Ayuntamiento de Yobaín.
Lo reconoce
Aunque el acusado admitió que actuó de manera ilegal, la denuncia en el Congreso no presenta avances.
"Tucho" que no asusta
La corrupción, sin un antídoto jurídico efectivo en Yucatán Publicada: 4 octubre 2011
La corrupción, sin un antídoto jurídico efectivo en Yucatán Publicada: 4 octubre 2011
La empresa Urbanos de Mérida, del subsecretario Marco Antonio González, fue blanco de una denuncia que, sin embargo, aparece estancada (1)
(1)Presentado con bombo y platillos en abril de 2009, el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción (Inecco) no pasó de ser un "tucho" que, dos años después, a nadie asusta y está convertido en una oficina receptora de quejas menores.
Se trata de un instituto con limitadas funciones, escaso presupuesto que se agota en su gasto corriente y "amarrado" a intereses por ser un órgano dependiente del Poder Ejecutivo. Sus trabajos se enfocan más a actividades de prevención y de educación en escuelas y algunas dependencias.
A estas alturas del gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, cuando se han hecho públicos numerosos actos de corrupción, varios de ellos sustentados en denuncias judiciales, el trabajo de la institución y de otras oficinas que deben tomar conocimiento de esos ilícitos, como la Contraloría General del Estado, deja ver, en los hechos, que no hay avances en el combate a la impunidad.
En nota aparte ofrecemos un recuento de denuncias presentadas a últimas fechas en la Contraloría y en la Fiscalía General del Estado. En todas ellas, de diferentes fechas, el denominador común es el nulo movimiento o, al menos, el supuesto sigilo con que se hacen las investigaciones, pues los denunciantes, que son parte del proceso, no están enterados de diligencia alguna y tampoco se les informa.
Sólo intermediaria
Con sus facultades acotadas, el Inecco no cuenta con personal para investigar las pocas denuncias que recibe. Y de lo que investiga, ni siquiera emite resoluciones y tiene que turnar los casos a la Contraloría General del Estado, de la cual depende jerárquicamente.
Además, sólo puede intervenir en casos acompañados de una denuncia o queja. Aquellos que se hacen públicos quedan como simple anécdota para el instituto, aun cuando haya suficientes elementos para presumirse irregularidades e iniciar una investigación en forma.
"Los actos que se hacen públicos, si bien son buenos porque dan una idea de lo que sucede, en términos legales no tienen el valor de prueba. Es necesario interponer una denuncia", explica Luis Aldana Burgos, director del Inecco.
Para tener una idea de la escasa importancia del "tucho" venido a menos, las denuncias no tienen que canalizarse a esta oficina. El querellante o promovente se puede dirigir en forma directa a la Contraloría, que a fin de cuentas tendrá que conocer de los casos reportados. No tiene ningún efecto legal el hecho de que se salte al Inecco.
Aldana Burgos defiende el hecho de que la dependencia se enfoque más a actividades de prevención y de enseñanza que a una guerra frontal contra la corrupción en todos los niveles.
"La prevención es también una manera de combatir la corrupción", alega. "Así lo establece incluso la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".
Con esa tarea preventiva, hoy día la dependencia se encarga de atender más quejas por "mordidas" de los policías y a impartir pláticas al personal de oficinas públicas sobre la necesidad de prevenir actos de corrupción.
No tiene facultades para intervenir en casos de delitos mayores y tampoco para sancionar. Entre sus mayores logros está la instalación de buzones para recibir denuncias -ya lleva 50 en dependencias públicas- y la investigación, a duras penas, del reparto del programa "Cobijar" incluso a personas muertas.
"No podemos hacer mucho sin recursos", admite Luis Aldana. "Disponemos de $500 mil de presupuesto anual sólo para gastos operativos, sin incluir los sueldos. De allí sale para el pago de renta del local, de energía eléctrica, limpieza, servicio telefónico, gasolina y reparación de vehículos. Para nosotros no hay caja chica, ni viáticos ni gastos de representación".
Cuatro para todo
El personal del instituto consta de sólo cuatro personas, entre ellos su director y una joven de la recepción. Las otras dos son una jefa de Políticas Públicas y Capacitación y otra de Atención al Público.
"Cuando se requiere salir al campo, salimos, incluso con recursos del personal", afirma Aldana Burgos.
