Noticias de Yucatán
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró graves irregularidades en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, entre 2007 y 2012, exactamente en el mismo periodo en que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán declaró “limpias” las cuentas de la ex mandataria.
Las anomalías detectadas por la ASF significan un desvío de $1,123 millones de recursos federales, por lo menos, equivalentes al 7% de una muestra de $16,000 millones seleccionada por la Auditoría, según documentos oficiales en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
De acuerdo con esa información, hay la presunción de que el gobierno de Ivonne Ortega, actual secretaria general del PRI, también habría desviado una cantidad similar o mayor que, sin embargo, devolvió a la Federación antes de la integración final de las auditorías de la ASF.
Freno a la impunidad
Estas anomalías, detectadas a pesar del número reducido de auditorías, hubieran quedado impunes si no fuese por la intervención de ese organismo.
La Auditoría Superior es un órgano de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión, que revisa la aplicación de recursos federales en todos los niveles de gobierno, inclusive entre particulares. Está facultada para fincar responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones.
Observaciones
De 2007 a 2012, la ASF revisó el manejo de los recursos federales enviados al gobierno yucateco a través de once fondos, lo que se tradujo en 396 acciones y observaciones. De éstas, 55 corresponden a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal, otras 55 a observaciones que implican la sanción a servidores públicos por el incumplimiento de disposiciones normativas y dos observaciones más relacionadas con presuntos actos de evasión fiscal.
La ASF emitió además cinco solicitudes de aclaración -una acción excepcional de la Auditoría- en las que pidió al gobierno de Yucatán documentos para aclarar operaciones irregulares o gastos sin justificación o comprobación.
Asimismo, la ASF anotó otras 546 anomalías en la gestión de Ivonne Ortega, consideradas como “solventadas”; es decir, aclaradas antes de la elaboración del informe final de las auditorías.
Muchas de estas acciones “solventadas” incluyen la devolución a la Federación de cientos de millones de pesos, aunque la ASF no informa el monto total.
Denuncia penal
Además, en ese mismo periodo, por primera vez en la historia de Yucatán, la ASF denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República a nueve ex alcaldes del PRI acusados de malversación de fondos federales en la construcción de pozos de absorción, en 2011.
En la lista de los denunciados aparece el actual diputado local Gonzalo Escalante Alcocer, ex alcalde de Valladolid.
Entre las irregularidades detectadas en el gobierno de Ivonne Ortega, de acuerdo con los informes de la ASF, figuran la erogación de recursos federales etiquetados para acciones de educación, salud, seguridad pública, etcétera, en gastos de operación de dependencias del gobierno estatal, pagos de asesorías, viáticos, compra de alimentos y muebles, y en sueldos de empleados no considerados en los programas de los fondos federales.
“Aviadores”
También se descubrieron irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, así como en la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos.
Igualmente, faltas de transparencia en la gestión de los fondos, anomalías en las cuentas bancarias, insuficiencias en la contabilidad y pagos ilegales a comisionados sindicales y a empleados que cobraban sin trabajar.
Primer círculo
Entre los responsables de estas anomalías figuran varios integrantes del primer círcu- lo de Ivonne, como su hermana Guadalupe Ortega Pacheco, actual diputada federal y ex presidenta del DIF, a quien la ASF obligó a devolver $41.7 millones a la Federación en 2007 y 2009, por irregularidades en el manejo de los recursos.
Los desvíos, en la familia
Entre los funcionarios del gobierno de Ivonne Ortega responsables del mal manejo de recursos detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) figuran, además de su hermana, el médico personal de la ex gobernadora, Álvaro Quijano Vivas, titular de los Servicios de Salud en su gestión.
Quijano fue responsable del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y del Seguro Popular, donde la ASF registró irregularidades de $380 millones, por lo menos.
En la lista de los beneficiados del desvío de recursos aparece igualmente el secretario del sindicato de trabajadores de esa dependencia, Álvar Rubio Rodríguez, primo de Ivonne y principal promotor de la “ola roja”, quien gastó dinero federal destinado a la atención médica en sus labores gremiales.
Contraste
El reporte de las anomalías detectadas por la ASF en el gobierno de Ivonne Ortega contrasta con el informe entregado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (Asey) al Congreso el mes pasado, correspondiente a las cuentas de 2011 y 2012 de la ex gobernadora, que reacibieron el dictamen de “limpias”. Ya antes el Congreso había aprobado las cuentas de los años anteriores del gobierno de Ivonne Ortega.
Diputados “ivonnistas”
La aprobación de las polémicas cuentas de 2011 y 2012 del gobierno de Ivonne corrió a cargo de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, compuesta por nueve legisladores, dos del PAN, que votaron en contra; uno del PRD, Bayardo Ojeda Marrufo; uno del PVEM, Harry Rodríguez Botello Fierro, y cinco del PRI: Luis Hevia Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso y oficial mayor en el gobierno de Ivonne Ortega; Dafne López Martínez, director del Registro Civil y del DIF en esa misma administración, y el propio Alvar Rubio Rodríguez, primo de Ivonne, además de Luis Echeverría Navarro y Leandra Moguel Lizama.
El escándalo del PRD
En el caso del voto favorable del PRD, considerado un escándalo en círculos de la oposición -también aprobó las cuentas de Tekax-, se es- pecula que éste tendría que ver con la participación de familiares de un dirigente de ese partido en el tráfico de facturas falsas en el gobierno de Ivonne Ortega, como lo denunció Central 9.
