Noticias de Yucatán
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Manejo político de las cuentas
La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), el organismo del Congreso supuestamente autónomo, encargado de revisar las cuentas públicas de los tres niveles de gobierno, se ha convertido en una instancia ineficaz, no ha logrado frenar la corrupción, principalmente porque su responsable, René Márquez Arcila, está estrechamente ligado al grupo en el poder, concluye una averiguación de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia.
Márquez Arcila es ahijado político de Jorge Carlos Berlín Montero, quien lo nombró contador mayor de Hacienda y luego, al cambiar la ley, auditor superior del Estado, cuando fue presidente de la Gran Comisión del Congreso de 2007 a 2010. Posteriormente, Berlín fue oficial mayor en 2011 y 2012, en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
La familia
René Márquez es, además, primo hermano de Nerio Torres Arcila, actual secretario de Desarrollo Social y director del Isstey en la administración pasada, así como correligionario, en la política estudiantil de la Uady hace veinte años, de Carlos González Caamal, el influyente funcionario del gobierno de la señora Ortega Pacheco señalado como operador de una extensa red de desvío de recursos públicos mediante facturas de empresas fantasmas.
De acuerdo con las investigaciones de Central 9 -hoy publicamos el primer texto de una serie sobre el tema-, al inicio de la década de los noventas Márquez Arcila, Nerio y González Caamal integraron un grupo de dirigentes estudiantiles muy cercanos al entonces rector de la Uady, Carlos Pasos Novelo, quien hoy, coincidentemente, es el director general de la Agencia de Administración Fiscal, la dependencia encargada de cobrar las multas y los recursos que desvían los funcionarios, detectados por las auditorías de la ASEY.
Documentos oficiales de esa dependencia y de su antecesora, la Contaduría Mayor de Hacienda, en poder de Central 9, demuestran que en varias de las auditorías realizadas por esos organismos en ayuntamientos del interior del Estado, sospechosos de desviar recursos, aparecen decenas de facturas de varias empresas fantasmas, perfectamente identificables como tales, algunas incluso vinculadas a las que habrían manejado el grupo de González Caamal desde el gobierno del Estado. Empero, aunque aparentemente la ASEY interpuso denuncias ante las autoridades fiscales y penales en contra de los responsables de esos desvíos y de esas facturas, éstos permanecen aún impunes.
Otro factor que explica la ineficacia de la ASEY es su propia estructura jurídica. El organismo fue creado en 2008 para sustituir a la Contaduría Mayor de Hacienda, mediante una ley redactada por la mayoría priista del Congreso, a cargo de Berlín Montero -la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública-, la cual obliga a la Auditoría Superior a informar de los resultados de sus revisiones sólo al Congreso y no a los ciudadanos a través de internet, como ocurre en el resto del país.
Además, esta ley resta capacidad jurídica a la ASEY para perseguir y castigar a los funcionarios acusados de desvío de recursos y no garantiza su autonomía del Congreso.
Operación limpieza
Todas estas circunstancias, de acuerdo con las investigaciones, ocasionaron que la ASEY dictamine como positivas las cuentas públicas de los gobiernos de Ivonne Ortega -del que Berlín Montero, como ya dijimos, fue oficial mayor- y de la ex alcaldesa de Mérida Angélica Araujo Lara, sobre las que habían innumerables sospechas de desvíos.
Como hemos publicado, la mayoría priista en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior en el Congreso, dirigida por Luis Hevia Jiménez -también oficial mayor en el gobierno de Ivonne Ortega, pero entre 2007 y 2010-, aprobó los dictámenes de la ASEY sobre las cuentas de la ex gobernadora y la ex alcaldesa correspondientes a 2011 y 2012, en un trámite fast track. Márquez Arcila también dictaminó como “limpias” las cuentas del Isstey, cuando su primo Nerio Torres manejó ese instituto, y sobre las que había, igualmente, muchos indicios de irregularidades.- HERNAN CASARES CAMARA
Fechas claves
El auditor superior, René Márquez Arcila, revisa las cuentas públicas de Yucatán desde hace siete años.
2007
La mayoría priista en el Congreso del Estado designa a Márquez Arcila como contador mayor de Hacienda.
2008
Los diputados locales aprueban la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública, que crea la Auditoría Superior del Estado.
2010
El Congreso estatal designa a Márquez Arcila como primer titular de la Auditoría Superior del Estado, para un período de siete años.
2011
El Congreso emite el decreto 381, con el cual autoriza a la ASEY a denunciar penalmente a diez ex alcaldes por desvío de recursos.
2014
Legisladores dan por bueno el dictamen de “limpias” que la ASEY les presentó respecto de las cuentas del gobierno anterior.