Cuando se le hace notar que su dependencia del Poder Ejecutivo origina suspicacias sobre el trabajo del instituto, Aldana Burgos responde:
"Estoy de acuerdo contigo. Esto es clave. Para que una oficina de combate a la corrupción pueda funcionar adecuadamente debe tener absoluta independencia. ¿Y quién lo debe crear así? Pues el Congreso, no el Ejecutivo".
Cuando fue creado el instituto en 2009, la gobernadora Ivonne Ortega indicó, en los "considerandos" del decreto, que se requiere transitar "de una cultura de la corrupción a una cultura de la legalidad, la transparencia y la honestidad".- Angel Noh Estrada
Tema: Exclusivas Central 9
En contexto:
Corrupción | Detalles
El Instituto Estatal de Combate a la Corrupción tiene sus oficinas en el estacionamiento interior de Plaza Cristal.
Medios de denuncia
Esta oficina sólo actúa cuando recibe una denuncia. Los medios para denunciar son:
1) Por escrito, en la oficina sede o en alguno de los 50 buzones instalados en dependencias.
2) Por comparecencia del querellante en la oficina sede, donde se levanta un escrito.
3) Por correo electrónico a denuncia.inecco@yucatan.gob.mx
4) En la página de internet yucatan.gob.mx/Juguemos limpio
No hay independencia
Esta oficina no es autónoma ni emite resoluciones. Turna los casos a la Contraloría General del Estado, que le debe informar sobre la investigación.
El Instituto Estatal de Combate a la Corrupción tiene sus oficinas en el estacionamiento interior de Plaza Cristal.
Medios de denuncia
Esta oficina sólo actúa cuando recibe una denuncia. Los medios para denunciar son:
1) Por escrito, en la oficina sede o en alguno de los 50 buzones instalados en dependencias.
2) Por comparecencia del querellante en la oficina sede, donde se levanta un escrito.
3) Por correo electrónico a denuncia.inecco@yucatan.gob.mx
4) En la página de internet yucatan.gob.mx/Juguemos limpio
No hay independencia
Esta oficina no es autónoma ni emite resoluciones. Turna los casos a la Contraloría General del Estado, que le debe informar sobre la investigación.
"No va a pasar nada, nada"
No preocupan a un subsecretario las acusaciones Publicada: 4 octubre 2011
No preocupan a un subsecretario las acusaciones Publicada: 4 octubre 2011
Es común que funcionarios acusados sean vistos con más frecuencia con la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco después de hacerse públicas las denuncias. En la imagen, ambos a la izquierda, están el subsecretario Marco Antonio González Canto y el secretario Francisco Torres Rivas, en un recorrido de entrega de obras (1)
(1)El jueves pasado, en un restaurante del norte de la ciudad, el subsecretario de Gobierno Marco Antonio González Canto se acercó al ex diputado Orlando Pérez Moguel y, palabras más, palabras menos, le dijo:
"No te guíes de esos documentos, son falsos".
Y después, con una actitud de confianza, añadió: "No va a pasar nada, nada".
El subsecretario de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos se refería a los documentos con que los regidores meridanos Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab, bajo la asesoría de Pérez Moguel, interpusieron sendas denuncias en la Contraloría y la Fiscalía generales del Estado contra González Canto por la facturación de más de $71 millones al gobierno estatal por servicios de su empresa camionera Urbanos de Mérida.
De esa facturación, hasta abril de este año ya se habían pagado $52 millones, de acuerdo con documentos oficiales.Por ley, Marco Antonio González no puede ser simultáneamente funcionario y proveedor del Poder Ejecutivo. Sólo esa condición es suficiente para destituirlo, como pidieron los regidores en sus denuncias.Pérez Moguel relató ayer el incidente en el restaurante cuando se le solicitaron datos sobre los trámites que se han realizado en las denuncias en que ha intervenido en los últimos meses, por actos de corrupción y tráfico de influencias atribuidos a funcionarios del Ejecutivo y del Ayuntamiento de Mérida.
Su respuesta fue: "Nada, nada se ha hecho. Tampoco me han notificado, ni a mí ni a los regidores".
El caso de González Canto le llama mucho la atención porque en el breve intercambio de palabras del jueves el funcionario afirmó que la documentación es falsa, cuando se trata de copias oficiales entregadas por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (Unaipe).
