Noticias de Yucatán
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Una nueva investigación sobre los gastos de los gobiernos estatales confirma que durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco se utilizaron en forma opaca cuantiosos recursos económicos destinados a publicidad oficial.
El análisis de esos desvíos indica que un medio utilizado para cometerlos fue recurrir aempresas fantasma y prestanombres.
El reporte corrobora también el crecimiento excesivo que tuvo ese gasto, por medio de la Dirección de Comunicación Social, durante la administración de la ahora secretaria general del PRI.
El estudio, que se dio a conocer en días pasados, se denomina “El costo de la legitimidad. El uso de la publicidad oficial en las entidades federativas”.
Un estudio revela gastos opacos del anterior gobierno
Sus autoras son Ana Cristina Ruelas Serna y Justine Depuy, apoyadas de cuatro colaboradores.
El proyecto fue coordinado por dos agrupaciones: Artículo 9 y Fundar Centro de Análisis e Investigación A.C., con el apoyo de la organización de derechos humanos Open Society Justice Initiative.
El trabajo se hizo recurriendo a la ley sobre transparencia y pidiendo a todos los gobiernos estatales información sobre el dinero destinado a publicidad oficial.
La conclusión es que esas autoridades ejercen recursos millonarios por concepto de publicidad oficial. Lo hacen en forma opaca y con alto nivel de discrecionalidad, llegando al extremo de la arbitrariedad en forma injustificada. Y son gastos que tienden a crecer cada año.
-Estos recursos asignados sin reglas claras afectan el paisaje mediático en los estados e influyen directamente en un factor fundamental de la vida democrática del país: la libertad de prensa -indica el trabajo.
También se menciona que los periódicos locales hablaron de prestanombres y empresas fantasmas. Se corroboró que en Puebla el desglose de ese gasto oficial arrojó una lista importante de personas físicas que recibieron dinero sin tener lazos aparentes con los medios de difusión de esa entidad. “El mismo caso se reproduce en Yucatán”, agrega el reporte.
Las investigadoras deploran que a pesar de que la transparencia y el acceso a la información sirvieron para evidenciar estas malas prácticas, no existe ningún tipo de investigación o sanciones que se deriven de esas evidencias.-
Para que el ejercicio del poder se transforme en un ejercicio de calidad de los recursos públicos es imprescindible que los abusos no solo se detecten sino también que se sancionen.Y se preguntan qué hacen los diputados locales para monitorear el ejercicio del presupuesto en publicidad oficial o cómo las contraloría estatales fiscalizan ese gasto.
El estudio reconoce que el gobierno de Yucatán fue uno de los que obtuvieron calificación alta (cuatro, en una escala del uno al cinco) en cuanto a proporcionar datos, pero las respuestas se dieron fuera del tiempo legal. Esto mismo se observó en Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. Se añade que esa práctica de retardar la entrega de información empeoró cuando se interpusieron recursos de revisión ante los organismos de transparencia a fin de que estos obligaran a las autoridades a entregar el material.Otros obstáculos con los que se toparon fueron de tipo técnico, institucional e incluso político.
Y en las copias que obtuvieron de los contratos observaron que ninguno de estos señala el concepto o campaña que ampara el gasto asignado al medio de difusión respectivo.
La investigación confirma el aumento desmedido que tuvo el gasto de publicidad oficial durante el gobierno de Ivonne Ortega. Se indica que en 2007 el presupuesto anual asignado a ese rubro fue de $53.8 millones, pero en 2008 se disparó a $176.6 millones, un alza superior a 200%.
En 2009 llegó a $189.3 millones, en 2010 dio otro gran salto a $219.7 millones y en 2011 subió a $249 millones.Se aclara que para facilitar la comprensión de las cifras estas se actualizaron a 2013.Los $249 millones gastados por el gobierno de Yucatán en 2011 supera en mucho a los $187.2 millones que destinó al mismo fin el gobierno de Campeche, y es todavía más elevado si se le compra con los $81.7 millones reportados en ese rubro por las autoridades de Quintana Roo.-Hansel Vargas Aguilar
Estudio | Trabas
Las investigadoras dicen que los gobiernos pusieron trabas a la obtención de datos.
Alta calificación
El estudio admite que el gobierno de Yucatán fue de los que obtuvieron calificación alta (4, en una escala del uno al 5) en cuanto a proporcionar datos.
Fuera de tiempo
Sin embargo, las respuestas se dieron fuera del tiempo legal.
Empeoró
Esa práctica de retardar la entrega de información empeoró cuando se interpusieron recursos de revisión.