Así como desde el inicio de su actuación en la revisión de las cuentas públicas, en 2007, el auditor superior del Estado, René Márquez Arcila, por un lado dictaminó como positivas y “limpias” las cuentas de la ex gobernadora Ivonne Ortega y de la ex alcaldesa Angélica Araujo Lara, por el otro, notificó al Congreso la no aprobación de las cuentas de más de 40 ayuntamientos, lo que representa el desvío de cientos de millones de pesos, que hasta ahora no se recuperan ni se procede en contra de los responsables.
Hay indicios para creer que una vez que el Congreso decreta la no aprobación de las cuentas de alguna entidad y ordena a la ASEY proceder de acuerdo con lo que marca la ley para recuperar el dinero, las oficinas de Márquez Arcila dejan de seguir el caso, salvo alguna indicación política en contrario.
Balanza
En 2009, por ejemplo, ante las continuas quejas de la población sobre el escandaloso manejo de las finanzas públicas del alcalde priista de Tizimín, José Luis Peniche Bates (2007-2010), el pleno del Congreso del Estado ordenó revisar las cuentas de ese ayuntamiento a la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, pero también, para equilibrar, las del alcalde panista de Mérida César Bojórquez.
En febrero de 2011, el Congreso emitió el decreto 381 en el que anuncia la no aprobación de las cuentas públicas de Tizimín de julio a diciembre de 2007 y de todo 2008 y 2009. También las de Mérida correspondientes a julio-diciembre de 2008, así como las de otros ocho ayuntamientos.
En ese decreto, el Congreso ordenó a la ASEY, entre otras cosas, denunciar ante las autoridades fiscales y judiciales a los responsables de esos desvíos, pero no pasó nada.
Fue hasta mayo de 2011 cuando ante al aumento de las críticas de los regidores panistas a la gestión de Angélica Araujo Lara, por el asunto de las luminarias, el paso deprimido, el concierto de Shakira, etcétera, Márquez Arcila -obedeciendo probablemente indicaciones de la mayoría priista en el Congreso- reabrió la auditoría realizada al gobierno de Bojórquez Zapata tres años atrás y citó a declarar al presidente municipal y a otros ex funcionarios.
La decisión de la ASEY no prosperó por falta de fundamentos legales, pero desde ese momento llamó la atención el comportamiento anómalo del auditor: por un lado cita a declarar a Bojórquez Zapata y por otro olvida totalmente a Peniche Bates, señalado por la propia Contaduría Mayor de Hacienda (antecesora de la ASEY) por el desvío de $64.1 millones, como consta en el reporte de ese organismo sobre las “observaciones no solventadas del H. Ayuntamiento de Tizimín 2007-2010″, en poder de este periódico.
Impunidad
Peniche Bates, responsable de uno de los desvíos de recursos públicos más escandaloso de los últimos años en el interior de Yucatán, no ha sido molestado por la ASEY ni por otra autoridad. Incluso, reabrió su consultorio médico en Tizimín, que había cerrado al terminar su gestión, cuando cientos de vecinos enfurecidos lo despidieron con huevos y piedras (Continuará).-
“Fantasmas” | Varias pistas sobre estos casos
Aunque las autoridades tienen a mano las pruebas, los desvíos siguen impunes.
Decreto
De acuerdo con el decreto 381 emitido por el Congreso del Estado en 2011, la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) y su sucesora, la ASEY, debieron denunciar penalmente a los diez ayuntamientos citados en ese decreto, incluyendo al ex presidente municipal de Tizimín, José Luis Peniche Bates, por el desvío de $64.1 millones de recursos públicos.
“Estamos trabajando”
Hace unas semanas, voceros de la Fiscalía General del Estado declararon al Diario que tenían alrededor de 30 denuncias penales contra ex alcaldes presentadas por la ASEY, pero que todas estaban aún en la etapa de integración de los expedientes.
Falsos proveedores
En el caso de Peniche Bates llama la atención el atraso en la averiguación, no sólo por el monto del desvío reclamado por la CMH, sino porque en la revisión del expediente producto de la auditoría, en poder de Central 9, aparecen decenas de facturas de proveedores “fantasmas”, algunos de ellos muy conocidos por la Fiscalía.
Es el caso, por ejemplo, del falso proveedor Ricardo Alberto Falcón Vera, quien entregó al Ayuntamiento de Peniche Bates cuantiosas facturas por el aparente “suministro y colocación de motores y bombas sumergibles de 5 caballos de fuerza, con arrancador”.
Currículum
Falcón Vera, técnico en Contabilidad, es el mismo que ahora purga una condena de 40 años de prisión, acusado por la propia Fiscalía de violar y asesinar a una niña de siete años en la colonia Nueva San José Tecoh, en Mérida, en abril de 2013, y cuyo oficio, según testimonios de sus vecinos, era el de “tirador de drogas”.
