Denuncia: Funcionario estatal intentó "quebrar" con dinero a esposa de taxista asesinado

06 julio 2016
Hace unos días salió a la luz pública la información sobre Alberto, un joven “martillo” o conductor de taxi de 30 años de edad, que durante sus actividades laborales nocturnas fue asesinado en octubre del 2015.
De acuerdo a Martín Méndez  Vargas, abogado de la familia del infortunado joven esta situación de alto impacto para la sociedad, derivó de un riesgo de trabajo pues se encontraba proporcionando servicios de transportación como lo era su actividad cuando es abordado por 3 sujetos desconocidos quienes lo privaron de la vida.
Cabe indicar que hasta la fecha no hay ningún detenido pero la familia del taxista ha sido objeto de presiones por parte de la propietaria de la unidad en la que trabajaba Alberto, con la finalidad de que la viuda retire una demanda interpuesta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por cuestiones de trámites de una pensión de viudez y la correspondiente indemnización para sus tres hijos menores que quedaron en desamparo.
La propietaria de la unidad nunca inscribió al joven martillo ante el IMSS y en la actualidad, a pesar de ser su obligación, se ha negado en todo momento a responder  a la familia. Y lo más significativo del caso es que la dueña de dicha concesión resultó ser la señora Silvia Irene Correa Mendoza, esposa de Diego Vadillo Lora, quien hasta hace unos días se desempeñaba como Secretario Particular del gobernador Rolando Zapata Bello y cuñada de Sergio Martin Vadillo Lora, Jefe  del Despacho del mismo.
El hermano de la viuda Julio Lezama Pérez, asegura que quien acudió al hogar de la familia de Javier a ofrecer 15 mil pesos como indemnización de su muerte fue el propio Sergio Vadillo Lora según relata:
“Una mañana vimos que un automóvil de color blanco se estacionó aquí en la puerta de nuestro hogar cuyo conductor descendió preguntando por Karina Lezama y nos extrañó que solicitara informes sobre catálogos de zapatos pues mi hermana no tiene nada que ver con ello”- apuntó Julio Lezama
“Debido al temor que tenemos por la situación que se está viviendo por lo sucedido con mi  cuñado y hermana, les dijimos que no vivía ahí. Pero al caer la tarde aproximadamente a las 18 horas, de nueva cuenta se estacionó el mismo coche blanco y en esta ocasión descendió una persona que se identificó como Sergio Vadillo quien preguntó directamente por mi hermana”. prosiguió.
“La razón de la visita era ofrecer como arreglo la cantidad de 30 mil pesos, de los cuales según comenta Julio- el propio Sergio Vadillo aseguró que a él sólo le correspondía aportar la mitad y la otra cantidad que la consideráramos como un acuerdo adicional a lo cual nos negamos.”
Al enterarse Silvia Lezama y su esposo Sergio Vadillo Lora de la demanda interpuesta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, deciden poner en venta su concesión bajo el precio de 830 mil pesos y a través de una tercera persona.
Sin embargo, para ilustrar dicho anuncio en facebook, colocaron una foto de la unidad con el cuerpo sin vida de Alberto a bordo de la misma lo cual ha indignado profundamente a su familia.
El abogado de la familia señaló que la señora Karina se abocó a cobrar las liquidaciones pendientes por el trabajo de Alberto, inclusive la del día en que Alberto fue asesinado, cosa que no ocurrió lo que considera una falta de sensibilidad y calidad humana pues demuestran no entender la situación por la que atraviesa esta familia.
De acuerdo a indagaciones, hay más políticos involucrados quienes obtuvieron concesiones para la operación de los llamados taxis independientes a través de prestanombres. Otro hecho destacable es que la autoridad correspondiente exige a los propietarios contar con un seguro de cobertura amplia pero no con uno de vida como debió ocurrir con Alberto.
De acuerdo al licenciado Martín Méndez Vargas, esta situación es una clara muestra de cómo las autoridades toleran que los concesionarios adquieran pólizas de seguro a sus conveniencia y que no satisfacen las demandas de quejosos como en este caso. Este hecho no es considerado como de tránsito sino derivado de un hecho ilícito como lo es un homicidio y es por ello que la seguradora no puede responder pues esto no está considerado entre las cláusulas de contratación.
“La pregunta que cabe hacernos aquí es que habría pasado si el asesinado hubiese sido un pasajero que utilizaba el servicio. Simplemente la aseguradora respondería que no está obligada a cubrir ninguna cantidad, puesto que no hay ninguna indemnización contratada por la pérdida de una vida, lo cual proporcionaría mucha más seguridad a los clientes de los taxis”- señaló Méndez Vargas
“Estoy seguro que son muy pocas las unidades que cuentan con un seguro amplio sobre todo de vida, porque quieren pagar lo menos posible por sus pólizas y todo esto con la anuencia de las autoridades que deben estar muy pendientes de la calidad con la que se presta este servicio”. finalizó el abogado de la familia Lezama.
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