El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), José Enrique Goff Ailloud, informó que las revisiones se realizan cada año, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para evaluar las condiciones de los centros de internamiento a fin de garantizar la seguridad y el respeto por la dignidad humana de los reclusos.
Explicó que como cada año, se aplicó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que es una herramienta que permite medir las condiciones dentro de los centros a través de visitas y recorridos de supervisión.
Como parte de las acciones, se realizaron entrevistas directas con los directores de los Centros de Reinserción, con los responsables de las áreas técnicas, el personal de seguridad y custodia y fundamentalmente con los internos, siempre con un enfoque de respeto a los Derechos Humanos.
El Ombudsman recordó que, de acuerdo al último diagnóstico de la CNDH, la calificación promedio nacional de los Ceresos fue de 6.02, y en Yucatán los cuatro centros de internamiento alcanzaron un promedio de 6.00 puntos, lo que colocó a la entidad en el lugar 18 de 32 estados.
Remarcó que en cada supervisión hay un área de oportunidad para mejorar las condiciones en los penales, a fin de lograr el objetivo de la reinserción de los internos en la sociedad.
Goff Ailloud detalló que la supervisión penitenciaria se clasifica en cinco rubros, el primero son aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, es decir puntos como capacidad de alojamiento y población existente, distribución y separación de internos en caso de centros mixtos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, prevención y atención de incidentes violentos, entre otros.
Otro punto a calificar es la estancia digna, donde se verifica la existencia de instalaciones suficientes, la capacidad de las mismas, condiciones materiales y de higiene, así como la alimentación.
Asimismo, se evalúan las condiciones de gobernabilidad, respecto a la normatividad que rige al Centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, actividades no permitidas, entre otras.
Se evalúa la reinserción social del interno, tomando en cuenta la integración del expediente jurídico-técnico, clasificación criminológica, separación entre procesados y sentenciados, las actividades del Consejo Técnico Interdisciplinario, actividades laborales, de capacitación para el trabajo, educativas y deportivas, beneficios de libertad anticipada y vinculación del interno con la sociedad.
Por último, se supervisa la atención a los grupos de internos con requerimientos específicos como mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, e internos con adicciones.
Los resultados de la supervisión serán presentados por la CNDH cuando finalice la revisión de los centros de todo el país.
