Noticias de Yucatán
(asesinato, impunidad, policía, manipulación, estupidez)
(asesinato, impunidad, policía, manipulación, estupidez)
Exigen que se investigue a fondo el homicidio de Cervera Peraza
Publicada: 11 febrero 2012
Publicada: 11 febrero 2012
El policía Daniel Viana Uc tras las rejas, ayer poco antes de recuperar su libertad, en el caso del empresario Alvaro Oswaldo Cervera Peraza 
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Con base en un análisis jurídico de ocho normas locales, nacionales e incluso internacionales, el Colegio de Abogados de Yucatán concluye que el ataque de la policía que privó de la vida al empresario Alvaro Oswaldo Cervera Peraza apunta a un homicidio y advierte que en este hecho hay más responsables que el agente inculpado.
El cuerpo colegiado, uno de los de mayor prestigio en Yucatán, pide una investigación exhaustiva que explique de manera lógica los hechos y permita la aplicación de la ley, con sanciones y responsabilidades a los autores hasta sus últimas consecuencias.
Frente al argumento oficial de que se trata de un "exceso en el cumplimiento de un deber", el Colegio de Abogados cuestiona el alegato, ya que el artículo 21, fracción VI del Código Penal del Estado de Yucatán dice que una acción de ese tipo sólo se puede hacer "siempre que exista la necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho y que este último no se realice con el sólo propósito de perjudicar a otro". Es decir, debió haber una causa justificada para dispararle al empresario yucateco, quien no estaba armado ni atentó contra los policías.
El cuerpo colegiado, uno de los de mayor prestigio en Yucatán, pide una investigación exhaustiva que explique de manera lógica los hechos y permita la aplicación de la ley, con sanciones y responsabilidades a los autores hasta sus últimas consecuencias.
Frente al argumento oficial de que se trata de un "exceso en el cumplimiento de un deber", el Colegio de Abogados cuestiona el alegato, ya que el artículo 21, fracción VI del Código Penal del Estado de Yucatán dice que una acción de ese tipo sólo se puede hacer "siempre que exista la necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho y que este último no se realice con el sólo propósito de perjudicar a otro". Es decir, debió haber una causa justificada para dispararle al empresario yucateco, quien no estaba armado ni atentó contra los policías.
Libre el policía acusado
Daniel Viana Uc insiste en que no mató al empresario
Publicada: 11 febrero 2012
Daniel Viana Uc insiste en que no mató al empresario
Publicada: 11 febrero 2012
El abogado José Luis Montalvo Alcocer deposita la fianza de Viana Uc (2)
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Una semana después de que fue trasladado al penal meridano, Daniel Viana Uc, agente de la policía del gobierno del Estado, recuperó su libertad al pagar su defensa la fianza de $191,000 por la muerte de Oswaldo Cervera Peraza.
Ese beneficio se lo concedió el Juzgado 4o. Penal, tribunal que forma parte del Poder Judicial del Estado.
El juzgado consideró que el disparo que hizo Viana Uc, que acabó con la vida del empresario Cervera Peraza, fue un "exceso en el cumplimiento de un deber".
Sin embargo, de acuerdo con investigaciones de Megamedia, hay numerosas dudas y contradicciones en el caso.
El expediente está en manos de ese juzgado y sólo tienen acceso a él la defensa y la Fiscalía. Los familiares del occiso no han solicitado la coadyuvancia para poder consultar el expediente.
A raíz de la muerte, la SSP envió al Ministerio Público a 13 policías, pero la Fiscalía General consignó sólo a Viana Uc y a los demás los dejó libres, "con las reservas de ley".
Los 13 agentes participaron en la etapa final de una supuesta persecución, es decir, hubo alguna coparticipación, pero no fueron acusados.
La Fiscalía General consignó el caso el viernes de la semana pasada a ese juzgado pidiendo que se someta a juicio a Viana Uc por "homicidio calificado", sin derecho a una fianza.
