En un vídeo que circula en Internet se pone en evidencia la manera tan arcaica en que operan agentes policiacos vestidos de civil, supuestamente como parte del programa estrella de seguridad de Rolando Zapata Bello, denominado Escudo Yucatán, violentando toda clase de derechos mínimos de las personas y más aún evidencian las mentiras.
Según se publica en una página denominada Infolliteras, entre las irregularidades se mencionan detenciones sin orden de aprehensión, allanamientos de morada, amenazas, lesiones, retención ilegal e incomunicación y sustracción de equipos de cómputo.
Se trata de la detención por demás arbitraria y mentirosa de quienes están involucrados en el caso de “Crecicuentas” en Yucatán, como consecuencia de presiones políticas días antes del tercer informe de, Rolando Zapata Bello, para desactivar posibles protestas de las llamadas “Abuelas de la Plaza Grande”, las que tienen más de un año con sus plantones cada sábado frente a Palacio de Gobierno.
En el caso de la quiebra de la Caja de Ahorros Crecicuentas cientos de ahorradores, de pensionados yucatecos, se quedaron sin su patrimonio en 2012. Se ha hablado de un quebranto millonario a familias yucatecas, que oscila entre los 500 y 800 millones de pesos, aunque cifras más reservadas hablan de 50 millones.
En un vídeo de una cámara de seguridad, que circular por la Internet, y que, según se informa, es parte del expediente 073/2016 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), se muestra cómo un grupo de sujetos encapuchados irrumpen en una oficina, golpean y someten a una mujer, amagan con armas a otras personas y, finalmente, salen del predio con un detenido y computadoras, todo sin mostrar orden alguna de detención o cateo.
Los sujetos iban con los rostros cubiertos, con las armas desenfundadas, y sometieron al personal que se encontraba en esa oficina con violencia, incluyendo a mujeres.
Así actuaron los elementos policíacos el pasado 11 de enero de 2016, cuando en una operación coordinada por el actual titular de la Secretaría General de Gobierno del Yucatán, Roberto Rodríguez Asaf, detuvieron –alrededor de las 18:00 horas- a Miguel Ángel Argaez López.
Previamente, ese mismo día por la mañana, se cometieron otra serie de irregularidades durante la aprehensión de Claudia Rubí y Jorge Alberto Argaez López, así como en la detención de la madre de ellos tres, Lina Rubí de Guadalupe López Conrado.
Las mentiras del “parte oficial” ¿Cuántos más habrá así todos los días?
El jefe del grupo de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Israel López Pech, asegura en su parte informativo, con fecha 28 de enero de 2016, que estaban a bordo de la camioneta oficial matrícula YR-07757 en la calle 17 entre 38 y 40 de la colonia San Damián, donde se encontraba Miguel Ángel Argaez, y alrededor de las 18:35 horas el ahora detenido salió del predio.
“Al momento de acercarnos a él –sostiene el policía ministerial en documento- me identifico como Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Investigadora del Estado, a lo que el mencionado Argáez López, empieza a correr para evitar ser detenido y al correr cae, por lo que el suscrito, así como mi compañero Agente de la Policía Ministerial Investigadora Felipe Alpuche Canul, lo alcanzamos”.
Y añade: “pero el mencionado Miguel Argaez, en forma agresiva comienza a golpear a mi compañero, con el fin de impedir su detención por lo que el que suscribe solicita apoyo vía radio a la central de radios (sic) de la Policía Ministerial, indicándole que contaba con una orden de Reaprehensión en su contra, pero éste de manera agresiva continúa resistiéndose a la detención, pasado un rato y luego de forcejear es que logramos controlarlo”.
La verdad de los hechos se muestra en el vídeo
Lo cierto, es que la detención ocurrió con el allanamiento del predio ubicado en San Damián que se muestra en el vídeo. Los policías, en realidad, nunca se percataron que estaban siendo grabados por una cámara de seguridad ubicada en una esquina de la habitación principal.
Incluso, en la secuencia del vídeo donde se les ve bajar del segundo piso con Miguel Argaez ya sometido, puede observarse que las lesiones del detenido concuerdan con lo reportado en el parte médico de la propia FGE, que también forma parte del expediente.
Documentos oficiales revelan que ese día de enero, uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se presentaron al domicilio de Lina Rubí López Conrado, madre de los Argaez López, donde vecinos del rumbo reportaron al número de emergencia un movimiento inusual de sujetos armados y un secuestro.
En el parte de la SSP sobre ese hecho ocurrido alrededor de las 10:00 horas, se informa que se trababa de elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Yucatán que cumplían un arresto. Sin embargo, la orden de aprehensión, fue otorgada hasta pasadas las 15:00 horas del 11 de enero de 2016. Por lo que la detención habría violentado el debido proceso, según el nuevo sistema de justicia que se ha implantado en Yucatán.
De esa manera, los policías ministeriales retuvieron por más de cinco horas a la mujer, mientras que su hija Claudia Rubí y su hijo Jorge Alberto, fueron detenidos en otros puntos de la ciudad a las 9:00 horas y los “pasearon” por diversos rumbos de Mérida hasta las 17:00 horas, cuando los presentaron al Ministerio Público.
A diferencia de otros casos similares que se han denunciado por este tipo de actuaciones de las autoridades policiales y judiciales en Yucatán, esta vez todo el proceder irregular se encuentra documentado y tiene ramificaciones con implicaciones políticas.
Las acusaciones
En febrero de 2013 se presentó una serie de denuncias contra los ahora detenidos por un presunto fraude en “Crecicuentas”, instancia normada por la Ley General de Sociedades Cooperativas y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Así, la FGE abrió más de 210 carpetas de investigación contra los hermanos Argaez López.
