De acuerdo con el expediente DDHPO/943/(01)OAX/2016, se establece que las uniformadas J. S. G. y G. B. M. fueron desnudadas, tocadas en sus partes íntimas y auscultadas por autoridades de Santa Lucía del Camino.
En el documento se señala como presuntos responsables al regidor de Hacienda, Jorge Alberto Gamiño García; al director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad y a la policía primera encargada de vialidad del municipio, Flor de María Peralta.
En el relato de los hechos, las afectadas refieren que el pasado 16 de abril, fueron asignadas al operativo de alcoholimetría, estando en funciones, marcaron el alto a un vehículo modelo Atos para proceder con el protocolo de rutina.
El conductor se identificó como chofer del regidor de Hacienda de Santa Lucía del Camino, Jorge Alberto Gamiño García, quien ocupaba el lugar del copiloto, ambos con aliento alcohólico, por lo que se negó a entregar documentos. Las mujeres policía refirieron que por orden de sus jefes, a todo funcionario que sea detenido en estado inconveniente únicamente les hagan “recomendaciones”, las cuales procedieron a hacer.
Tras librar el retén, los funcionarios se dirigieron a la sede de la policíaca de Santa Lucía del Camino, donde argumentaron que habían sido extorsionadas por dos policías. Ante la queja, el director de Seguridad Pública municipal dio la instrucción de detener y revisar a las dos agentes viales.
Según precisan las uniformadas, fueron detenidas en el lugar del operativo, las pusieron contra una pared, las revisaron sometiéndolas a tocamientos en todo el cuerpo, y las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y billeteras, sin encontrar el dinero que buscaban.
Posteriormente fueron trasladadas a a las oficinas del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino. Una vez allí, les ordenaron desvestirse completamente, y ya desnudas, les ordenaron hacer sentadillas. Posteriormente las regresaron a donde se encontraban realizando el alcoholímetro.
La quejosa G. B. M. refirió que en esa ubicación el comandante Pedro Francisco Cruz les pidió entregar el dinero, argumentando que aún podía hacer algo para que no las corrieran o, si no, que solicitaran su baja voluntaria antes de que procedieran contra ellas, “porque se iban a manchar sus documentos”.
Las quejosas respondieron que no habían tomado dinero alguno. Aun así, en la corporación las obligaron a firmar dos hojas que sólo contenían sus nombres completos, por lo que temen que usen en su contra esas hojas firmadas, por lo que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares a favor de dos mujeres policías.
