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Balance judicial de la represión a manifestantes en la "Glorieta de la Paz"
Balance judicial de la represión a manifestantes en la "Glorieta de la Paz"
Publicada: Miércoles, 4 de julio de 2012 3:00 am | Exclusivas Central 9
Un año después de la violencia en la “Glorieta de la Paz”, el balance en el aspecto judicial es de 25 denuncias en la Fiscalía General del Estado y una en la Procuraduría General de la República (PGR), 10 órdenes de aprehensión giradas -una de ellas del ámbito federal- y cero personas detenidas.
El proceso en la PGR corresponde a una denuncia que interpuso la senadora Beatriz Zavala Peniche contra Juan Carlos Herrera Chalé, alias “Calín”, y Mariel Flota Alcocer, empleado del Ayuntamiento de Mérida, señalados como cabecillas de los porros que agredieron a manifestantes que se pronunciaron contra la construcción del “paso deprimido”.
La delegación de la PGR obtuvo de un juez federal, el 10 de febrero, la orden de aprehensión contra “Calín”. Ese mismo día circularon versiones de que se arrestó al acusado, pero lo cierto es que nunca se ejecutó la disposición.
Herrera Chalé fue denunciado también por otras personas en la Fiscalía del Estado.
De acuerdo con información de esta dependencia, se presentaron 25 denuncias relacionadas con los hechos del “paso deprimido”, pero sólo ocho dieron pie a siete expedientes -se acreditó cuerpo del delito y probable responsabilidad- que se integraron en menos de un mes.
En las 17 denuncias restantes, dice la Fiscalía, no hubo interés de los denunciantes en aportar mayores datos a pesar de las invitaciones que les formuló la Policía Ministerial, que incluso los visitó en los domicilios señalados en los expedientes.
“Además, el Ministerio Público les ha notificado que coadyuven aportando pruebas. No lo han hecho”, afirman las autoridades.
Los expedientes turnados a los juzgados penales derivaron en nueve órdenes de aprehensión para siete personas y cuatro órdenes de comparecencia ante el juez.
Dos de esas siete personas tenían a dos órdenes de arresto cada una.
Las denuncias, en todos los casos, fueron por lesiones y ataques peligrosos
“Calín” fue de los primeros en enfrentarse a las órdenes de aprehensión, pero tramitó un amparo, se presentó a declarar y solicitó y obtuvo la libertad bajo fianza. Se enfrenta a denuncias que recayeron en el Juzgado 6o. Penal.
Su hermana María Teresa también figura entre los acusados y, al igual que Juan Carlos, se presentó a declarar en los juzgados con el respaldo de un amparo.
Otros acusados contra quienes se giraron órdenes de detención o de comparecencia son los hermanos Marco Antonio y Mariel Flota Alcocer, y Diego y Pablo de la Rosa Rodríguez. Siguieron la estrategia de gestionar amparos para presentarse a declarar ante el juez.
También se giraron órdenes judiciales contra el empresario Juan Carlos Cámara Díaz, a quien María Elena Chan Carrillo y Jennie Idelma Souza Mézquita acusaron de atropellarlas con su camioneta y causarles lesiones; Felipe Díaz Novelo (a) “Café Tacuba”, Ramón Bacilio Pat Canul, Manuel Che y Carmen Campos.
Sociedad ignorada
La sociedad meridana se manifestó desde el principio contra la construcción del paso deprimido, pero no fue escuchada.
En una reacción pocas veces vista, varios sectores de la sociedad se manifestaron públicamente contra la construcción del “paso deprimido”. En juntas vecinales, foros, ruedas de prensa, eventos académicos, escritos, volantes, publicaciones en las redes sociales de internet, plantones bajo la lluvia y otras actividades más se pidió que no se hiciera.
Sociedad ignorada
La sociedad meridana se manifestó desde el principio contra la construcción del paso deprimido, pero no fue escuchada.
Publicada: Miércoles, 4 de julio de 2012 3:00 am | Mérida
En una reacción pocas veces vista, varios sectores de la sociedad se manifestaron públicamente contra la construcción del “paso deprimido”. En juntas vecinales, foros, ruedas de prensa, eventos académicos, escritos, volantes, publicaciones en las redes sociales de internet, plantones bajo la lluvia y otras actividades más se pidió que no se hiciera.
La gente colocó cintas y carteles en los árboles de la glorieta de la colonia México, repartió volantes y pintó en sus prendas leyendas sobre esa lucha. También se recurrió a la ley: se pidió mediante los organismos de transparencia datos técnicos del proyecto. No hubo respuesta.
Estudiantes de arquitectura acudieron a exponer su opinión ante los regidores, en una reunión del Cabildo. La alcaldesa Angélica Araujo dijo que las quejas eran aisladas y con trasfondo político, y la gobernadora Ivonne Ortega apoyó el proyecto.
Agrupaciones empresariales también se manifestaron en contra. Coparmex, Canacome, Canirac, Canaives, Canapat y Mujeres Empresarias lo hicieron públicamente. Sólo la Canadevi y CMIC apoyaron el plan.
También se opusieron el Colegio Yucateco de Arquitectos, la Fundación Plan Estratégico, la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, la representación local del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la Asociación Yucateca de Arquitectos Diseñadores Urbanos, Sociedad en Movimiento y Mérida Verde, así como académicos y estudiantes de universidades públicas y privadas.
Entre los argumentos contra la obra están que no se justificaba, pues no había conflicto vial, el túnel no era la mejor solución y se carecía de estudios serios que avalaran el proyecto.
Durante la violenta represión ocurrida el 4 de julio se vio a funcionarios en ese lugar, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Felipe Saidén Ojeda; el oficial mayor de la Comuna, Gaspar Quintal Parra; Julián Colonia, jefe de prensa, Humberto Evia Jiménez, regidor; Daniel Granja Ricalde, regidor; Elizabeth Vargas Aguilar, síndico, así como Antonio Duarte Briceño y Emilio Barrera Jure, directores de Obras Públicas y de Servicios Públicos Municipales, respectivamente.
También la senadora Beatriz Zavala y los diputados Magaly Cruz, José Collado y Tito Sánchez, los últimos del PAN. La presencia de estos últimos y de otros militantes panistas hizo que autoridades atribuyeran ese movimiento a los panistas, pero testigos de los hechos lo desmintieron dando su testimonio al respecto.
Durante la obra se inconformaron comerciantes de los alrededores, parte de ellos cerraron sus puertas y otros recortaron horario y personal por la caída de sus ventas. El Ayuntamiento no cumplió su promesa de indemnizarlos, sólo envió algunas despensas para los empleados de esas negociaciones.
Después de la represión del 4 de julio hubo marchas de protesta sobre el Paseo de Montejo, también una manifestación en La Plancha -1,500 personas formaron con sus cuerpos la palabra “Justicia”- y otra más denominada Cadena de las Glorietas que abarcó desde Paseo de Montejo hasta el monumento a Gonzalo Guerrero.
Además, 24 agrupaciones cívicas convocaron a la población a lograr juntos mejores gobiernos que procuren el desarrollo integral de todos. También surgió el grupo Actúa por Yucatán, y 110 empresarios publicaron un manifiesto donde invitaban a sumarse para devolver el poder público a la sociedad.