El 3 de noviembre de 2014, al agotarse las primeras indagatorias, la propia Fiscalía de Yucatán se declaró incompetente y turnó los casos a la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que a nivel estatal es improcedente cualquier delito por tratarse de un asunto federal, conforme lo establece el acta número 01/000299/2013 y de la Dirección de Averiguaciones Previas de la FGE.
No obstante, el juez Sexto Penal en el estado, Manuel de Jesús Soberanis Ramírez, obsequió una orden de aprehensión por otra de las tantas investigaciones abiertas en el caso Crecicuentas. Ante ello, los indiciados recurrieron a un juicio de Amparo, que les otorgó la protección de la justicia federal, pues no se habían acreditado los delitos que les señalaban.
Pese a ello, y ante la insistencia de mantenerse en su decisión de consignarlos en el penal, en cinco ocasiones el Juzgado de Distrito requirió a Soberanis Ramírez para que justificase su decisión, lo cual nunca hizo. Al hacerse notoria la consigna bajo la cual actuaba, y ya en pleno proceso electoral, el Consejo de la Judicatura de Yucatán determinó suspenderlo de sus funciones por seis meses, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2015.
Aunque las vías legales se estaban siguiendo, la presión en medios de comunicación empezó a incrementarse con las manifestaciones periódicas de las llamadas “Abuelas de la Plaza Grande”, un grupo de personas que tenían sus inversiones en “Crecicuentas” y exigían la restitución de su dinero, como señalamos.
Justo en plena campaña política en 2015, cuando contendían por una diputación la ex fiscal Celia Rivas Rodríguez, y el ex secretario general del gobierno, Víctor Caballero Durán, se incrementaron las protestas e, incluso, Ruz Morales -acompañada del senador del PAN Daniel Ávila Ruiz- y a nombre de las personas que afirman haber sido afectadas por “Crecicuentas”, promovió la cancelación de las candidaturas de esos políticos priistas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC). La resolución del proceso sancionador UTCE/SE/SO/015/2015 emitida por ese organismo, indica que las acusaciones fueron improcedentes.
Ese componente político fue el que derivó en el operativo policiaco evidenciado en el vídeo que tuvo lugar el pasado 11 de enero de 2016, mismo que fue coordinado, según sus propias declaraciones, por el actual titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf. Así, el domingo 17 de enero de este año durante el tercer informe de Rolando Zapata Bello, se destacó la detención de la familia Argaez López como un logro y éxito de las autoridades locales.
Confabulación y presiones políticas
El caso de la sociedad de ahorro “Crecicuentas” ha sido utilizado con fines políticos debido, en parte, a la presión en medios que han realizado las llamadas “Abuelas de la Plaza Grande”.
En ese contexto se explica la forma en la que se llevaron a cabo las detenciones de los hermanos Jorge y Miguel Argaez López, al igual que la de su hermana Claudia y su madre, estas últimas aprisionadas para obligar a una declaración de culpabilidad de los varones, según argumenta en un escrito de su puño y letra el propio Miguel Ángel.
“El gobierno le mintió deliberadamente a su ciudadanos, ya que desde 2013 informamos a las autoridades que un grupo de agiotistas, en contubernio con empleados desleales de Crecicuentas, imposibilitaron la operación de la empresa. En un reunión ese año, planearon acusarnos de fraude y presionar moralmente involucrando al entonces secretario general de gobierno, Víctor Caballero Durán”, asegura Miguel Argaez.
En otro vídeo se observa cómo a finales de 2012 se orquestó una estrategia de “pánico financiero”, a fin de desestabilizar a “Crecicuentas”. En las imágenes, puede apreciarse que se instiga a los ahorradores a retirar de golpe todo el dinero, cuestión que se encuentra restringida por el artículo 65bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Debido a que se empezaron a dar retiros masivos en las diferentes sucursales de la sociedad de ahorro, tuvieron que acogerse a la Ley y, de esa forma, pactar una serie de pagos diferidos conforme se recuperase la cartera vencida y entrasen a remate los bienes embargados de socios morosos. Sin embargo, al desatarse la controversia y las presiones mediáticas, la operación de “Crecicuentas” se tuvo que suspender.
“Los agiotistas que están presionando al gobierno, lo han hecho de tres maneras: primero, cuadruplicaron el número de afectados y los montos reclamados; segundo, expusieron vínculos de Víctor Caballero con ‘Crecicuentas’; y, tercero, amenazaron al gobierno con trabajar a favor de otro partido político”, añade el escrito autógrafo.
Detrás de este segundo video, en el que se fragua la desestabilización de “Crecicuentas”, se encuentran los hermanos José Luis y Eustacio Rodríguez Fuentes, así como el ex empleado de esa sociedad de ahorro Wilberth Luna Martín, además de Ruz Morales y Berzunza Escaroz de Pérez, ésta última, prestamista de oficio.
En el caso “Crecicuentas”, los medios de comunicación han difundido una serie de cifras estratosféricas sobre el dinero que se encuentra involucrado y la cantidad de personas que reclaman sus ahorros. Los números van de 200 a 800 millones de pesos, mientras que los supuestos afectados lo mismo son 500 que mil 500 personas.
Lo cierto, según estados de cuenta y balances financieros obtenidos para esta investigación, es que el monto total del reclamo es del orden de los 58 millones de pesos. De los cuales, constan en actas de los diferentes procesos mercantiles, ya se han solventado más de 30 millones de pesos, por lo que restaría la restitución de 28 millones de pesos.