Las anomalías detectadas por la ASF significan un desvío de $1,123 millones de recursos federales, por lo menos, equivalentes al 7% de una muestra de $16,000 millones seleccionada por la Auditoría, según documentos oficiales en poder de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
De acuerdo con esa información, hay la presunción de que el gobierno de Ortega Pacheco, actual secretaria general del PRI, también habría desviado una cantidad similar o mayor, que devolvió a la Federación, sin embargo, antes de la integración final de las auditorías de la ASF.
Estas anomalías, detectadas a pesar del número reducido de auditorías, hubieran quedado impunes si no fuese por la intervención de ese organismo.
Entre 2007 y 2012, la ASF revisó el manejo de los recursos federales enviados al gobierno yucateco a través de once fondos, lo que se tradujo en 396 acciones y observaciones. De éstas, 55 corresponden a presuntos daños o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, otras 55 a observaciones que implican la sanción a servidores públicos por el incumplimiento de disposiciones normativas y dos observaciones más relacionadas con presuntos actos de evasión fiscal.
La ASF reprueba a Ivonne
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró graves irregularidades en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, entre 2007 y 2012, exactamente en el mismo periodo en que la Auditoría Superior del Estado de Yucatán declaró “limpias” las cuentas de la ex mandataria.
Evasión fiscal
La Auditoría Superior es un órgano de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión, que revisa la aplicación de recursos federales en todos los niveles de gobierno, inclusive entre particulares. Está facultada para fincar responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones.
La ASF emitió además cinco solicitudes de aclaración -una acción excepcional de la Auditoría – en las que pidió al gobierno de Yucatán documentos para aclarar operaciones irregulares o gastos sin justificación o comprobación.
Asimismo, la ASF anotó otras 546 anomalías en la gestión de Ivonne Ortega, consideradas como “solventadas”, es decir, aclaradas antes de la elaboración del informe final de las auditorías.
Muchas de estas acciones “solventadas” incluyen la devolución a la Federación de cientos de millones de pesos, aunque la ASF no informa el monto total.
Además, en ese mismo periodo, por primera vez en la historia de Yucatán, la ASF denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República a nueve ex alcaldes del PRI acusados de malversación de fondos federales en la construcción de pozos de absorción, en 2011.
En la lista de los denunciados aparece el actual diputado local Gonzalo Escalante Alcocer, ex alcalde de Valladolid.
Entre las irregularidades detectadas en el gobierno de Ivonne Ortega, de acuerdo con los informes de la ASF, figuran la erogación de recursos federales etiquetados para acciones de educación, salud, etcétera, en gastos de operación de dependencias del gobierno estatal, pagos de asesorías, viáticos, compra de alimentos y muebles y en sueldos de empleados no considerados en los programas de los fondos federales.
También se descubrieron irregularidades administrativas en las licitaciones y en los contratos de adquisiciones, así como en la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos. Igualmente, faltas de transparencia en la gestión de los fondos, anomalías en las cuentas bancarias, insuficiencias en la contabilidad y pagos ilegales a comisionados sindicales y a “aviadores”.
Allegados
Entre los responsables de estas anomalías figuran varios miembros del primer círculo de Ivonne, como su hermana Guadalupe Ortega Pacheco, actual diputada federal y ex presidenta del DIF, a quien la ASF obligó a devolver $41.7 millones a la Federación en 2007, por irregularidades en el manejo de los recursos.
También está Álvaro Quijano Vivas, médico personal de la ex gobernadora y secretario de Salud en su gestión -responsable del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y del Seguro Popular- donde la ASF registró irregularidades por casi $380 millones, por lo menos, así como el secretario del sindicato de trabajadores de esa dependencia, Alvar Rubio Rodríguez, primo de Ivonne, quien gastó en labores sindicales dinero federal destinado a la atención médica.
El reporte de las anomalías detectadas por la ASF en el gobierno de Ivonne Ortega contrasta con el informe entregado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), al Congreso el mes pasado, correspondiente a las cuentas de la ex gobernadora de 2011 y 2012, que recibieron el dictamen de “limpias”. Ya antes el Congreso había aprobado las cuentas de los años anteriores del gobierno de Ortega.Continuará.-HERNAN CASARES CAMARA
Aprobación, entre cuates
Diputados “ivonnistas”
La aprobación de las polémicas cuentas de 2011 y 2012 del gobierno de Yvonne Ortega Pacheco corrió a cargo de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia, integrada por nueve legisladores, dos del PAN, que votaron en contra; uno del PRD, Bayardo Ojeda Marrufo; uno del PVEM, Harry Rodríguez Botello Fierro; y cinco del PRI: Luis Hevia Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso y oficial mayor en el gobierno de Ortega Pacheco; Dafne López Martínez, director del Registro Civil y del DIF en esa misma administración y el propio Alvar Rubio Rodríguez, primo de Ivonne; además de Luis Echeverría Navarro y Leandra Moguel Lizama.
El escándalo del PRD
En el caso del voto favorable del PRD, considerado un escándalo en círculos de la oposición, se especula que éste tendría que ver con la participación de familiares de un dirigente de ese partido en el tráfico de facturas falsas en el gobierno de Ortega, como lo denunció Central 9.