A pesar de las agravantes que rodean el caso, el Juzgado 4o. consideró que no hubo dolo, sino un "exceso" en las labores policíacas.
Se fijaron $191,000 de fianza a Viana Uc, quien asegura que él no disparó el arma homicida, pero que la dejó en el asiento trasero de la patrulla que utilizaba.
Ayer, el defensor José Luis Montalvo Alcocer depositó en efectivo la cantidad fijada. Eran fajos de billetes de distintas denominaciones, principalmente de $50.
Luego, ese juzgado llamó a la rejilla metálica a Viana Uc, a quien informó de las fechas que debe acudir a ese tribunal para registrarse. También de los requisitos para seguir en libertad el juicio. El detenido permaneció cabizbajo, no levantó la mirada.No respondió a una pregunta y su defensa anticipó que "en su momento" ampliará sus declaraciones.
Ese beneficio se lo concedió el Juzgado 4o. Penal, tribunal que forma parte del Poder Judicial del Estado.
El juzgado consideró que el disparo que hizo Viana Uc, que acabó con la vida del empresario Cervera Peraza, fue un "exceso en el cumplimiento de un deber".
Sin embargo, de acuerdo con investigaciones de Megamedia, hay numerosas dudas y contradicciones en el caso.
El expediente está en manos de ese juzgado y sólo tienen acceso a él la defensa y la Fiscalía. Los familiares del occiso no han solicitado la coadyuvancia para poder consultar el expediente.
A raíz de la muerte, la SSP envió al Ministerio Público a 13 policías, pero la Fiscalía General consignó sólo a Viana Uc y a los demás los dejó libres, "con las reservas de ley".
Los 13 agentes participaron en la etapa final de una supuesta persecución, es decir, hubo alguna coparticipación, pero no fueron acusados.
La Fiscalía General consignó el caso el viernes de la semana pasada a ese juzgado pidiendo que se someta a juicio a Viana Uc por "homicidio calificado", sin derecho a una fianza.
A pesar de las agravantes que rodean el caso, el Juzgado 4o. consideró que no hubo dolo, sino un "exceso" en las labores policíacas.
Se fijaron $191,000 de fianza a Viana Uc, quien asegura que él no disparó el arma homicida, pero que la dejó en el asiento trasero de la patrulla que utilizaba.
Ayer, el defensor José Luis Montalvo Alcocer depositó en efectivo la cantidad fijada. Eran fajos de billetes de distintas denominaciones, principalmente de $50.
Luego, ese juzgado llamó a la rejilla metálica a Viana Uc, a quien informó de las fechas que debe acudir a ese tribunal para registrarse. También de los requisitos para seguir en libertad el juicio. El detenido permaneció cabizbajo, no levantó la mirada.No respondió a una pregunta y su defensa anticipó que "en su momento" ampliará sus declaraciones.
Piden investigar a fondo
La policía estatal violó siete leyes, dicen los abogados
Publicada: 11 febrero 2012
La policía estatal violó siete leyes, dicen los abogados
Publicada: 11 febrero 2012
Ignacio Puerto Gutiérrez, presidente del Colegio de Abogados (1)
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A la luz de los hechos conocidos, que incluye la versión de la autoridades estatales, el Colegio de Abogados de Yucatán advierte que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) habría violado siete normas al haber ultimado al empresario Álvaro Oswaldo Cervera Peraza, ya que el asunto apunta a un homicidio y a un caso de abuso de autoridad.
En medio de las contradicciones y dudas que han aflorado en la muerte del empresario, el cuerpo colegiado señala que las corporaciones de seguridad pública deben velar por la vida e integridad física de las personas en tránsito y los agentes de la policía deben conducirse con dedicación, disciplina, apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos de los ciudadanos.
Ese organismo pide que se realice una investigación a fondo y se sancione a los responsables de los hechos .
El Colegio de Abogados confronta la acción de la policía con las siguientes siete normas: la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU; la Constitución Federal, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y el Código Penal del Estado de Yucatán.