"Esa actitud de prepotencia y soberbia es la misma que muestran todos los funcionarios que ya han sido señalados por sus actos de corrupción, como el secretario de Fomento Agropecuario y Pesquero, Alejandro Menéndez Bojórquez; el coordinador general de Comunicación Social del Ejecutivo, Jesús Rivero Covarrubias; el ex oficial mayor Luis Hevia Jiménez, ahora presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y el secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez", subrayó el ex diputado panista.
"Todos ellos siguen jactándose de sus actividades, sin pudor alguno. Se sienten protegidos" por el gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida, la Fiscalía General y, por si fuera poco, hasta por el Poder Judicial del Estado.Pérez Moguel añadió que no descansarán en la exigencia de que se aplique la ley a todos los funcionarios que han transgredido la ley, "por habernos robado a los meridanos y a todos los yucatecos"."Exigimos que se acabe la impunidad a que nos ha llevado la actual administración estatal y municipal", enfatizó.- A.N.E.
Tema: Exclusivas Central 9
En contexto:
Para entender una denuncia de corrupción | Tres puntos
1 Pagos de $52 millones, pero se facturaron $71 millones.
Documentos oficiales
Según documentos del propio gobierno, la empresa de Marco Antonio González Canto prestó servicios por los cuales facturó más de $71 millones. Hasta abril le habían pagado $52 millones
2 No puede ser proveedor y funcionario del gobierno.
Disposiciones legales
De entrada, González Canto viola disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Ese hecho amerita su inmediata destitución del cargo público.
3 Caso en manos de las autoridades, pero frenado.
Ninguna diligencia
Dos regidores promovieron denuncias del caso ante la Contraloría y la Fiscalía del Estado, pero dicen que nada les han notificado y tampoco se han hecho diligencias.
1 Pagos de $52 millones, pero se facturaron $71 millones.
Documentos oficiales
Según documentos del propio gobierno, la empresa de Marco Antonio González Canto prestó servicios por los cuales facturó más de $71 millones. Hasta abril le habían pagado $52 millones
2 No puede ser proveedor y funcionario del gobierno.
Disposiciones legales
De entrada, González Canto viola disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Ese hecho amerita su inmediata destitución del cargo público.
3 Caso en manos de las autoridades, pero frenado.
Ninguna diligencia
Dos regidores promovieron denuncias del caso ante la Contraloría y la Fiscalía del Estado, pero dicen que nada les han notificado y tampoco se han hecho diligencias.
"No voy a decir nada"
El tesorero estatal se niega a hablar de sus propiedades Publicada: 4 octubre 2011
El tesorero estatal se niega a hablar de sus propiedades Publicada: 4 octubre 2011
Terreno en Chabihau perteneciente a Juan Ricalde Ramírez, secretario de Hacienda del gobierno del Estado (1)
(1)El secretario de Hacienda del gobierno del Estado, Juan Gabriel Ricalde Ramírez, no aceptó hablar del caso de sus propiedades, tema que cobró interés público al divulgarse que recibió un terreno en "donación" del Ayuntamiento de Yobaín, cuando legalmente está impedido para aceptarlo.
El funcionario asistió en representación de la gobernadora Ivonne Ortega a la Facultad de Contaduría de la Uady para inaugurar la 4ª. Semana Nacional de Educación Financiera. En su mensaje, incurrió en dos imprecisiones que generaron risas entre los estudiantes que lo escuchaban.
El tesorero dijo en la inauguración "estas mañanas" en lugar de "esta mañana" y "ante la presencia de la gobernadora" en lugar de "en representación".
Al concluir el acto, salió sonriente y de prisa del auditorio y cuando vio que lo esperaba nuestro reportero se detuvo un momento y lo saludó.
-Secretario, ¿me permite una entrevista?. ¿Qué puede comentar del terreno de Chabihau y sus propiedades...?
-"Nada. No voy a decir nada", respondió Ricalde Ramírez, a quien se le borró la sonrisa, se le enrojeció el rostro y apuró el paso para salir de la Facultad. De lejos y en plena caminata señaló: "De finanzas, lo que quieras..."
El tesorero se había caracterizado por ser atento con los reporteros y generalmente no evadía ningún tema. Sin embargo, ayer sí se negó a hablar del caso de sus propiedades y del juicio político que el regidor Kirbey Herrera Chab y el ex diputado Orlando Pérez Moguel promovieron en su contra en el Congreso.
Los denunciantes afirman que el juicio debe proceder, pues está debidamente sustentado y el propio tesorero admitió que sí recibió el terreno de Chabihau
.