Por medio de su presidente, Ignacio Puerto Gutiérrez, el cuerpo colegiado cita las siguientes conclusiones:
1.- De los hechos conocidos públicamente se concluye que existe la posibilidad de la comisión de un homicidio de parte de quien hubiere accionado el arma que quitó la vida al conductor. Existe la posibilidad de que también pudiera ser responsable quien ordenó la operación que desembocó en tales hechos.
2.- La posibilidad de determinar la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad radica en la consideración de la racionalidad del medio empleado para el cumplimiento del deber que dio lugar a los hechos.
3.- Resulta contrario a los derechos humanos básicos que por un hecho meramente de tránsito resulte muerto por disparo de algún agente de vialidad un ciudadano que conduce un vehículo por el Estado en un procedimiento cuyo objetivo era su detención por infracciones al Reglamento.
4.- También atenta a los derechos humanos que al día de hoy la ciudadanía no cuente con una explicación coherente de lo ocurrido: el por qué del procedimiento utilizado, del número de agentes y patrullas involucrados, la desproporcionalidad de la fuerza empleada, si el empleo de ésta fue estrictamente necesaria o si existió oportunidad de emplear medio alternos...
5.- La ciudadanía tiene derecho a saber si se cuenta con manuales de procedimientos policíacos eficaces, si éstos se aplican y si se entrena y clasifica a los agentes...
6.- La autoridad debe infomar con claridad los procedimientos que está siguiendo para aplicar sanciones.
7.- Se requiere una investigación exhaustiva...
8.- Es indispensable la capacitación permanente de los cuerpos policíacos, ya que la SSP ocupa el primer lugar en quejas según los informes de la Codhey
.
En medio de las contradicciones y dudas que han aflorado en la muerte del empresario, el cuerpo colegiado señala que las corporaciones de seguridad pública deben velar por la vida e integridad física de las personas en tránsito y los agentes de la policía deben conducirse con dedicación, disciplina, apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos de los ciudadanos.
Ese organismo pide que se realice una investigación a fondo y se sancione a los responsables de los hechos .
El Colegio de Abogados confronta la acción de la policía con las siguientes siete normas: la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU; la Constitución Federal, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán y el Código Penal del Estado de Yucatán.
Por medio de su presidente, Ignacio Puerto Gutiérrez, el cuerpo colegiado cita las siguientes conclusiones:
1.- De los hechos conocidos públicamente se concluye que existe la posibilidad de la comisión de un homicidio de parte de quien hubiere accionado el arma que quitó la vida al conductor. Existe la posibilidad de que también pudiera ser responsable quien ordenó la operación que desembocó en tales hechos.
2.- La posibilidad de determinar la existencia de una causal de exclusión de responsabilidad radica en la consideración de la racionalidad del medio empleado para el cumplimiento del deber que dio lugar a los hechos.
3.- Resulta contrario a los derechos humanos básicos que por un hecho meramente de tránsito resulte muerto por disparo de algún agente de vialidad un ciudadano que conduce un vehículo por el Estado en un procedimiento cuyo objetivo era su detención por infracciones al Reglamento.
4.- También atenta a los derechos humanos que al día de hoy la ciudadanía no cuente con una explicación coherente de lo ocurrido: el por qué del procedimiento utilizado, del número de agentes y patrullas involucrados, la desproporcionalidad de la fuerza empleada, si el empleo de ésta fue estrictamente necesaria o si existió oportunidad de emplear medio alternos...
5.- La ciudadanía tiene derecho a saber si se cuenta con manuales de procedimientos policíacos eficaces, si éstos se aplican y si se entrena y clasifica a los agentes...
6.- La autoridad debe infomar con claridad los procedimientos que está siguiendo para aplicar sanciones.
7.- Se requiere una investigación exhaustiva...
8.- Es indispensable la capacitación permanente de los cuerpos policíacos, ya que la SSP ocupa el primer lugar en quejas según los informes de la Codhey
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